Las razones son más que evidentes, atendibles y justifican la estrategia de La Moneda.
Publicado el 16.02.2016
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En las últimas semanas han surgido toda clase de clamores transversales a nivel político para cesar de sus funciones a Cristián Riquelme, el administrador de los activos y secretos más recónditos de La Moneda. A las consabidas acusaciones que lo vinculan con Caval y al gestor inmobiliario Juan Díaz, y con el controvertido formateo del computador de Sebastián Dávalos, ahora se suma su premeditado ocultamiento de información patrimonial y de intereses amparándose en la ley 16.628.

Pero ¿qué hace que en medio de tanta vociferación pro-transparencia y de la creciente pléyade de seguidores de Engel (proveniente sobretodo, y cual paradigma de fariseísmo, de buena parte del Parlamento y partidos políticos que hoy están en el ojo del huracán de la probidad), el gobierno de Bachelet se niegue a deshacerse de uno de los últimos estertores de peso de la G-90 de Peñailillo y sus prácticas oscuras en el gobierno? Las razones son más que evidentes, atendibles y justifican la estrategia de La Moneda.

En primer lugar, Riquelme y su posición estratégica en la campaña de Bachelet lo hacen una pieza sumamente peligrosa para el gobierno y la Presidenta en la arista SQM de financiamiento ilegal de la política. Más peligrosa incluso que el mismo Martelli, toda vez que el actual administrador de La Moneda habría operado como uno de los principales conductos para recibir los aportes de SQM canalizados a través de la sociedad de Giorgio Martelli, AyN. Por lo tanto, el cesarlo de sus funciones y dejarlo a merced de la Fiscalía y comisiones investigadoras del Parlamento, sin el respaldo formal, político e institucional del Ejecutivo, podría describir un camino sin retorno para vincular directamente a la Presidenta en dicho escándalo. No sólo al nivel de revelarla como eventual facilitadora de boletas ideológicamente falsas (misma acusación que hoy recae sobre ME-O o se intenta vincular a Piñera). Sino de generar un vacío de poder y legitimidad de la política y las instituciones que la representan sin precedentes.

Segundo, no existe la necesidad formal ni legal de hacerlo. Tal como lo han manifestado de forma majadera diversas autoridades de gobierno, al señor Riquelme no se le puede abrir un sumario, pues no existen antecedentes legales, ni requerimientos jurídicos de ninguna especie para ello. Y lo más probable es que tampoco los haya. Esto, si se sigue la tesis de algunos de los políticos no oficialistas más afectados por las aristas que abrió el caso Penta, que señala que en la tan negociada nominación del actual Fiscal Nacional, probablemente se establecieron algunas precondiciones y premios de consuelo como para no tocar a personajes y campañas emblemáticas de la Nueva Mayoría beneficiadas con financiamiento ilegal.

Tercero, y desde un punto de vista estratégico-comunicacional, la posibilidad de prescindir de los servicios de Riquelme tendría que haberse gestado y negociado convenientemente con los primeros coletazos en La Moneda del caso Caval y SQM. El hacerlo ahora, además de extemporáneo, sólo revela culpabilidad y deja en muy mal pie a la Presidenta.

Por último, y desde un punto de vista ético y su consiguiente valoración y repercusión ciudadana, la evidencia señala que tampoco existe una justificación que amerite relevar de sus funciones a Riquelme. En unas semanas políticas caracterizadas por el escándalo de este prócer de la G-90, la valoración de la Presidenta y la gestión de su gabinete registran un alza en la última encuesta CADEM. Esto coincide con recientes estudios que demuestran que si se hace un track mensual de las mediciones de CADEM, las áreas de gestión del gobierno valoradas por la ciudadanía que más se relacionan con la aprobación presidencial son la economía, salud, educación y delincuencia. En los últimos lugares aparece la gestión de la corrupción (Portales, 2015, 2016). En esa línea, quienes más castigan hoy a Bachelet son los segmentos más vulnerables ante los vaivenes económicos, el drama de la delincuencia y las promesas incumplidas de cambio material estructural a nivel de salud y educación.

Todas estas razones parecen entonces más que suficientes para explicar por qué Bachelet no puede y debe deshacerse de Riquelme.

 

Juan Cristóbal Portales, Director Magíster Comunicación Estratégica UAI.

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.