Es increíble que las restricciones y vetos que se autoimpone el Gobierno de Bachelet por razones ideológicas lleven a proponer una reforma previsional que causará un daño grave a las pensiones a futuro, afectando además al mercado de capitales y la economía en un año horrible, para apenas mejorar un poco las actuales pensiones a costa de un impuesto al trabajo. Todo por un mezquino objetivo político de obtener algún crédito para este Gobierno. El ministro de Hacienda no ha sido capaz de mirar más allá del 10 de marzo de 2018.
Publicado el 30.03.2017
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El Gobierno de Michelle Bachelet estudia una reforma al sistema de pensiones y, como suele ocurrirle, por el camino que parece haber elegido no logrará los objetivos que pretende.

Es razonable aumentar el monto de las pensiones en curso y el instrumento más eficiente para hacerlo es destinar más recursos al pilar solidario. Pero el Gobierno no tiene plata, porque la ha comprometido, entre otras cosas, para  la reforma educacional y la gastará en dar gratuidad a más alumnos de educación superior, en comprar colegios a sostenedores privados para que no haya lucro y en reemplazar los 500 millones de dólares al año que aportaban las familias de estudiantes de colegios particulares subvencionados, a quienes hoy se les prohíbe hacer ese aporte.

¿De adonde sacar la plata, entonces? Utilizando parte de la cotización de 5% adicional que se aprobaría en esta reforma de pensiones. Esa es una manera ineficiente de financiarla. Atenta directamente contra el empleo y las remuneraciones de los chilenos. Lo dicen los expertos, lo dice el Banco Mundial, lo dice la OCDE. Pero para el ministro Rodrigo Valdés la necesidad tiene cara de hereje. Un Gobierno que hubiese manejado seriamente los recursos fiscales debiera financiar este incremento con rentas generales de la nación, pero el actual saca las castañas con la mano del gato.

Cualquiera sea el porcentaje que se destine a aumentar pensiones —sean las actuales, las de las mujeres o incluso lo que han llamado solidaridad intrageneracional, todos objetivos que se llevan algunos puntos porcentuales del nuevo 5%—, lo cierto es que queda menos disponible para lograr el verdadero objetivo que debiera tener toda reforma: aumentar el ahorro de las personas de manera que en su vejez puedan acceder a una mejor jubilación.

La llamada solidaridad intergeneracional para financiar las actuales pensiones con recursos de los trabajadores significa introducir el reparto en el sistema, en el peor momento. En efecto, si en 1980 había siete chilenos activos por cada uno pasivo, hoy hay sólo cinco trabajadores activos y en 2050 habrá apenas dos por cada pasivo. Los cambios demográficos en nuestro país condenan al sistema de reparto a una quiebra segura. De hecho, un reciente estudio (1) ha calculado que el costo fiscal de sostener un régimen de reparto anualmente llegaría a un 13% del PIB, o sea más de todo el gasto fiscal en salud y educación.

En resumen, la mitad de la cotización adicional, o algo así, sería expropiada a los trabajadores para cumplir obligaciones que el Fisco no es capaz de asumir por la deficiente administración económica del Gobierno de Bachelet.

En relación al resto, sea 2,5 o sea 3%, lo que quede para aumentar realmente las pensiones a través de mayor ahorro, el Gobierno se encuentra ahora con otra dificultad. Esta vez no se trata de una restricción de recursos, sino de un veto ideológico: “ni un peso más para las AFP”, así lo ha graficado la ministra del Trabajo en la única intervención que se le conoce en este tema, donde además dijo que el sistema estaba quebrado, una afirmación ideológicamente falsa. El resultado de este veto es muy estúpido, porque las AFP son quienes podrían administrar este porcentaje adicional de cotización que va a las cuentas personales (no individuales, ahí otra trampa del ministro que explicaré después) de la manera más conveniente para los trabajadores, sin cobrar comisión por ello. Esto último lo harían las AFP no porque son buenas personas, sino simplemente porque el diseño actual del sistema es así: las administradoras cobran un porcentaje del sueldo, no del aporte, de modo que tendrían que administrarlos sin cobrar nuevas comisiones. Con ello, paradojalmente, se cumpliría la clarividente afirmación de la ministra Krauss: ni un peso más para las AFP.

Pero es tal el veto ideológico de este Gobierno, tanta la insensatez, que el ministro Valdés está dispuesto a dejar plata sobre la mesa —plata que no le sobra, según hemos visto— con tal de que las AFP no administren el ahorro adicional. Está dispuesto a que los chilenos paguemos más por la administración de los fondos, que es lo que ocurriría si otro administrador, ya sea privado o estatal, es el encargado de gestionar los fondos.

Por último, sería aceptable que cada afiliado decidiera quién administra sus fondos. La trampa de “cuentas personales”, en vez de cuentas individuales, como es ahora, es para expropiar al afiliado y sus descendientes de la herencia, que quedaría para un fondo común, un poco de platita más para el ministro Valdés.

Es increíble que las restricciones y vetos que se autoimpone el Gobierno de Bachelet por razones ideológicas lleven a proponer una reforma previsional que causará un daño grave a las pensiones a futuro, afectando además al mercado de capitales y la economía en un año horrible, para apenas mejorar un poco las actuales pensiones a costa de un impuesto al trabajo. Todo por un mezquino objetivo político de obtener algún crédito para este Gobierno. El ministro de Hacienda no ha sido capaz de mirar más allá del 10 de marzo de 2018.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

(1) Mónica Titze y Carlos Díaz, el Mercurio 25 de marzo de 2017

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDIZ/AGENCIAUNO

 

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