La resolución del juez Madrid en el caso Frei Montalva es susceptible de recursos a tribunales superiores que pueden revocar sus decisiones y la Presidenta de la República no debiera opinar en esta etapa del proceso, pues está interfiriendo en las decisiones de otro poder del Estado que es independiente del Poder Ejecutivo. Esto es especialmente cierto dada la precariedad de la acusación.
Publicado el 17.08.2017
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Recientemente, el juez Alejandro Madrid ha acusado a seis personas de participar en el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Esta acusación, a la que nos referiremos más adelante, ha merecido el siguiente comentario de la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta de Twitter: “La justicia está llegando a quienes asesinaron al Pdte Frei Montalva. Chile avanza en verdad sobre el pasado. Todo mi afecto a la familia.”

Es grave que la Presidenta intervenga de esta manera en las decisiones del Poder Judicial. La resolución del juez Madrid es susceptible de recursos a tribunales superiores que pueden revocar sus decisiones y la Presidenta de la República no debiera opinar en esta etapa del proceso, pues está interfiriendo en las decisiones de otro poder del Estado que es independiente del Poder Ejecutivo.

Esto es especialmente cierto dada la precariedad de la acusación del juez Madrid.

No se necesita ser abogado para saber que el Derecho Penal, que puede llevar a la cárcel a una persona, y en algunos casos a perder la vida incluso, en otras latitudes, es extraordinariamente exigente a la hora de probar una acusación. De partida, sabemos que es especialmente estricto en la tipificación de los delitos: nadie puede ser condenado por una conducta que no está suficientemente descrita en la ley con anterioridad a los hechos. Esta seguridad jurídica es esencial para cautelar los derechos de las personas.

Pero sabemos, además, que tipificado el delito, el derecho penal también es exigente a la hora de acreditar los medios de prueba con que el acusador (el juez en el antiguo sistema penal) demuestra la participación en el delito de una persona, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor.

La acusación que hemos conocido sostiene que hay presunciones judiciales que permiten tener por suficientemente comprobado que el fallecimiento del ex Presidente de la República, acaecido el día 22 de enero de 1982, fue ocasionado, por una parte, por “la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la Clínica Santa María.”

La otra causa de muerte es “la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado Transfer Factor, y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias  o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas.”

¿Son propios este lenguaje y la calidad de la argumentación de la acusación del juez Madrid, del alto estándar de prueba que comentábamos antes? Pareciera que no.

Pero eso no es todo. Hay antecedentes que operan en la dirección contraria a las conclusiones anteriores. El ministro Alejandro Madrid ordenó un peritaje para establecer las causas del deceso, y sus resultados descartaron que Frei Montalva haya sido envenenado con gas mostaza y talio. Según informó El Mercurio, los análisis fueron encargados a un laboratorio extranjero para determinar si se encontraban nuevas huellas de sustancias tóxicas en sus restos.

El informe señala: “El estudio proteómico es compatible con una muerte por un shock séptico. No hay presencia de sustancias tóxicas que, por su naturaleza o concentraciones, hayan podido tener relevancia en la muerte de Frei”, concluye el informe del tanatólogo español Aurelio Luna. El profesional, que también estuvo a cargo de los peritajes a los restos del poeta Pablo Neruda, trabajó con el médico legista y máster en Medicina Forense del Servicio Médico Legal (SML), el chileno Germán Tapia. Otra de las conclusiones del peritaje es que el “TDG y el ácido glicólico presentes en las muestras se encuentran en concentraciones muy bajas y sin la presencia de otros metabolitos específicos de la degradación de gas mostaza”. “El hallazgo no nos permite afirmar que su procedencia sea la administración de gas mostaza. Su origen puede deberse al metabolismo de cualesquiera de las sustancias que pueden generarlo (pesticidas, industria química, industria farmacéutica)”, añade. Y sobre las concentraciones de talio halladas en muestras de cabello, órganos y restos óseos, sostiene: “Nos permiten afirmar que son concentraciones inferiores a las detectadas en estudios previos, y que no presentan relación con el fallecimiento”.

Si bien un peritaje realizado en Chile dio pie a las débiles conclusiones de la resolución del juez, el informe internacional las descarta. Hay que señalar, adicionalmente, que Madrid acusa al doctor Patricio Silva Garín, el médico tratante del ex Presidente, de participar en el supuesto crimen. Silva fue subsecretario de Salud durante la Presidencia de Frei Montalva y un hombre de su absoluta confianza. También se acusa a los médicos que participaron en la autopsia del cadáver del ex mandatario, dos destacados especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica.

Las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile en nuestro pasado reciente son graves y la sociedad debe tomar los recaudos para que ellas no se vuelvan a repetir. Pero entre ellos no están, por cierto, acusaciones sin fundamento que no cumplen un mínimo estándar. Estas sólo degradan la causa de los derechos humanos, pues cargan con la oscura sospecha de estar utilizando al Poder Judicial para obtener provecho político.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

FOTO: PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO

 

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