Abordar la sobrecogedora realidad de las cárceles exige generar conciencia y romper con el “populismo penal”, que desconoce la “muerte en vida” a la que están expuestos quienes están condenados en Chile.
Publicado el 02.07.2018
Comparte:

Luego que la prensa y las redes sociales nos sorprendieran con la brutal tortura sufrida por dos ecuatorianos al interior del penal Santiago I, inculpados por el asesinato de una auxiliar que prestaba servicios a la Universidad de Chile, es natural que vuelvan a la luz pública las inhumanas condiciones en las que se encuentran aquellas personas privadas de libertad. Así, en esa misma línea, la movilización iniciada por los gendarmes dirigida a captar visibilidad pública nos recuerda que los presos ocupan el último lugar en las prioridades políticas de nuestro país.

Con todo, no se trata de un tema nuevo. Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema durante el 2017 da cuenta de la preocupante realidad carcelaria de nuestro país: el 40% de los recintos penitenciarios está sobrepoblado, impidiendo a quienes lo habitan guardar un mínimo indispensable de privacidad; cerca de un tercio de la población penal no se encuentra cumpliendo condena, sino que ha sido derivada a estos centros para el cumplimiento de prisión preventiva, situando a personas judicialmente distintas en similares circunstancias; entre otros inaceptables casos, como por ejemplo, internos que no reciben comida durante 16 horas en algunos centros de reclusión o la existencia de sólo dos establecimientos con agua caliente.

La “cultura del descarte”, esa misma que ha denunciado el Papa Francisco durante su visita a Chile, es probablemente una de las faltas más graves de nuestra sociedad, al enceguecernos frente a la necesidad del otro y al impedirnos distinguir entre lo humano y lo material. De allí que resulte más fácil eliminar a los que estorban sin siquiera preguntarnos por las condiciones en las que se encuentran o si es razonable relegarlos a la pereza, al ocio y al cumplimiento de una condena que muchas veces horada lo más profundo de ellos.

En esa línea, tal como señala la Organización de Naciones Unidas en su documento Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, pesa sobre los estados el compromiso de no añadir a la privación de libertad mayor sufrimiento de la que ésta presenta, entendiendo, luego, que dicha privación no debiese “suspender” la dignidad de las personas. Con todo, y como hacen patentes los hechos descritos, tal cometido parece estar muy lejos de alcanzarse, tanto desde la óptica de lo material ―condiciones inhumanas y funcionarios desprovistos de medios necesarios―, pero, por sobre todo, respecto al ambiente desesperanzador que estas verdaderas “universidades del delito” generan: ¿qué esperar de quienes pueden pasar hasta 16 horas diarias encerrados?

Abordar esta sobrecogedora realidad exige generar conciencia y romper con el “populismo penal” que desconoce la “muerte en vida” a la que están expuestos quienes están condenados en Chile. Implica también levantar una agenda política que visibilice un problema tan ignorado, entendiendo, por cierto, que un compromiso por el desarrollo humano integral de las personas debiese buscarse en todos los chilenos, sin distinciones ni matices. Por último, y como consecuencia de lo anterior, es muy importante crear el Servicio Nacional de Reinserción Social, terminando con el doble rol de custodio y agente resocializador depositado en Gendarmería, el cual, por su propia naturaleza, no puede cumplir ambas funciones. Sólo así permitiremos que todo condenado cuente con la posibilidad real de volver a participar de la sociedad una vez cumplida su condena.

Por todo lo ya dicho, el Gobierno tiene la oportunidad de jugársela en serio por los más vulnerables de nuestro país, independiente de su mérito, lugar o pasado, entendiendo que poner el acento en el nocivo populismo penal, que busca hacer política con el endurecimiento de las penas, pasa por alto que el derecho no es otra cosa que la ultima ratio con la que el Estado cuenta para proteger a sus ciudadanos; y que, sanciones más drásticas, pueden terminar siendo un muy mal negocio para el país.

Quizá, si realmente creyésemos en la opción preferencial por los más débiles, debiésemos como mínimo, poner a los presos en la fila.

Pablo Valderrama, Director Ejecutivo de IdeaPaís

 

FOTO: ADRIANA RAMIREZ/AGENCIAUNO