La sola comparación de lo que se imputa a Penta con el caso MOP-Gate es odiosa y tendenciosa.
Publicado el 28.09.2014
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Es probable que entremos en un nuevo periodo de debate sobre el financiamiento de la política y, en el ambiente actual, seguramente transitaremos por la misma lógica de los “derechos sociales” que pautea todos los proyectos de la Nueva Mayoría. Lo que será un nuevo error que contaminará, más de lo que sanará, las carencias del sistema actual.

El derecho de cada persona para apoyar las opciones políticas de su preferencia, es consecuencia directa de otros dos derechos esenciales: el de propiedad y el de libertad de expresión. Una regulación que no garantice el pleno ejercicio de ambos es una mala regulación y que, a la larga, no se sostiene. Algunos prestan esa colaboración con trabajo, apoyando en el reparto de publicidad, colaborando en sedes de campaña, etc. En esa misma línea, otros lo hacen dando soporte intelectual, ayudando en la elaboración de propuestas, programas y contribuciones semejantes.

Pero también está el que prefiere ayudar con recursos económicos, donando aquello que se ha ganado con su trabajo. En este caso pueden ser personas naturales o jurídicas. Algunos sostienen que las empresas no tienen preferencia, sino intereses, razón por la cual no deberían tener la posibilidad de apoyar candidaturas. Pero eso es discutible, por cuanto las personas jurídicas tienen voluntad capaz de producir efecto jurídico, tienen deberes cívicos tan importantes como pagar impuestos y, obviamente, tienen la capacidad de donar a distintos fines, lo que es justamente celebrado cada vez que se realiza la Teletón.

El argumento de que en política la empresa tiene intereses y por ello no podría donar, parece más bien una forma de inhibir el aporte de los empresarios, porque no se ve razón para que después de que se prohíba a la empresa donar a la política, sí se le va a permitir al socio, o al accionista, en circunstancias que respecto de él debiera existir la misma razón. La lógica indica que, de aceptarse este razonamiento, caminamos inevitablemente a que los empresarios verán severamente restringido el monto de sus aportes, si es que no eliminado completamente.

Así se restringe el ejercicio de derechos fundamentales, en aras de una supuesta justicia que busca impedir que algunas opciones políticas tengan más recursos que otras, imponiendo un objetivo secundario, e incluso discutible en sí mismo, por sobre dos derechos cuyo ejercicio son fundamentales para vivir en una sociedad libre.

Si se considera a la política como un bien público que debe ser financiado única, o preferentemente por el Estado, en aras de esa igualdad que hoy se alza como vara de todo lo justo, habremos perdido como sociedad un espacio más de libertad y otra cuota de poder pasará desde las personas hacia el Estado. Tanto o más importante, destinaremos recursos que tienen múltiples destinos sociales más urgentes, importantes y justos, en aras de una supuesta necesidad de igualdad en la política.

Esto me lleva inevitablemente a la comparación que ya se comienza a hacer entre el denominado caso MOP-Gate y lo que ha aparecido en la prensa sobre aportes de campaña que habría hecho el grupo Penta. Son incomparables ambas situaciones, por cuanto el desvío de fondos públicos para fines políticos es esencialmente ilegítimo, ya que se está causando un daño directo a los más pobres, que son los que reciben el apoyo y las transferencias del Estado. En el caso de Penta, si fuera efectivo lo que ha trascendido es, cuando más, el ejercicio de un derecho realizado bajo un procedimiento incorrecto. 

No se me escapa que todo falso gasto imputado permite un pago menor de impuestos, pero, aparte de que se trata solo de una fracción de lo aportado, hay una diferencia cualitativa muy importante. El desvío de fondos públicos es hecho por un funcionario del Estado, que actúa en el ejercicio de una potestad pública y en el que la sociedad ha depositado una confianza especial. La sola comparación es odiosa y tendenciosa.

Las proyecciones económicas advierten que, como consecuencia del menor crecimiento, en los próximos años el Estado perderá en recaudación aproximadamente lo mismo que recibirá por el incremento en las tasas. Entonces, nos encontraremos con una gran cantidad de expectativas insatisfechas, aumentar la brecha transfiriendo gastos al erario público es llevar a nuestra sociedad a un callejón sin salida y el inevitable golpe contra la pared al final del camino lo hemos vivido antes y lo vemos en otros países en crisis fiscal.  No es un futuro alentador.

Si “política gratuita y de calidad para todos” es la consigna que viene, sólo queda recordar que, como reza el viejo dicho, no existe comida gratis y aquí la cuenta no la van a pagar los que están invitando al banquete.

 

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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