La propuesta de la Comisión Asesora para reformar las isapres, en vez de mejorar los problemas de los asegurados en el sector privado (razón por la que fue convocada), empeora la situación de éstos y de todos quienes formamos parte directa o indirecta del sistema de salud tanto privado como público.
Publicado el 25.10.2014
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La propuesta realizada por la Comisión Asesora Presidencial en Salud no trae buenas noticias para ninguno de los actores relevantes en salud. Lamentablemente, en caso de implementarse la idea de avanzar paulatinamente a un fondo con seguro único en salud, todos estaremos peor: los asegurados en las isapres y en Fonasa, los prestadores públicos y privados y también quienes trabajan en la salud.

Perderán los asegurados de isapres, porque su 7% ya no financiará el plan que ellos elijan para sí mismos y sus cargas, sino que sólo cubrirá un plan básico, con coberturas determinadas centralizadamente, y al cual podrá acceder en un prestador de una sola red (sólo una) que deberán  escoger entre, a lo más, tres alternativas, pagando una prima adicional a su 7%, que dependerá del precio que la isapre establezca por atenderse en el prestador escogido por el afiliado. Cualquier alternativa distinta a la ofrecida por esa red, obligará al afiliado a volver a meterse la mano al bolsillo como si nunca hubiese contribuido al sistema con su 7% más la prima adicional.

Perderán también porque la comisión propone que de su 7% se le extraiga una tajada para financiar lo que denominó “Fondo Mancomunado”, quedando así menos recursos disponibles para financiar el plan básico, y por ende aumentando la probabilidad de que la prima adicional al 7% sea de un valor tal, que lo obligue a tener que trasladarse a Fonasa. De hecho, hoy cerca de 600 mil personas son beneficiarias a isapres que pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso del país y viven en un hogar con menos de $500.000 pesos al mes. Probablemente serán ellos los primeros quienes, a pesar de haber elegido voluntariamente escapar de las conocidas colas del sector público, estarán obligados a ser parte de éstas.

Perderán también los beneficiarios de Fonasa, quienes ante la llegada de más usuarios al sector público, verán aún más colapsada la ya estresada red pública, y aún menos probable recibir una atención oportuna y de calidad. Con ello, los prestadores públicos son un grupo más en la lista de perdedores de la propuesta de la Comisión.

Por su parte, perderán también los prestadores privados en salud, quienes recibirán menos recursos producto de la fijación de los precios de la canasta que ofrecerá el plan básico a valores similares a los hoy pagados por el arancel Fonasa libre elección. Las clínicas deberán ya sea reducir los ingresos disponibles para honorarios médicos y para los profesionales de la salud que trabajan en este sector (un nuevo perdedor con la propuesta) o bien mantenerlos y ajustar la calidad de los servicios entregados. Cabe destacar que hoy a las clínicas también llegan beneficiarios del Fonasa que, gracias a la modalidad libre elección, logran liberarse de los conocidos problemas de los hospitales (4 de cada 10 atenciones de este sector).

En suma, la propuesta de la Comisión asesora de salud, en vez de mejorar los problemas de los asegurados en el sector privado (razón por la que fue convocada), empeora la situación de éstos y de todos quienes formamos parte directa o indirecta del sistema de salud tanto privado como público.

 

Alejandra Candia, Directora del Programa Social en Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: PRESIDENCIA.