Si el nuevo Ejecutivo, sea cual sea, quiere realmente lograr los resultados que se propone, deberá poner toda su energía en mejorar la gestión e implementación de sus políticas, lo que en definitiva implica abocarse más al rigor del “cómo” que al glamour del “qué”. 
Publicado el 05.12.2017
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Tony Blair afirmaba en una entrevista en 2013 que la diferencia entre ser oposición y gobierno es bien sencilla. En la oposición, uno se levanta todas las mañanas simplemente preguntándose “¿Qué voy a decir?”; en cambio, en el gobierno uno se levanta preguntándose “¿Qué voy hacer?”. Ambas realidades son bien diferentes, pero muy necesarias para la democracia.

No cabe duda que ser oposición es mucho más fácil que ser gobierno. En este sentido, el Frente Amplio (FA), al no apoyar directamente la candidatura de Alejandro Guillier, ha entendido bien lo que manifestó Blair, es decir, que el ejercicio de gobernar —por su complejidad— exige capacidades que ellos como conglomerado político aún no poseen y, además, genera costos que los mismos no están aún dispuestos a pagar. En definitiva, el FA ha optado por la comodidad del “decir” desde la oposición, frente a la exigente invitación de Guillier de “hacer” desde un eventual gobierno suyo.

Sin perjuicio de quien sea el próximo Presidente de la República, cabe recordar que todo gobierno busca la adecuada concreción de ciertos impactos públicos por diversos medios, para los que debe necesariamente recurrir a nuestra dispar y algo envejecida administración pública, a fin de darle operatividad al ciclo de las políticas públicas, como también para gestionar la provisión de la defensa nacional, salud, justicia, etc.

Ahora bien, no cabe duda que los problemas públicos que enfrentará el nuevo gobierno serán extraordinariamente complejos y, por ende, requerirán de soluciones (productos y servicios) que exigen insumos cuyos orígenes son mucho más intersectoriales que en el pasado. Políticas como la protección de la infancia (reforma al Sename) o la misma reforma educacional son buenos ejemplos de esta necesidad.

Lamentablemente, existe una tendencia entre los políticos a conceptualizar el ciclo de la política pública como un proceso lineal y secuencial formado por etapas claras y distintas. No obstante, la realidad nos muestra que las políticas públicas no se encuadran exactamente dentro de esta clasificación, y responden más bien a un proceso iterativo, “poco claro” y sin reales divisiones. Vale decir, se trata de un proceso caracterizado por un flujo constante de toma de decisiones, asimetrías de información, costos de transacción, instancias de veto y negociaciones de poder.

Asimismo, debe tenerse presente que los políticos, legisladores y muchos expertos tienden a darle más importancia al diseño y evaluación de las políticas públicas (al “qué”) que a su implementación (el “cómo”). Contrario a lo que pasa en el sector privado, las personas más calificadas en el sector público por lo general prefieren participar en el diseño o la evaluación de las políticas públicas que ser parte del engorroso proceso de su implementación.

Si el próximo gobierno desea realmente lograr los resultados que se ha propuesto, debe por tanto tener presentes estos hechos y poner toda su energía en mejorar la gestión e implementación de sus políticas, lo que en definitiva implica abocarse más al rigor del “cómo” que al glamour del “qué”.  

Si no se cambia el enfoque hacia mejorar efectivamente la capacidad operacional del centro del gobierno y su coordinación intersectorial con los diversos servicios públicos y gobiernos regionales/locales, los resultados esperados por la agenda de cualquier nuevo Ejecutivo no se van a cumplir, ya que el mismo sucumbirá frente a la complejidad de la acción conjunta que implica la implementación de políticas públicas y el agotador arte de gobernar.

 

Rafael Pastor Besoain, director Escuela de Derecho, Universidad Central de Chile

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO