Una subsidiariedad anclada en la solidaridad (y viceversa) protege y fomenta la vitalidad de la sociedad civil, pues busca que las personas sean protagonistas de su propio destino mediante la participación activa en la vida común; y es en función de esa misma realidad —la importancia de la vida comunitaria— que las asociaciones mayores están llamadas a asistir a las menores. El Estado, por supuesto, no es la excepción.
Publicado el 07.03.2017
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Hay quienes observan con recelo la creciente presencia de categorías como solidaridad en el discurso político de la oposición. Desde luego, la idea de que “basta con la subsidiariedad de siempre” no es demasiado rigurosa ni persuasiva, y además parece ir en retirada. De un tiempo a esta parte se ha ido configurando una amplia convicción en sentido contrario, en torno a la necesidad de ampliar los lentes con los que la derecha miró la realidad durante las últimas décadas (por dar sólo un ejemplo, el reciente documento programático de la UDI promueve un “Estado robusto” y destaca la importancia del espacio público, entre otras nociones semejantes).

Con todo, puede ser útil hacerse cargo de la crítica. La pregunta, en su mejor versión, podría ser formulada como sigue: ¿por qué sería beneficioso el auge de la solidaridad? La respuesta exige un breve rodeo.

Al menos desde 2011, las líneas matrices del régimen post dictadura están en el ojo del huracán, y si hay un concepto que ha sido utilizado (por partidarios y detractores) para describir la esencia de aquel régimen, dicho concepto ha sido el de subsidiariedad. Después de todo, se trata del “principio operativo” de la modernización capitalista chilena, según la acertada expresión de Mario Góngora. Cuestionada ésta, naturalmente se impugna su principio. En especial considerando que en nuestro país, hasta hace muy poco atrás, moros y cristianos solían asumir que la subsidiariedad exige un Estado ausente por definición.

Conviene notar que el escepticismo respecto de la subsidiariedad dista de ser patrimonio exclusivo de la extrema izquierda. Ricardo Lagos, a quien nadie identificaría con la vertiente más revolucionaria del socialismo criollo, ha reiterado una y otra vez que jamás apoyará el rol subsidiario del Estado. Es probable que Lagos entienda poco lo que dice —en su último libro a ratos respalda algo muy similar a la subsidiariedad—, pero la confusión no debiera ser motivo de sorpresa. Por razones que deben continuar siendo exploradas (¿el problema consiste en la articulación política de Jaime Guzmán?, ¿en la aplicación de sus herederos?, ¿en otra cosa?), la subsidiariedad aquí no sólo ha tendido a reducirse al ámbito económico. Además, para muchos ella es sinónimo de una particular ideología: la del “Estado mínimo”.

En este punto asoma un primer aporte de la reivindicación de la solidaridad. Si detractores y (varios) partidarios han identificado al Estado subsidiario con uno ausente por definición, y si además hoy pareciera abogarse por mayores niveles de equidad social, explicitar el vínculo entre solidaridad y subsidiariedad puede ser muy beneficioso. La solidaridad nos recuerda que en último término, y según el rol y circunstancias de cada cual, todos somos responsables de todos, y eso ayuda a vislumbrar y hacer creíble el auténtico significado de la subsidiariedad.

Una subsidiariedad anclada en la solidaridad (y viceversa) protege y fomenta la vitalidad de la sociedad civil, pues busca que las personas sean protagonistas de su propio destino mediante la participación activa en la vida común; y es en función de esa misma realidad —la importancia de la vida comunitaria— que las asociaciones mayores están llamadas a asistir a las menores. El Estado, por supuesto, no es la excepción.

Pero hay más. Al favorecer la articulación de un concepto robusto de subsidiariedad, la solidaridad ofrece puntos de encuentro entre aquellos que, rechazando la ideología del “Estado mínimo”, valoran el significado original y mancomunado de estos principios. Es el caso de grupos como “Progresismo con progreso”, liderado por Mariana Aylwin, y de otros emblemáticos dirigentes de la Democracia Cristiana, según se advierte al revisar el documento entregado por la “Comisión técnica constitucional” de este partido en agosto de 2015 (suscrito por Jorge Correa, Gutenberg Martínez y Patricio Zapata, entre otros).

Con todo, lo más relevante guarda relación con lo siguiente. Recalcar la estrecha relación entre subsidiariedad y solidaridad también puede contribuir a comprender y enfrentar mejor nuestros desafíos actuales, en la medida que permite repensar instituciones y polémicas ineludibles en el Chile de hoy. Es lo que muestra el reciente libro Desarrollo humano y solidario. Nuevas ideas para Chile (IdeaPaís y Fundación Hanns Seidel, 2017). A partir de este renovado énfasis en la solidaridad ahí se ofrecen sugerentes perspectivas y arreglos institucionales en materia previsional, de salud pública, educacional, de familia, acerca de la focalización de los recursos públicos, etc.

En suma, el resurgimiento de la solidaridad como principio social pareciera abrir nuevos horizontes. Sin duda se trata de un ejercicio en curso —y que, por lo mismo, debe continuar siendo desarrollado y especificado—, pero desde ya es pertinente notar que dicho ejercicio encuentra sólidas bases teóricas y prácticas. Como bien dijera John Finnis, las comunidades políticas no sólo existen en virtud de acuerdos interesados, sino también “como una expresión de benevolencia desinteresada, reforzada por el reconocimiento agradecido de lo que uno debe a la comunidad en la que uno se ha criado […] y reforzada adicionalmente por una determinación de no ser un ‘polizón’ que arbitrariamente procura quedarse con los beneficios sin aceptar las cargas de la interdependencia comunitaria”.

Hasta donde me es posible advertir, recordar y tomarse en serio esa interdependencia representa una excelente noticia no sólo para Chile Vamos, sino para el debate público nacional en su generalidad.

 

Claudio Alvarado R., Instituto de Estudios de la Sociedad

 

 

FOTO: SEBASTIAN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO