Una buena muestra de cómo cambió el eje en el proyecto es el bono permanente por retiro que los diputados aprobaron en la Comisión, insistiendo en presionar por medidas cuyo impacto en calidad es discutible y perdiendo todo rigor respecto de lo que son sus atribuciones constitucionales.
Publicado el 14.09.2015
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El proyecto de ley que el Ministerio de Educación presentó al Congreso sobre desarrollo profesional docente fue recibido en su momento como una buena noticia. Aunque la iniciativa requería de importantes perfeccionamientos, generó entusiasmo ya que por fin se podría discutir sobre aspectos que inciden en la calidad de la educación escolar y en la mejora de los aprendizajes de los niños.

Luego de cinco meses de tramitación y paro de profesores mediante, recientemente se despachó de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el mencionado proyecto. Pero, lo que podría haber sido motivo de satisfacción, fue en realidad una desilusión para quienes confiábamos en que el debate se centraría en lo que el sistema educacional necesita, más que en lo que ciertos grupos de interés defienden. No hay duda que los profesores son fundamentales para mejorar la calidad de la educación y que, para cumplir con ese objetivo, se requiere mejorar sus condiciones laborales; lo anterior no obsta a que las políticas que se propongan en tal sentido deban tener como principal foco la efectividad de la enseñanza y su impacto en los aprendizajes. Ninguno de estos aspectos fueron en definitiva considerados en la discusión.

Fuimos testigos de cómo el debate parlamentario fue capturado por un sector minoritario del gremio docente, que por la fuerza impuso sus términos y transformó su lista de deseos en imposiciones a las que autoridades del ejecutivo y legislativas fueron incapaces de resistir. Incluso quienes señalaban que lo que se requería era volver a hablar de calidad, dejaron de lado ese discurso para centrarse casi exclusivamente en el concepto de “agobio laboral docente” que se hizo patente entre lienzos y pancartas. La necesidad evidente de mejores sueldos y condiciones de trabajo debe ir de la mano con políticas que faciliten la labor de la escuela, un mejor clima y la obtención de mejores resultados en sus alumnos. Por supuesto que es posible tener un debate acotado sólo a las condiciones laborales, pero en ese caso se debe ser honesto con la ciudadanía y señalarles que la discusión que tiene por foco los aprendizajes de los niños se dejará para otra oportunidad.

Una buena muestra de cómo cambió el eje en este proyecto es el bono permanente por retiro que los diputados aprobaron en la Comisión, insistiendo en presionar por medidas cuyo impacto en calidad es discutible y perdiendo todo rigor respecto de lo que son sus atribuciones constitucionales, ya que lo anterior implica arrogarse facultades que la carta fundamental reserva al poder ejecutivo. Queda en evidencia además la nula capacidad articuladora del Ministerio de Educación en su rol como colegislador, lo que obliga a cuestionarse si está ese organismo en condiciones de conducir las otras reformas anunciadas, cuya complejidad técnica y política es mayor.

Mientras el Colegio de Profesores se declara en “estado de alerta” frente a lo que ocurra en el Congreso, amenazando con nuevos paros si es que el trabajo legislativo no los satisface, es importante que la ciudadanía presione también por mayor seriedad en el debate y sentido de urgencia ante medidas que se hagan cargo del anhelo por mayor calidad en el sistema escolar.

 

Raúl Figueroa Salas, Director ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO