La interpelación es una inmejorable oportunidad para demostrar que la hoja de ruta del Gobierno en la reforma educacional no convence a los chilenos que se verán más directamente afectados.
Publicado el 14.11.2014
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La próxima interpelación al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, es una inmejorable oportunidad para despejar las fundadas dudas que existen sobre lo que realmente hará la reforma educacional y sobre cómo cambiará la actual mezcla de oportunidades y discriminación que enfrentan los padres al decidir qué educación quieren para sus hijos.

Hay fundadas razones para fustigar a Eyzaguirre por la forma en la que el Gobierno ha llevado adelante la reforma educacional. Sobran los ejemplos de ocasiones en las que el ministro ha incurrido en errores e imprecisiones para explicar los detalles de la reforma que impulsa el Gobierno. Pero la Alianza no debiera usar la interpelación para enrostrarle a Eyzaguirre todo lo que ha hecho mal. Además, como el Gobierno ha acusado a la oposición de campaña del terror, la mejor estrategia para la interpelación es hacer preguntas cortas, claras y al punto, para dejar que el ministro desnude la mezcla de voluntarismo, contradicciones e incongruencias de la reforma hecha pensando más en acallar las voces de protesta que en mejorar la calidad de la educación en Chile.

Entre padres y personas interesadas en tener un país donde todos los niños tengan igual oportunidad de recibir una educación de calidad, abundan legítimas preguntas sobre los alcances de la reforma, sus efectos inmediatos y de largo plazo. Como toda gran reforma genera dudas, sobran las interrogantes sobre la conveniencia de realizar algunos cambios y sobre el orden en que debieran ser emprendidos.

La diputada UDI María José Hoffman tiene la difícil tarea de alzarse sobre las disputas partidistas y enarbolar la defensa del sentido común y la buena fe. Más que inquisidora, Hoffman deberá tener en mente a las madres y padres que quieren poder elegir el colegio de sus hijos (a partir de variados criterios de calidad y visiones de vida) y quisieran que esos colegios fueran totalmente subsidiados por el Estado. Para los padres de Chile, esta no es una discusión ideológica. Se trata de la educación de sus hijos. Como las autoridades de gobierno y de oposición no se verán afectadas (porque sus hijos asisten a colegios privados), a menudo la elite política discute la reforma educacional como si fuera una cuestión conceptual. Pero para la creciente clase media chilena (los principales clientes de la educación particular subvencionada), ésta es una cuestión personal. Esa clase media percibe que la elite quiere hacerla pagar el costo de mejorar la calidad de la educación de los que menos tienen, obligándolos a mezclar a sus hijos con los niños de sectores vulnerables, mientras los hijos de la elite mantienen sus posiciones de privilegio.

Algunas preguntas que el ministro debiera intentar responder son: ¿El lucro en educación siempre es malo o hay situaciones en las que se justifica? ¿Qué entiende el Gobierno por eliminar el lucro? ¿Quién determina cuándo termina la justa compensación y cuándo comienza el lucro? ¿Cómo justifica un gobierno que se opone al lucro que haya colegios que arrienden la infraestructura a dueños que tienen fines de lucro? Si el lucro es malo, ¿por qué se permite que haya Agencias de Asistencia Técnico Educativas con fines de lucro? La diputada Hoffman también debería preguntarle al Gobierno por una fecha en que se terminará el copago. Una promesa sin fecha de cumplimiento no es más que un deseo.

Ya que la reforma busca quitarle el derecho a discriminar a los padres que tienen capacidad para realizar un copago —pero no suficiente para enviar a sus hijos a los colegios privados donde asisten los hijos de las autoridades (que sí discriminan)—, la respuesta del ministro desnudará la principal falacia del Gobierno en su promesa de terminar con la selección educacional. Como no se atreve a tocar a los colegios privados, el Gobierno alega que quiere evitar que se discrimine con dineros públicos. Pero como está cediendo a la presión para permitir que los colegios públicos emblemáticos sigan discriminando por desempeño académico, el Gobierno no tiene una respuesta clara y simple para justificar moralmente la eliminación del derecho que actualmente tienen los padres de clase media, cuyos hijos no son los mejores alumnos del curso, para asistir a colegios que seleccionan a sus alumnos.

Aunque la diputada Hoffman ha anunciado que será “creativa” en su interpelación, su verdadero desafío es poder hablar desde el sentido común e inducir al ministro a que se explaye en los detalles de la reforma. Más que creatividad, se necesita ser bien concreto para demostrar que el Gobierno está intentando cuadrar el círculo con su reforma. Presionado por los voluntaristas dogmáticos que quieren terminar con el lucro, y consciente de que la realidad obliga a reformas graduales, el Gobierno además ha tenido que balancear sus irreflexivas promesas de campaña con la necesidad de introducir mecanismos que mejoren la calidad de la educación y reduzcan los altos niveles de segregación que actualmente existen (y que la gente rechaza en principio, pero favorece en las decisiones que toman cuando escogen colegios para sus hijos). Como el Gobierno no ha dado aún con una fórmula capaz de balancear todos esos objetivos, la interpelación de Eyzaguirre es una inmejorable oportunidad para demostrar que la hoja de ruta del Gobierno en la reforma educacional no convence a los chilenos que se verán más directamente afectados.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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