El asunto no radica, a nuestro juicio, en domiciliarse en La Moneda o en llevar como testigos a personas que pertenecen a su equipo de trabajo, sino en la intención que hay detrás de esta querella: el hecho de renovar las dudas sobre su participación en esta situación dolorosa e inevitable no es admisible, se trata de un tema tabú, odioso y el que se atreva a ello deberá arriesgar que se le acuse de haber cometido un delito.
Publicado el 06.06.2016
Comparte:

La querella de la Presidenta de la República Michelle Bachelet contra director y periodistas de Revista Qué Pasa parece tener poco destino, tanto jurídico como político. Sin embargo, como el resultado final le corresponde a los tribunales, lo que resulta hoy más interesante es analizar la situación que en ésta se ha dado y sus consecuencias en el marco de los derechos fundamentales de nuestro país.

El caso Caval ha sido siempre complejo para la Mandataria, no sólo porque han resultado involucrados en él su hijo y su nuera –lo cual ya era de suyo desafortunado-, sino porque se ha tratado, sobre todo respecto del primero, de una persona que gozó del favor de su madre para desempeñar cargos de su confianza y mantenerse cercano afectiva y materialmente a ésta. Por eso es que el primer gran capítulo de esta novela, que aún dura, ha girado en torno a la pregunta de si realmente la Presidenta pudo enterarse solamente por la prensa y a posteriori de una situación tan grave, que involucró a personas de diversos colores y poderes, y que ha ido demostrando cada vez mayores facetas, todas negativas.

Así, la información que pueda dar luces acerca de esa primera pregunta, no es atractiva por el puro morbo del público, sino porque en cualquier país del mundo importa saber si quienes ostentan los más altos cargos están o no involucrados en malas prácticas de los familiares a los que ellos mismos han puesto en posiciones visibles frente a la sociedad.

En ese sentido –vale la pena recordarlo–, los gobernantes no gozan de “derechos reducidos” o de menor rango que los ciudadanos comunes, sino que de los mismos derechos que éstos: la diferencia radica en cómo se ponderan cuando entran en eventuales o reales conflictos con otros. En efecto: el interés que podemos tener como audiencia en la eventual participación de un particular en delitos o irregularidades de su familia es infinitamente menor al que nos asiste para averiguar si ello mismo sucede con representantes de todos los chilenos. En tal caso, hay un poderoso interés público que explicará la demanda de datos e informaciones y la necesidad de contrastación de éstas con la realidad.

Ante tal justificada presión, los medios sirven al derecho a la información del público cuando comunican los avances de un proceso judicial, más aún si están sometidos a reserva ni han sido legalmente controvertidos. ¿Es acaso indebido o atentatorio contra los derechos de las personas informar que otras las acusan o las sindican de culpables? Si así fuera, no se podría hacer mención a procedimiento infraccional o criminal alguno, los que se caracterizan por la significancia de versiones y argumentos contrapuestos. Lo que repugna al derecho y a la ética periodística es dar por culpables a los sujetos basándose en los dichos de una sola parte, es decir, despreciando la bilateralidad de la audiencia o la presunción de inocencia.

En el caso que nos ocupa, se han reproducido declaraciones que constan en el proceso, precisando que no consta su veracidad y los antecedentes de quien las formuló son de público conocimiento: ¿sólo pueden publicarse los dichos de gente de irreprochable conducta?, ¿si el testigo o el imputado miente es culpa del medio que transcribió lo que aparece en el expediente? Más aún: ¿el Presidente puede exigir que, si se publica algo a su respecto, ello deba hacerse sólo cuando el declarante sea probo, el escenario sea nítido y la información sea indiscutiblemente cierta? Tal pretensión transforma nuestra reflexión sobre la honra y la privacidad presidenciales, pues en vez de considerarse más expuestos a la ponderación del interés público en democracia, parecen aludir a la situación intocable de líderes de modelos autocráticos.

La pura insinuación de privilegios de esta especie afecta el clima de las libertades públicas en Chile, el que tanto ha buscado apoyarse en la igualdad y en el principio de transparencia. Considerar, así, que las autoridades están llamadas a defenderse en los tribunales del crimen por la difusión de realidades que no les gustan, no es otra cosa que advertirle a los medios que la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad –no siempre su hallazgo– sólo son posibles respecto de personas comunes: las que solicitan ejercer su derecho a respuesta o mandan una carta al director y no suelen darse por injuriadas.

La Presidenta es mujer y madre, su sensibilidad en esos temas es un elemento apreciado por sus electores, pero en su decisión de perseguir a los portadores de malas noticias no ha actuado como una particular más. El asunto no radica, a nuestro juicio, en domiciliarse en La Moneda o en llevar como testigos a personas que pertenecen a su equipo de trabajo, sino en la intención que hay detrás de esta querella: el hecho de renovar las dudas sobre su participación en esta situación dolorosa e inevitable no es admisible, se trata de un tema tabú, odioso y el que se atreva a ello deberá arriesgar que se le acuse de haber cometido un delito.

 

Ángela Vivanco Martínez, Profesora de Derecho Constitucional UC.

 

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO