Si lo que verdaderamente busca esta reforma es mejorar las pensiones de los más vulnerables, entonces esto ocurrirá a costa de un incremento en la tasa de informalidad del trabajo y esto, paradojalmente, es una de las principales causas de la desigualdad social en el mundo.
Publicado el 29.08.2016
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En ausencia de un proyecto oficial, el debate público se centra -hasta ahora- en cuánto del 5% de cotización adicional que pretende imponer el Gobierno irá a subsidiar a terceros a través de un pago estatal para incremento de pensiones.

Más allá de la retórica propia de los ideólogos de la propuesta gubernamental, todo parece encaminado a que una parte mayor de esa cotización adicional sea un subsidio cruzado desde trabajadores activos a pensionados, en otras palabras, un puro y simple impuesto al trabajo. En este sentido, muchos en la discusión previsional parecieran querer ignorar este punto, para centrarse en la interrogante de qué es lo realmente justo de hacer con ese 5%. Un punto válido desde la óptica de la justicia social, pero que ignora completamente que los incentivos sí importan y que financiar nuevos beneficios sociales con una reforma así de agresiva en lo laboral tendrá efectos profundos, negativos y no deseados sobre el mercado del trabajo.

Desde 2014, la economía chilena ha experimentado una profunda y prolongada desaceleración, cuyo impacto mayor se refleja en una fuerte contracción de componentes del gasto asociados a la inversión física, pero, hasta ahora, con moderado efecto sobre la ocupación. En este sentido, con el PIB expandiéndose a una tasa menor que el empleo, la productividad media del trabajo parece ir rápidamente a la baja, fenómeno consistente con un período de menor demanda laboral en que las empresas ajustan sus planes de inversión para hacer frente a un negativo shock de origen externo, por la caída de los precios de productos básicos, amplificado por los efectos de una reforma tributaria mal concebida, que terminó castigando a la inversión. De esta forma, y a pesar de que aún pagamos los costos de un ajuste forzoso y algo inducido, el Gobierno parece querer redoblar su apuesta con una nueva reforma que ahora se encamina a distorsionar los incentivos al trabajo, en particular los del empleo formal.

En efecto, la teoría económica predice de manera indesmentible que, frente a un alza del impuesto al trabajo, los trabajadores ajustarán su oferta laboral en uno de muchos márgenes, incluida la decisión de buscar, aceptar y retener empleos en el mercado formal. La reforma busca financiar beneficios para unos, pero con cobros a otros, obviamente con un objetivo redistributivo. Al desconectar al receptor de los beneficios del Estado con quien -en la práctica- los financia, la consecuencia natural es reducir el incentivo a permanecer en el “injusto” esquema que obliga a pagar por lo que otros reciben. Los defensores de la iniciativa gubernamental podrán argumentar que estos efectos no existen porque éste es un impuesto que no se llama impuesto, sino que “cotización solidaria” o porque, incluso, si es percibido como un nuevo gravamen, su efecto será inexistente al suponer que la oferta de trabajo es completamente inelástica; de manera similar a como muchas veces se justificó el “nulo” impacto del incremento del impuesto de primera categoría sobre la inversión. Lamentablemente, ese argumento no es más que un artilugio ad-hoc que, al igual como ocurrió con la discusión tributaria, no parece estar avalado por la evidencia y nos encamina a observar un deterioro estructural, ahora en lo laboral.

Por cierto, el problema de fondo es todavía más serio ya que, si lo que verdaderamente busca esta reforma es mejorar las pensiones de los más vulnerables, entonces esto ocurrirá a costa de un incremento en la tasa de informalidad del trabajo y esto, paradojalmente, es una de las principales causas de la desigualdad social en el mundo. Un empleo informal es un empleo mal remunerado, con pobres condiciones de trabajo, en ambientes poco protegidos y que carece de la necesaria protección de muchas de las redes de asistencia social que se financian con los impuestos de todos. Qué cruel sería que, nuevamente, una reforma apurada, de diseño tosco y llena de buenas intenciones termine perjudicando a los mismos que proclama querer ayudar.

 

Sebastián Cerda N., Director de Estudios Económicos de CorpResearch

 

 

 

FOTO:PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO