Se debe avanzar hacia un país donde la infraestructura esté realmente al servicio de los ciudadanos independientemente de su forma de financiamiento, donde las asociaciones público-privadas permitan reducir estas brechas y, especialmente, donde la percepción de la atención de salud mejore respecto a la calidad de estos mismos servicios.
Publicado el 06.10.2016
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Como era de suponer, especial énfasis registró en el presupuesto de la nación la partida destinada a salud, por sus necesidades crecientes tanto en la red de atención ambulatoria como a nivel hospitalario y por los proyectos de inversión en infraestructura en los que está comprometido el Gobierno.

Pero, a la par de esta discusión, debe abordarse una más profunda. Chile ha entrado en una fase donde la población adulta será mayoritaria, y el desafío es prepararnos para que aquello no sea un camino irrefrenable hacia la enfermedad. Para eso la accesibilidad a los servicios debe mejorar, la gestión de la red primaria de salud (consultorios)  y de complejidad (hospitales) deben ser transparentes y carentes de la abundancia que existe hoy de cuoteo de baja calificación técnica.

Se debe avanzar hacia un país donde la infraestructura esté realmente al servicio de los ciudadanos independientemente de su forma de financiamiento, donde las asociaciones público-privadas permitan reducir estas brechas y, especialmente, donde la percepción de la atención de salud mejore respecto a la calidad de estos mismos servicios.

La destinación de fondos públicos sin licitaciones previas a proveedores privados legítimos, pero carentes de certificaciones sanitarias, la cadena de errores en la planificación sanitaria del AUGE, la tardía campaña de invierno, los magros resultados en la campaña de inmunizaciones, las abultadas listas de espera y, especialmente, la deuda hospitalaria que superará el 10 % del presupuesto nacional en salud, nos aleja del sistema que debemos construir para situarnos con altura a la demanda de la transición demográfica de nuestro país.

Todos estos elementos, más la ausencia deliberada de un proyecto de ley que aborde adecuadamente los problemas contingentes y reales de los miles de chilenos afiliados a la  salud privada en isapres, pero especialmente los severos déficits de gestión y coordinación de la red pública, hacen hoy más que nunca necesario abordar en forma progresiva una reestructuración del sistema de salud nacional.

Hay que poner los esfuerzos en la generación de indicadores de resultados, en el incremento progresivo del gasto en programas de marcada rentabilidad social y sanitaria y reestructurar también el sistema de atención primaria de salud introduciendo incentivos asociados a resultados de  prevención y control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Asimismo, la coordinación y asociatividad entre los sistemas ambulatorios y de complejidad  deben ser generados por buenos gestores con incentivos correctos y debidamente aplicados. La publicación de resultados de actividad clínica, financiera, calidad, seguridad y de disciplina presupuestaria debe ser parte del ADN fiscal.

El próximo año la pertinencia del uso de los fondos fiscales, así como la ejecución de los recursos aprobados, debiese ser una prioridad nacional del ejecutivo y una meta de fiscalización del legislativo mes a mes.

Hay sustrato en el Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en los trabajadores de la salud para generar este acuerdo nacional y presentar al país un itinerario claro y progresivo con los objetivos de mejorar los aspectos de la salud nacional, especialmente pública. El presupuesto 2017 debe sentar las bases para implementar las modificaciones que el sistema de salud requiere para afrontar los próximos desafíos.

 

Luis Castillo F., decano Facultad de Medicina U. San Sebastián, ex subsecretario de Redes Asistenciales

 

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO.