No existe razón alguna para que el líder opositor venezolano Leopoldo López esté detenido en la prisión militar Ramo Verde. Tampoco hay motivo que justifique la negativa a visitarlo.
Publicado el 20.11.2014
Comparte:

Es el nombre de una prisión militar en las afueras de Caracas. En ella está detenido arbitrariamente Leopoldo López, uno de los más importantes y populares líderes de la oposición. Se entregó libremente una vez requerido por la fiscalía, de esto hace 9 meses. Comparte la cárcel con otros presos políticos: los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos. Decenas de estudiantes que manifestaron en febrero contra el gobierno de Maduro están en otro recinto.

La acusación no resiste ningún análisis jurídico: se le imputa incitación tácita a la violencia en las manifestaciones callejeras que dejaron cerca de 40 muertos, la mayoría por mano de la policía o los “colectivos chavistas” armados. Ya la incitación a delinquir es cuestionable como definición de un tipo penal. ¡Cómo será si tal incitación es calificada de tácita! Si se midiera con ese rasero a otros líderes sociales y políticos de la región, muchos correrían el mismo destino de López. Por eso el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas ha exhortado a los jueces venezolanos a liberar a López, petición que fue recientemente desoída por la jueza a cargo de la causa.

Vengo llegando de Venezuela, donde estuve a cargo de una misión de la Internacional Socialista (IS) para conocer de primera mano la situación de Leopoldo López y procurar su liberación. El 15 de noviembre intentamos  visitarlo en la Cárcel Militar de Ramo Verde. Nos acompañaban su esposa y sus padres. Las autoridades carcelarias nos impidieron el acceso al recinto bajo el pretexto de que Leopoldo López se encontraba afectado por una medida disciplinaria que le impedía recibir visitas, motivada porque él y los demás presos políticos golpeaban los barrotes de sus celdas con los cubiertos del rancho en protesta por la no resolución de la jueza a cargo del proceso respecto de la petición de libertad formulada por la ONU. Efectivamente, la jueza guardó silencio durante un mes. Sólo el día anterior a la visita denegó la recomendación, limitándose a señalar que lo planteado por NU no era vinculante.

Mientras requeríamos el acceso al recinto penitenciario, Leopoldo López y sus demás compañeros sacaron un letrero entre los barrotes de sus celdas alusivo a su detención e intercambiaron saludos con sus familiares, subrayando la conculcación de sus derechos y su compromiso con la libertad. En respuesta, la guardia hizo sonar la sirena de un vehículo militar para acallar sus dichos, provocando un ruido ensordecedor.

Pocas veces -desde el retorno a la democracia- he sentido tanta impotencia frente a la arbitrariedad. Frente a nuestro derecho a visitar un preso, se imponía la ley del más fuerte. Recordé, entonces, que en una gestión análoga llevada a cabo por una delegación parlamentaria plural, en la cárcel de alta seguridad de Chorrillos en Lima -donde se encontraba cumpliendo condena Sybila Arredondo, acusada de colaborar con Sendero Luminoso-, las autoridades del penal nos permitieron conversar con ella, pese a la gravedad de los hechos que se le imputaban. Hoy, felizmente y luego de largos años de una penosa reclusión, está libre. ¿Por qué la actitud de las autoridades venezolanas no fue igual que la de las peruanas? Algo dice esta diferencia sobre el carácter del régimen político imperante en Venezuela.

No existe razón alguna para que Leopoldo López esté detenido. Tampoco hay motivo que justifique la negativa a visitarlo. Todo procesado o condenado tiene derecho a recibir a quienes quieran verlos. La negativa incluye hasta ese momento a su esposa Lilian Tintore. Para que sus dos hijos menores de 1 y 5 años puedan encontrarlo, su mujer los entrega a los carceleros.

Habría sido deseable poder expresar el parecer de la IS directamente a las autoridades del Gobierno de Venezuela, para lo cual se hicieron numerosas gestiones al más alto nivel, sin haber recibido ninguna respuesta. Adicionalmente, en su visita a Caracas la misión sostuvo reuniones con los partidos miembros de la IS, representantes de la Mesa de Unidad Democrática (ADECO, Nuevos Tempos y MAS), la Conferencia Episcopal venezolana y otros actores relevantes de la vida pública y académica del país.

Más allá de cualquier consideración sobre la situación económica, social y política de Venezuela, el caso de Leopoldo López y los otros presos políticos es ilustrativo de una abierta violación a un derecho humano fundamental, nacional e internacionalmente reconocido. El gobierno venezolano debe explicar por qué no pone en libertad a López, aunque siga el proceso. No puede escudarse en la actitud de la magistratura, pues es reconocido que ella carece de independencia efectiva, como lo ha señalado la Comisión Internacional de Juristas. Emblemática fue la detención y destitución de la jueza María Lourdes Afiuni por dictar una sentencia contra el parecer del Gobierno en un caso políticamente sensible.

Infunde ánimo ver cómo luchan por la libertad de López su familia y los dirigentes de su partido Voluntad Popular, y cómo reciben un creciente apoyo popular, de la Mesa de Unidad que agrupa a los partidos opositores y de la comunidad internacional. Se está a la espera de una decisión del Comité contra la Tortura de la ONU que preside Claudio Grossman, nuestro co-agente en el caso con Bolivia ante La Haya. En cambio, deprime ver la situación del país, envuelto en una crisis económica, social y política de vastas proporciones sin que se advierta una salida. Si se retomara el diálogo entre Gobierno y oposición, es fundamental que los presos políticos sean liberados. De otro modo ese loable esfuerzo, impulsado ahora por el ex Presidente Samper de Colombia como Secretario de Unasur, carecería de credibilidad.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.