A unos días de un nuevo aniversario del día del trabajador es momento oportuno para reflexionar sobre cómo estamos abordando en el país los desafíos que presenta la educación continua para mejorar la participación, salarios y movilidad en el mercado laboral.
Sabemos que el desarrollo del capital humano no termina en la educación superior y menos en un país donde sólo el 45% de la población adulta (entre 35 y 64 años) tienen educación secundaria completa. Pero si a esto le sumamos los conocidos problemas de la calidad de la educación escolar para aquellos que sí la completaron, nos encontramos frente a un desafío de proporciones.
El año 2013, cerca de un millón de trabajadores (aprox. 12% de la fuerza de trabajo ocupada) accedió a un programa de capacitación utilizando la franquicia tributaria de Sence. En promedio, se impartieron 18,6 horas de capacitación por participante, con un gasto total per-cápita de $81.658. El 74% de los recursos se gastaron en trabajadores con mayores niveles de renta y más del 80% se realizaron en las grandes empresas.
De estas cifras podemos concluir que el esfuerzo público-privado de la educación continua de nuestra fuerza laboral tiene baja cobertura (1 de cada 10 trabajadores), lo que se exacerba con su bajo nivel de educación y calidad impartida en la educación escolar. El impacto esperado de 18,6 horas de capacitación en salarios y movilidad es bajo o nulo, donde se debería aspirar a un curso de 140 horas como mínimo (requisito que cumple sólo 1% de programas financiados con la franquicia tributaria) para lograr un impacto positivo en remuneraciones, según el trabajo realizado por los investigadores Urzúa y Rodríguez (2011). Pero además existen problemas de focalización de los recursos públicos, que en este programa se concentran en los trabajadores de mayores remuneraciones y grandes empresas, con pocos incentivos para las pymes, lo cual sólo acrecienta la desigualdad en el mercado laboral.
Pero esta discusión se torna aún más relevante cuando entramos en la arena de los desafíos pendientes de Chile en materia de productividad. Desde hace un tiempo, y en especial en estos últimos dos años, los actores públicos preocupados de promover los avances de productividad han consumido más tiempo y esfuerzo rebautizando añejas políticas industriales selectivas, que en proponer medidas concretas para hacerse cargo del “stock de problemas” que tenemos en nuestra fuerza actual y potencial. Una muestra de la magnitud del impacto que tendría una adecuada política pública de educación continua sobre el stock de la fuerza laboral en nuestro país, es el ejercicio que realizaron los investigadores Hanushek y Woesmann (2012), donde demuestran cómo disminuyendo en un 10% la población adulta mayor a 30 años que no alcanza el nivel mínimo de la prueba PISA (Programme for International Student Assessment), para el 2030 se lograría duplicar el ingreso per-cápita de nuestro país.
El diagnóstico es claro y la evidencia es contundente sobre los desafíos en los cuales se requiere avanzar para lograr un sistema de capacitación para el empleo que mejore la calidad, pertinencia, impacto e institucionalidad actual. Desde principios del año 2014, se encuentra “varado” en la cámara de diputados el proyecto de ley que se hace cargo de mejorar la ley N° 19.518 del Sence, y a unos días del día del trabajador sumado al inicio del mes del mar, puede ser un momento propicio para que soplen vientos favorables para avanzar- con herramientas probadas- hacia un verdadero mercado laboral con más y mejores oportunidades de desarrollo para los chilenos.
Matías Acevedo, Prorrector de Inacap.
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO_