Si los propios parlamentarios oficialistas criticaban la baja participación en las primarias del domingo con casi 280.000 ciudadanos, imaginémonos cómo estarán de escandalizados -si actúan de manera consecuente- cuando comprueben que en los cabildos participará menos de un cuarto de los que votaron el domingo.
Publicado el 22.06.2016
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El domingo 19 de junio se realizaron las primeras primarias municipales regladas por el Servicio Electoral. Rápidamente el foco de atención se concentró en la escasa participación de la ciudadanía. Las cámaras de televisión mostraban locales de votación vacíos, pocos votos en las urnas, y expusieron largamente las opiniones de algunos vocales de mesas -varios de los cuales no estaban especialmente contentos con participar del proceso-, en medio del frío invernal y de las celebraciones por el Día del Padre.

Los datos señalan que votó aproximadamente un 5,5%, de un universo de más de 5.000.000 de personas habilitadas para sufragar. Esto significa que poco más de 280.000 ciudadanos concurrieron a elegir a los candidatos de sus respectivas coaliciones de cara a las elecciones municipales de octubre.

La baja participación del domingo llevó a que inmediatamente varios personajes públicos del país consideraran la idea de reponer el voto obligatorio. Entre ellos, el ex Presidente de la República Ricardo Lagos, y su hijo Ricardo Lagos Weber, actual presidente del Senado.

Frente a esto, urge hacer una distinción.

Las elecciones primarias son por definición voluntarias. Son los interesados en la nominación de los candidatos de las respectivas coaliciones quienes concurren a esos procesos electorales, y por tanto no corresponde que la comunidad obligue a todos los ciudadanos a participar de este proceso partidista.

Obviamente, es preferible que en las primarias voten muchas personas, pero su participación debe ser promovida por los partidos y sus coaliciones, y no impuestas con la obligatoriedad del voto. Así, la mejor manera de promoverlas es teniendo muchas elecciones primarias y que éstas sean realmente competitivas. Lamentablemente esto no ocurrió, ningún alcalde en ejercicio fue desafiado el domingo, fueron muy pocas las comunas donde ambas coaliciones realizaron primarias y muchas de alta complejidad fueron excluidas a priori del proceso.

Un país que tiene tradición de primarias es Estados Unidos. Tan complejas, importantes y competitivas, que concitan el interés mundial y por supuesto también en Chile. Pero el voto en ellas es absolutamente voluntario y cada candidato debe entusiasmar a sus respectivas bases de votantes para concurrir a las urnas. No por nada, la nominación de Hillary Clinton en el Partido Demócrata resultó más tortuosa de lo esperado, por la activa movilización de votantes de Bernie Sanders. En el lado republicano, la nominación de Donald Trump -imprevisible cuando comenzó la campaña- tampoco ha estado exenta de conflictos. Y si se trata de desafiar a los que detentan el poder, el mismo Ronald Reagan se enfrentó al Presidente en ejercicio Gerald Ford por la nominación del partido republicano en 1976, siendo derrotado por escaso margen. No podemos dejar de mencionar la irrupción de Obama en su primera nominación, precisamente contra Hillary Clinton.

Cosa distinta ocurre en Chile en el marco de una elección general, ya sea presidencial o parlamentaria. En este escenario, para los que consideramos que la participación en la res publica (la cosa pública) es asunto de todos y que la elección de nuestras autoridades constituye un derecho pero también un deber en el marco de la democracia representativa, existen buenos argumentos para reponer el voto obligatorio, aunque sería bueno un debate más profundo al respecto.

Desde luego, una votación más amplia contribuye a dotar de mayor representatividad a los gobernantes electos. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales fueron convocados a votar 13.573.088 ciudadanos, de los cuales sufragaron 5.694.764 electores en segunda vuelta, de los cuales 3.468.389 votaron por Michelle Bachelet. Lo que resulta especialmente valioso cuando los gobernantes optan por caminos refundacionales.

Permite que las opiniones de todos los ciudadanos sean escuchadas y no solo las voces de aquellos que tienen más “interés” en participar, promoviendo una genuina participación popular y huyendo de una elitización de la discusión o bien de una radicalización de las posiciones.

El actual “proceso constituyente” impulsado por el gobierno es un buen ejemplo de lo que se debe evitar. Se espera que participen 60.000 ciudadanos, representación mínima comparada con el padrón electoral del país (más de 13 millones de personas) así como con los votantes de la última elección parlamentaria, donde concurrieron más de seis millones de personas a sufragar por nuestros diputados y senadores. Si los propios parlamentarios oficialistas criticaban la baja participación en las primarias del domingo con casi 280.000 ciudadanos, imaginémonos cómo estarán de escandalizados -si actúan de manera consecuente- cuando comprueben que en los cabildos participará menos de un cuarto de los que votaron el domingo.

Al mismo tiempo, nadie puede creer que la Constitución está siendo redactada en las comunas más populares del país. Santiago, Providencia y Ñuñoa concentran el mayor número de cabildos locales, lo que demuestra que participan algunas de las personas más informadas y comprometidas. Pero no todos ni mucho menos a lo largo de todo Chile.

Por último, lo ocurrido el domingo nos permite reflexionar sobre cuáles serán las fórmulas que promoveremos para incentivar la participación pública. Urge recuperar la confianza perdida, con hechos concretos y competencia real. Se debe promover con decisión una cultura cívica tanto a nivel escolar como familiar y político, así como levantar alternativas políticas de largo plazo que muevan a los chilenos a creer, confiar y participar.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

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