El mensaje es claro y vinculante: los particulares no pueden ser objeto de sanciones que obedezcan al mero capricho administrativo, siendo una obligación para la autoridad, especialmente la Superintendencia de Valores y Seguros, el obrar bajo parámetros objetivos respetando las garantías básicas de nuestro ordenamiento social.
Publicado el 26.10.2016
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En su más reciente jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha ratificado su tendencia a consolidar límites claros a las actuaciones de la administración. En este caso, el repudio constitucional recayó sobre la aplicación de la facultad sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros, con ocasión de uno de los procesos del denominado “Caso Cascadas”.

En términos generales, las sanciones que impone la Superintendencia —como las de cualquier órgano administrativo— deben estar dotadas de una fundamentación suficiente basada en criterios objetivos y razonables. Sin embargo, ante los ojos de la máxima magistratura constitucional del país, la fundamentación de la multa aplicada fue “escueta”, quedando ésta entregada al mero arbitrio de la autoridad administrativa. Circunstancia que finalmente decantó en el reproche constitucional.

En tal sentido, el Tribunal sentenció que dicha “potestad discrecional arbitraria que no se compadece con las exigencias mínimas de un Estado de Derecho, que permitan fundamentar la decisión y, luego de una detallada subsunción de los hechos al derecho, señalar de manera lógica y precisa cuál es la razón del quántum de la sanción, cumpliendo así con los presupuestos de un debido proceso administrativo.”

A partir de esta decisión, y luego de sentar las bases del principio de proporcionalidad en materia sancionatoria, el Tribunal Constitucional ha alumbrado el camino que debe seguir la Superintendencia al hacer uso de su facultad sancionadora: proscripción del abuso de poder por la vía de fundamentar, razonable y objetivamente, la sanción y su cuantía.

El mensaje es claro y vinculante: los particulares no pueden ser objeto de sanciones que obedezcan al mero capricho administrativo, siendo una obligación para la autoridad, especialmente la Superintendencia de Valores y Seguros, el obrar bajo parámetros objetivos respetando las garantías básicas de nuestro ordenamiento social.

 

Manuel Díaz Rodríguez, abogado y miembro del estudio jurídico Pfeffer y Asociados

 

 

Foto: MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO