Reconociendo las dificultades de la gratuidad, un mejor diseño debiese hacerse cargo de los efectos negativos que genera y mantenerla focalizada en los estudiantes del 50% de menores ingresos, con una combinación adecuada de becas y créditos subsidiados para los demás.
Publicado el 02.10.2017
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El proyecto de presupuesto para 2018 contempla la ampliación de la política de gratuidad en educación superior al 60% de los estudiantes de menores ingresos. Si bien el anuncio no es una novedad —el gobierno ya había adelantado que la educación sería una de las prioridades, específicamente por la extensión de la gratuidad—, no deja de llamar la atención la insistencia por extender una política altamente criticada, en vez de poner los esfuerzos en corregirla.

De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Educación, el déficit de las instituciones adscritas a la gratuidad en 2016 fue cerca de $21.000 millones, como consecuencia directa de la diferencia entre los aranceles reales establecidos por esas instituciones y los aranceles regulados por el Estado. En 2017, en un intento por disminuir los déficits, el gobierno modificó la forma de calcular los aranceles regulados, los que aumentaron entre un 7% y 21%. No obstante estas modificaciones, el déficit este año fue de $17.000 millones, lo que arroja un acumulado de $38.000 millones en los últimos dos años como consecuencia de la gratuidad.

Lo que va quedando en evidencia es que, más allá de los intentos que pueda realizar el gobierno para disminuir la brecha, mientras la fijación de precios se mantenga lo harán también los efectos propios de esa política. Según estimaciones realizadas por Acción Educar, la incorporación del sexto decil a la gratuidad arrojaría un déficit que supera los $23.000 millones, profundizando los efectos negativos.

La situación deficitaria perjudica el desarrollo del sistema, ya que obliga a las instituciones a acomodar sus proyectos a los acotados recursos recibidos del Estado y conlleva mermas a la calidad de los mismos. Siendo estos antecedentes conocidos por el gobierno, llama significativamente la atención que se persista en este mecanismo. Más aun sabiendo que existen instrumentos alternativos que permiten cumplir con el mismo propósito.

Reconociendo las dificultades de la gratuidad, un mejor diseño debiese hacerse cargo de los efectos negativos que genera y mantenerla focalizada en los estudiantes del 50% de menores ingresos, con una combinación adecuada de becas y créditos subsidiados para los demás. De esta manera se cumple con el objetivo de dar acceso a la educación superior de estudiantes de menores recursos y resguardar el desarrollo permanente de los proyectos educativos.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO