¿Debemos esperar que se incendie un pueblo completo para tomar cartas en el asunto? El llamado al Gobierno es a ponerse de acuerdo para tornar más eficiente su trabajo y salvar al país del desastre en que está envuelto, y para eso es necesario no sólo que se nos apoye a los municipios en la labor tempranamente, sino además crear una plan de organización, capacitación, equipamiento y condiciones laborales para los brigadistas forestales y los bomberos, quienes al fin y al cabo son los que hacen el trabajo duro.
Publicado el 28.01.2017
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Es realmente lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Con mucho pesar e impotencia vemos cómo día a día las llamas siguen consumiendo miles de hectáreas por los incendios forestales. Nuestros vecinos ven que sus tierras, plantaciones, animales, viviendas y otros bienes se ven reducidos a cenizas por esta emergencia que nos tiene en permanente estado de alerta.

Las instituciones pertinentes deberán hacerse cargo de identificar las causas y los orígenes del desastre, pero sabido es que, a pesar de todas las investigaciones que se realicen, será imposible reparar el daño que involucra a los comprometidos. Y es que no se quema únicamente la casa o la bodega, sino los recuerdos, las anécdotas, los aromas de niñez y juventud, se quema la historia propia.

Durante los últimos años, hemos tenido que sobrellevar condiciones climáticas más complejas, que maximizan la agudeza de los incendios y hacen más difícil la labor de extinguirlos. Curacaví ha sido testigo de eso, pues al día de hoy, el incendio forestal en El Naranjo ya ha afectado una superficie de cinco mil hectáreas de vegetación, lo que como consecuencia dejó a 14 personas damnificadas, además de la destrucción de cinco viviendas, cinco bodegas, una sede social, maquinaria, una motobomba, un estanque y una copa de agua.

Nuestra labor como municipalidad es ayudar a nuestra comunidad, sin embargo, los recursos que disponemos no dan abasto para enfrentar semejante catástrofe. Entonces, aquí cabe analizar las responsabilidades del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quien ha tenido que enfrentar variadas emergencias en sus dos mandatos, con la extraña coincidencia de que en ninguna de ellas ha sabido actuar de manera proactiva y acertada, esperando siempre a que estallara la crisis.

La conclusión es que somos un país incompetente, pues el Estado no sabe prevenir ni acortar las brechas de inseguridad. ¿Debemos esperar que se incendie un pueblo completo para tomar cartas en el asunto? El llamado al Gobierno es a ponerse de acuerdo para tornar más eficiente su trabajo y salvar al país del desastre en que está envuelto, y para eso es necesario no sólo que se nos apoye en la labor tempranamente, sino además crear una plan de organización, capacitación, equipamiento y condiciones laborales para los brigadistas forestales y los bomberos, quienes al fin y al cabo son los que hacen el trabajo duro.

A esto se suma que el Gobierno no ha comprado aviones aljibe para enfrentar de mejor manera la emergencia ni se ha preocupado en lo más mínimo de la forma en que trabaja el cuerpo de Bomberos, por lo que podemos ver grandes falencias en términos de equipamiento, infraestructura y funcionamiento.

Después de tantas catástrofes naturales y medioambientales, es hora de trabajar proactivamente, reestructurando y modernizando la Onemi, mejorando e invirtiendo en equipamiento como aviones y helicópteros, perfeccionando las condiciones y relaciones laborales de las brigadas de la Conaf y de Bomberos de Chile, redefiniendo el rol de las Fuerzas Armadas ante catástrofes naturales, educando a la ciudadanía en temas medioambientales, etc.

En estos momentos todos miran a la municipalidad: vecinos, damnificados, autoridades del Gobierno central y otros, pero lo cierto es que no solamente no se nos entregan los recursos proporcionales al problema, sino peor aún, no tenemos, la mayoría de las veces, las facultades ni atribuciones para operar y organizar los servicios del Estado. Es ahora cuando el centralismo se hace más palpable y feroz, cuando se necesitan políticas públicas de ejecución y eficiencia en las respuestas, no burocracia ni esperar las cadenas de firmas, llamados de ministerios, seremis, o el “mágico permiso” de Santiago. Cuando la gente me pregunta “¿Para qué más descentralización?”, les digo que para entregarle a la ciudadanía una mejor acción del Estado en toda su armonía.

Pareciera ser que las prioridades del Gobierno no son las mismas que las de nuestros vecinos, lo que lamentablemente se refleja en la declaración tardía de la emergencia. Pero no debiera extrañarnos, pues es la tónica del Gobierno aparecer cuando estalla la bomba.

 

Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví

 

 

FOTO: JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO