En una sociedad de libertades e inclusiva, el ordenamiento jurídico debe siempre respetar el derecho de todas las personas a construir sus propios proyectos de vida, sin interferencias externas arbitrarias.
Publicado el 06.07.2016
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Parlamentarios de la UDI han patrocinado un proyecto de reforma constitucional, que busca establecer como único matrimonio digno de regulación jurídica el concebido entre un hombre y una mujer, agregando que es contraria a los preceptos de la Constitución la adopción de menores por adoptantes del mismo sexo. Quienes creemos en la libertad de las personas y en la igualdad ante la ley, reconociendo que cada cual tiene derecho al libre despliegue de sus proyectos vitales –excluido el perjuicio a los demás–, no podemos ser indiferentes ante tal iniciativa, tanto en su forma como en su fondo.

Definir a nivel constitucional limitaciones a acuerdos sociales de rango legal, como el matrimonio y los procesos de adopción, supone un choque frontal con la idea de una Constitución que busca limitar el poder del Estado en favor de las personas, así como apuntar a establecer principios de neutralidad y las reglas del juego fundamentales, que faciliten la deliberación social y política en que se sustenta nuestro régimen democrático. Así, mientras la pretensión de incorporar con rango constitucional una norma como la señalada, compromete seriamente una visión liberal y democrática de nuestra Carta Fundamental, la finalidad de establecer que la principal forma de erigir una familia es el matrimonio (…) entre un hombre y una mujer, así como que al mismo tiempo las consecuencias jurídicas de este vínculo matrimonial deben remitirse sólo a éste -como es el caso de la adopción-, desconoce de manera violenta aquellos derechos fundamentales basados en la dignidad del ser humano, como el de igualdad ante la ley, de diversidad y no discriminación arbitraria.

¿Existe alguna razón plausible para negar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo? La razón invocada de manera más frecuente es que el matrimonio tiene como fin esencial la procreación. Si bien el Artículo 102 del Código Civil establece la procreación como uno de los fines del matrimonio nada obsta que el contrato matrimonial –como cualquier contrato o convención- pueda ser modificado si la sociedad así lo estima. Más aún, llevado al extremo, el reduccionismo argumentativo de la procreación llevaría al sin sentido que las parejas impotentes o de la tercera edad no pudieran contraer matrimonio.

Por otra parte, se señala que el matrimonio entre personas del mismo sexo dañaría la institución de la familia. No obstante, precisamente porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar a un niño, lejos de socavar esta institución social esencial, la refuerza y la enriquece. Esta visión amplia, por lo demás, es la que considera nuestra Constitución, acertadamente a nuestro juicio, al no definir un tipo único y exclusivo de familia, ni menos reducirla a una basada en relaciones afectivas matrimoniales, entre personas de distinto sexo.

En una sociedad de libertades e inclusiva, el ordenamiento jurídico debe siempre respetar el derecho de todas las personas a construir sus propios proyectos de vida, sin interferencias externas arbitrarias. Así, el matrimonio, en tanto vínculo jurídico vigente en nuestra legislación, no puede discriminar entre los diversos miembros de la sociedad. Permitir que la institución del matrimonio esté disponible para todos, dice mucho acerca de la sociedad que somos y en la que queremos vivir. Una en que no haya ciudadanos de primera y de segunda clase. Una que adhiera a un principio fundamental de toda Constitución que se precie de tal: que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Vaya que no es poco.

Lorena Recabarren  

Directora Ejecutiva Horizontal