La discusión del presupuesto, en vez de centrarse en incrementar los beneficios para un grupo de instituciones, debiera concentrarse en corregir definitivamente las discriminaciones arbitrarias e injustas que afectan a miles de estudiantes, y con ello lograr que el Estado trate de la misma manera a alumnos de igual necesidad económica.
Publicado el 21.10.2014
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Actualmente se discute en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto 2015, en éste, el Gobierno fijó los montos y las prioridades del Estado en la ejecución de las diferentes políticas públicas durante el próximo año.

En materia de educación, representantes de las universidades estatales y del Consejo de Rectores (CRUCH) han manifestado públicamente su disconformidad con el proyecto, reclamando que los recursos exclusivos para sus instituciones son insuficientes.

Centrar la discusión en esa preocupación parece inadecuado, toda vez que lo que resulta preocupante es cómo este presupuesto profundiza las discriminaciones arbitrarias que realiza el Estado entre alumnos de un mismo nivel socioeconómico al asignar sus recursos, otorgándoles un trato injusto y restringiendo las oportunidades de acceso a muchos estudiantes, tanto en la educación escolar como la superior.

La ayuda financiera del Estado en términos de becas se ha focalizado largamente en las universidades del CRUCH, asignándoles a éstas una mayor cantidad y, por montos que, en promedio, duplican a las que corresponden a las demás universidades. El proyecto de ley de presupuesto para el 2015 agrava estas arbitrariedades y establece un monto promedio adicional por alumno matriculado en las universidades del CRUCH que es 10 veces superior al monto promedio adicional por alumno de universidades privadas que no pertenecen al CRUCH. En las primeras, el monto adicional es de $222 mil, y en las segundas de $22 mil. Por lo tanto, alumnos con la misma necesidad económica reciben un trato injusto de parte del Estado, coartando la libertad de elección de quienes consideran que instituciones que están fuera del Consejo de Rectores ofrecen proyectos educativos que se adecuan mejor a sus intereses, pero que terminan rechazando al considerar los beneficios económicos que reciben por optar a una institución del CRUCH.

El Presupuesto también profundiza inequidades en la entrega de fondos basales para las universidades: mientras los fondos basales con convenio para las universidades del CRUCH aumentaron en un 86% nominal ($36 mil millones), los fondos para el resto de las universidades sólo aumentaron en un 3% (un 0% real). Por su parte, los fondos donde pueden participar todos los tipos de instituciones universitarias disminuyeron en un 22%.

Esta discriminación es injustificada considerando la heterogeneidad de instituciones que están tanto dentro como fuera del Consejo de Rectores, apreciándose en todo el sistema diversidad en cuanto a sus resultados, aportes en investigación, acreditación u otros indicadores de calidad. Además, no es en las universidades del Consejo de Rectores donde están los alumnos de más necesidades económicas: el 70% de los alumnos vulnerables estudia en instituciones fuera del CRUCH.

Esta arbitrariedad también se observa en el mundo escolar, donde el Estado aumenta los fondos exclusivos para colegios municipales que implican un aporte extra por alumno vulnerable de $25 mil mensual para su educación, dejando fuera de este beneficio a los alumnos de colegios particulares subvencionados de igual condición socioeconómica. Asimismo, estos recursos exclusivos para la educación municipal, son un 50% mayor del total de lo que recolectan las escuelas particular subvencionadas por concepto de financiamiento compartido (copago de las familias), por lo que la eliminación del copago dejará en una situación incluso de mayor desventaja a los alumnos de escuelas particular subvencionadas.

La discusión del presupuesto, en vez de centrarse en incrementar los beneficios para un grupo de instituciones, debiera concentrarse en corregir definitivamente las discriminaciones arbitrarias e injustas que afectan a miles de estudiantes, y con ello lograr que el Estado trate de la misma manera a alumnos de igual necesidad económica.

 

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo AcciónEducar.

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO