Un genuino sistema mixto implica no solo aceptar que existan instituciones privadas, sino reconocer que las personas tienen el derecho a elegirlas y el Estado tiene la obligación de asegurar, facilitar y apoyar incluso financieramente, el ejercicio de ese derecho.
Publicado el 02.05.2016
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Es común que en la discusión pública surjan diversas voces en torno a ciertos conceptos que a primera vista dan cuenta de amplios consensos, pero que a medida que se profundiza en ellos dejan en evidencia visiones muy diferentes de la sociedad. El debate educacional no está exento de ese fenómeno y mientras transversalmente se habla de calidad, inclusión o equidad, vemos cómo los caminos que se trazan para lograr esos objetivos conducen a destinos diametralmente distintos y, en ciertos casos, contrarios a los fines buscados.

Un ejemplo de ello es la idea de provisión mixta, que en sentido estricto implica un sistema en el cual coexisten instituciones privadas y estatales. En efecto, el amplio espectro político, desde la Nueva Mayoría a la oposición, dice reconocer en la provisión mixta un elemento central de nuestro sistema educacional. Esto tiende a tranquilizar los ánimos de quienes podrían sentirse amenazados, ya sea por anuncios de reformas estructurales o por la mantención de lo que hoy existe.

Surge entonces la duda: ¿todos entendemos lo mismo por provisión mixta? Claramente no. La visión del sistema de educación superior que el Ministerio de Educación ha ido dando a conocer a cuenta gotas y mediante una serie de minutas (que algunos han tenido el privilegio de recibir y que otros gracias a la prensa hemos podido conocer) dista mucho de lo que se requiere para la coexistencia entre instituciones de distinta naturaleza en igualdad de condiciones. Aunque en esas minutas en forma literal se reconoce un sistema de provisión mixta y el deber de fomento del Estado de la educación en todos sus niveles, la propuesta del ejecutivo en ese punto es contradictoria, discriminatoria y excluyente respecto del sector privado y de quienes acceden a él. Lo anterior en cuanto señala que “este deber (del Estado) se cumple en el nivel de educación superior a través de las instituciones de educación superior estatales”.

No es posible reconocer por una parte un régimen de provisión mixta y, por otro, pretender que el Estado cumple su rol en educación superior exclusivamente a través de un grupo de instituciones de su propiedad. Un genuino sistema mixto implica no solo aceptar que existan instituciones privadas, sino reconocer que las personas tienen el derecho a elegirlas y el Estado tiene la obligación de asegurar, facilitar y apoyar incluso financieramente, el ejercicio de ese derecho. Para ello, contar con condiciones que permitan el desarrollo de proyectos diversos es fundamental, debiendo el Estado promover toda clase de iniciativas y evitar tratos privilegiados en favor de unos y en desmedro de otros.

El deber del Estado de fomentar la educación en todos sus niveles debe manifestarse en políticas coherentes con la obligación que también le corresponde de amparar a los grupos intermedios, tales como las universidades, a través de los cuales se estructura la sociedad, así como de garantizarles la autonomía para cumplir sus propios fines. La reforma a la educación superior que se está promoviendo altera esa lógica, estableciendo fuertes restricciones financieras y organizativas para las instituciones privadas, limitando en extremo su autonomía y frenando su desarrollo. Asimismo, los borradores de proyectos de ley que han circulado plantean serias dudas respecto de la subsistencia de ayudas económicas para los estudiantes que opten por instituciones privadas que no se sometan a esas restricciones, sembrando más dudas respecto de la comprensión que los impulsores de la reforma tienen respecto de un sistema mixto y de sus ventajas.

 

Raúl Figueroa Salas, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO