Necesitamos un sistema que sea un verdadero motor de movilidad social, que represente la diversidad de nuestra sociedad, centrado en las personas y sus preferencias, y que por esa vía permita el desarrollo de una sociedad libre. No desaprovechemos la oportunidad.
Publicado el 28.11.2016
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Las profundas críticas que ha recibido la reforma a la educación superior que hoy se discute en el Congreso no deben interpretarse como un afán de obstaculizar la discusión, sino como una necesidad de aprovechar la oportunidad para promover mejoras al sistema que permitan corregir ciertos aspectos y consolidar los logros. En ese contexto, mientras el Gobierno y un grupo acotado de rectores de universidades chilenas negocian los términos de un acuerdo que otorgue crédito político a unos y confirme los privilegios de un sector, surgen propuestas de diversos ámbitos que pretenden incorporar una visión más global a un debate que, si se mantiene tal como va, difícilmente se concretará en lo que el país requiere para su desarrollo.

Un reciente estudio de Times Higher Education pone a Chile dentro de un reducido grupo de países cuyos sistemas de educación superior tienen las mejores posibilidades de desarrollo futuro. Entre los miembros de la OCDE, el sistema de educación superior chileno destaca por contar con una cobertura, tasas de graduación y premio salarial superiores al promedio. Un conjunto de políticas basadas en el reconocimiento a la libertad y la diversidad permitieron dejar atrás la educación elitista que caracterizó nuestro país en los 70 y transformarla en una de acceso universal. Con todo, nuestro marco jurídico, adecuado en un comienzo, debe ajustarse a la actual realidad del sistema y sentar las bases para su máximo desarrollo, asumiendo el desafío de combinar adecuadamente el acceso de los jóvenes a las oportunidades que la educación superior ofrece, el respeto por sus preferencias, la diversidad de proyectos, la autonomía para llevarlos a cabo y la promoción de la calidad del sistema.

Con ese objetivo y buscando contribuir al debate, Acción Educar formuló sus “Propuestas para un Sistema de Educación Superior”. Este documento reitera las principales críticas hechas al proyecto del gobierno, en cuanto se trata de una iniciativa refundacional que transfiere poder desde los ciudadanos hacia el Estado; conlleva una política de financiamiento regresiva y extremadamente cara, la gratuidad; rediseña de forma equívoca el sistema de acreditación reemplazándolo por uno más dependiente de la voluntad política y orientado a la estandarización; todo en un marco de restricción a la autonomía y limitaciones a la posibilidad de desarrollo de las instituciones. Pero más allá de las críticas, el objetivo del documento es poner en evidencia una serie de principios que debiesen estar siempre presentes en el diseño de las políticas educacionales, así como formular propuestas para una institucionalidad, marco normativo y financiamiento coherentes con esos principios y funcionales a los desafíos del sistema.

Las reformas que se impulsen deben respetar y promover la libertad de enseñanza, que implica tanto la posibilidad de crear y administrar proyectos educativos como el derecho a escoger entre los existentes. Asimismo, se debe resguardar la diversidad como una forma de impedir toda clase de imposición cultural y, para ello, la protección de la autonomía de las instituciones es fundamental.

Un objetivo central de la política debe ser el acceso a la educación superior, de tal forma que ningún joven con talento quede fuera por su condición socioeconómica. Mecanismos bien diseñados de becas y créditos subsidiados son tan efectivos como la gratuidad y menos perjudiciales para el sistema. El aseguramiento de la calidad también requiere perfeccionamientos; se propone un sistema de acreditación que no jerarquice a las instituciones y que las evalúe de acuerdo a la misión y objetivos que cada una se proponga, exigiendo calidad, pero evitando estandarizaciones que limitan la diversidad del sistema. En cuanto a la fiscalización que debe hacerse del cumplimiento de la normativa aplicable, se sugiere que esté a cargo de una Superintendencia cuyas atribuciones apunten a resguardar la necesaria fe pública evitando intromisiones innecesarias en los respectivos proyectos educativos.

Necesitamos un sistema de educación superior que sea un verdadero motor de movilidad social, que represente la diversidad de nuestra sociedad, centrado en las personas y sus preferencias, y que por esa vía permita el desarrollo de una sociedad libre. No desaprovechemos la oportunidad.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO