Cualquiera que esté del lado del debate auténtico de ideas y la búsqueda honesta de la verdad, debería estar abierto a que las universidades con ideario explícito puedan desarrollarse para aportar al debate y al desarrollo de distintas explicaciones y soluciones a los fenómenos sociales que hoy nos tensionan, y que no son más que una manifestación concreta de la diversidad real que existe en la sociedad.
Publicado el 04.04.2016
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En estos días se ha vuelto a poner sobre la mesa la aparente tensión que existiría entre pluralismo, rol público y financiamiento a las universidades con ideario explícito. Todo ello, en el contexto de una inminente reforma a la educación superior y el debate sobre la prestación de polémicas políticas sanitarias.

No pretendo entrar en la arista más bullada de este debate —que es la objeción de conciencia en el caso del aborto— donde, como sabemos, los dardos apuntan con nombre y apellido hacia la Pontificia Universidad Católica de Chile. En cambio, quisiera dar una vuelta de tuerca con el objeto de reflexionar sobre el rol de las comunidades universitarias y cuáles son las condiciones que se deben garantizar para que éstas logren impactar positivamente en la sociedad.

Las universidades no son instituciones que nacen de la mera espontaneidad como un acto probabilístico que aúna voluntades. Son comunidades que nacen con un claro fin y donde cada uno de sus miembros tiene un rol específico que jugar. Así, las universidades son fundadas en base a una identidad, la cual se estructura en relación al objetivo que persigue, esto es, dedicar su actividad, desde el alero de una tradición a la reflexión y el debate para ampliar las barreras del conocimiento y acercarse cada vez más a la verdad, ya sea científica, filosófica, moral, etc. Es en razón de esto, de hecho, que podemos diferenciar a una universidad de un centro de reflexión o de un think tank.

Así, todos los miembros de la universidad se entienden como partícipes del elemento que les da unidad y que funda la comunidad. En este sentido, el ideario debería ser un sello que se imprime en todo el quehacer universitario, modelando cuestiones concretas tales como el enfoque de las mallas, las líneas investigativas que se privilegian, o hasta mecanismos de contratación para asegurar la concordancia con este ideario que se manifiesta. Se trata de un criterio que define el “desde dónde” se desarrolla la actividad universitaria y no una cortapisa que limita la libertad académica. Una característica que, por más que no sea explícita y transparente, siempre está presente en la universidad, incluso si la vestimos con el velo de la “neutralidad ilustrada”.

En suma, el rol que juegan las universidades es fundamental, tanto en la dimensión política como en la dimensión de los bienes que generan, como son la investigación, acceso a mayores años de educación formal, vínculo con el medio, soluciones a problemáticas sociales, fomento de áreas como la cultura y las artes que quedan fuera de las lógicas eficientitas del mercado, entre muchos otros.

Sin embargo, muchas veces se olvida el rol político que encubiertamente juega en relación con los equilibrios de poder. No un rol político que supedita la lógica científica a los criterios partidistas, sino un poder informal que ayuda, a través de la reflexión y la elaboración de juicios críticos a la administración del poder a limitarlo y tensionarlo. De ahí su importancia para contrarrestar la concentración de poderío que naturalmente quiere el Estado. Las instituciones intermedias generan este tipo de contrapesos y la universidad, dada su función y los medios con los que cuenta, es la que mejor debería hacerlo.

En consecuencia, se desprende que el sistema universitario requiere una vocación pluralista del Estado frente a estas comunidades, apuntando a un aseguramiento real de que exista un equilibrio de poderes. Así, es un bien social que exista financiamiento para universidades con ideario explícito, el cual, legítimamente aporta a la sociedad, y eso implica un respeto por la identidad en las diversas manifestaciones que ella tiene. Aprovecharse de un concepto estrecho de lo público para eliminar este bien que está en juego es de una irresponsabilidad que sólo cabe en aquellos que entienden “lo público” como eso que solo nace desde la neutralidad del Estado, posición que termina imponiendo —paradojalmente— “el ideario explícito de la neutralidad”.

Con todo, es muy común ver, sobre todo desde la nueva izquierda representada por ex líderes estudiantiles, un cuestionamiento al financiamiento público a este tipo de estas universidades. Un lamentable hecho que no hace más que aumentar la concentración de poder y erosionar al ya menoscabado sistema de universidades chileno en favor de las auto elevadas universidades estatales. Cualquiera que esté del lado del debate auténtico de ideas y la búsqueda honesta de la verdad —lo que exige, por cierto, estar dispuesto a ceder en el terreno ideológico— debería estar abierto a que las universidades con ideario explícito puedan desarrollarse para aportar al debate y al desarrollo de distintas explicaciones y soluciones a los fenómenos sociales que hoy nos tensionan, y que no son más que una manifestación concreta de la diversidad real que existe en la sociedad.

Detrás de este rechazo a la idea de objeción de conciencia institucional, que puede parecer una pelea chica, se esconde una cuestión de suma importancia para la sociedad completa, la cual lleva a cuestionarnos en profundidad sobre la idea de universidad que queremos y cuál es la relación que el Estado debería jugar para asegurarles a todas ellas, sin excepciones arbitrarias, condiciones de pluralismo y la libertad académica. Un pluralismo que efectivamente garantice que las críticas que algunos le hacen a las universidades con ideario explícito no se transformen en un abuso de una posición dominante con el objetivo de homogeneizar la sociedad a la pinta de algunos.

 

Cristóbal Ruiz-Tagle C., Director de Estudios IdeaPaís.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO