Debe considerarse que un punto porcentual de reajuste del gasto en personal tiene un costo para el fisco de US$ 120 millones, cifra que permitiría un aumento del gasto en el pilar solidario previsional de cerca de 7%, sin que existan dudas sobre cuál tendría más urgencia desde el punto de vista social.
Publicado el 01.10.2016
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En las últimas dos décadas, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha sido muy exitosa en poner sus peticiones de reajuste como un acto de justicia social, logrando durante varios años condiciones más ventajosas que el resto de los trabajadores del país. Los generosos reajustes, bonos  y aguinaldos fueron posibles en un contexto de holgura fiscal que ahora es inexistente, por lo que un mínimo de prudencia hace recomendable mirar la realidad de las finanzas públicas y las necesidades más urgentes del país.

Para tener una dimensión de los beneficios obtenidos no basta con comparar el reajuste otorgado por el gobierno con el comportamiento del Indice de Remuneraciones Reales del INE, ya que la Ley del Reajuste es acompañada usualmente por otra serie de beneficios que, en muchos casos, han tenido un costo creciente. Se suman también las mejoras que han ido obteniendo determinadas reparticiones a través de huelgas ilegales y presiones sectoriales. La magnitud de los beneficios recibidos se visualiza mejor utilizando los datos del gasto en personal del fisco, en relación al total de funcionarios -planta, contrata y honorarios- del gobierno central, que suman algo más de 230 mil. Calculado de esta forma, se puede ver que el gasto laboral por funcionario ha crecido a un promedio real anual de 3,3% entre 1995 y 2015, mientras que el aumento porcentual del IRR del INE ha estado un punto por debajo, por ende, en esos 20 años sus remuneraciones han aumentado un 22% real más que el promedio de las remuneraciones. ¿Se puede explicar esta brecha por razones de equidad, en el sentido de que las remuneraciones del sector público están muy por debajo de las del sector privado? No parece, y de hecho los datos apuntan en la dirección opuesta. Si dividimos el gasto en personal del gobierno central por el número total de funcionarios, nos encontramos con un costo promedio laboral de $ 2,5 millones mensuales, que está muy por sobre el promedio de remuneraciones de la economía. El reajuste otorgado a la ANEF, por lo tanto, no puede considerarse como parte de una política social focalizada en los sectores más necesitados.

Esto se hace aún más patente en la situación actual del país, en la cual la famosa frase del Presidente Ejecutivo de CODELCO “no hay un puto peso” se aplica con igual realismo a la situación de las finanzas públicas, no sólo actual, sino también proyectada. En 2017 el país acumularía 10 años de déficit estructural, junto con un deterioro importante de la posición deudora neta. Se hace inevitable entonces un aumento del gasto fiscal muy moderado, con el objetivo de no arriesgar la clasificación de deuda soberana. Debe considerarse que un punto porcentual de reajuste del gasto en personal tiene un costo para el fisco de US$ 120 millones, cifra que permitiría un aumento del gasto en el pilar solidario previsional de cerca de 7%, sin que existan dudas sobre cuál tendría más urgencia desde el punto de vista social.

Puede llamar la atención que la oferta de reajuste del gobierno, de 2,9%, apenas compense por el aumento del costo de la vida. Sin embargo, en consideración a la compleja situación de las finanzas públicas, y a la significativa mejoría que han tenido los funcionarios públicos en estos años, parece completamente razonable.

 

Cecilia Cifuentes, Investigadora Asociada Centro de Estudios Financieros ESE Business School.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO