Lo sorprendente es que a partir de un problema objetivo —que los ciudadanos están obteniendo bajas pensiones— hayamos llegado a la conclusión de que la solución es eliminar a las administradoras y volver al sistema de reparto, que está quebrado en todas partes del mundo, como sabemos.
Publicado el 14.05.2017
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En nuestra sociedad se ha venido haciendo conocido un nuevo término que podría explicar en parte lo que nos ocurre y, si lo aplicamos exclusivamente al tema de las pensiones, podemos observar que la “post verdad” pasó a ser la mayor protagonista.

Este término se refiere a que, en la sociedad actual, los hechos ciertos pasan a ser menos importantes o llamativos que las afirmaciones que apelan a las emociones de la audiencia aun sin tener evidencia que las respalde. De esta forma, es posible manipular a las masas a través de eslóganes que son claramente falsos, pero que generan una ilusión o esperanza en quien los escucha de que determinado personaje es un mago y podrá sacar de su sombrero todos los conejos que siempre quisimos, pero no hemos podido conseguir.

Basándonos en los hechos, en las pensiones nos encontramos con que el movimiento No+AFP se inició tras una noticia que dejó a todos sorprendidos: la Sra. Olate, ex mujer de un connotado político, se había desempeñado por unos pocos años en un cargo administrativo en Gendarmería y recibía una pensión de más de $ 5 millones, financiada con recursos públicos, es decir, con nuestros impuestos. Este monto es aproximadamente diez veces superior al promedio del mercado. Si creen que es sólo una coincidencia, permítanme dudarlo. Todo efecto tiene una causa, como dicen, por lo que muchos se preguntan “¿Y por qué a mí no?”

De ahí surgió el movimiento que nos quiere hacer creer que el problema de las bajas jubilaciones se debe a que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacen mal su labor. Ahora pasemos a los hechos.

Las administradoras están reguladas absolutamente por ley. No pueden invertir dónde se les dé la gana y deben garantizar una rentabilidad mínima que se mide en comparación con el promedio del mercado. Si la rentabilidad es menor a ese mínimo, la administradora debe responder con sus recursos propios para cubrir la diferencia a los afiliados. Esto implica que sí responden con su dinero cuando lo hacen mal. Por lo demás, la rentabilidad de las administradoras desde que se creó el sistema supera con creces las estimaciones iniciales y los fondos más riesgosos en el largo plazo han sido los más rentables. Si la administración la asume el Estado, es posible que sus políticas de inversión sean más conservadoras y que eso redunde en pensiones más bajas.

¿Dónde está el problema? Claramente, no en las AFP, sino en las regulaciones establecidas por el Estado que rayan la cancha para el sistema de pensiones. Eso es lo que tenemos que corregir.

Subir el porcentaje de cotización es, sin duda, una medida en la dirección correcta. Que las mujeres tengan una edad de jubilación igual a la de los hombres también es necesario, sobre todo si la expectativa de vida de ellas es mayor. Pero esta última es una medida que nadie quiere asumir, porque va en contra de la post verdad, es decir, en contra de generar emoción positiva que les permita a los políticos obtener votos en la próxima elección, que es su objetivo principal.

Por otra parte, si el costo de esta mayor cotización del 5% que se ha propuesto es de cargo exclusivo del empleador, lo más probable es que todas aquellas pymes cuyo mayor costo es la mano de obra —y que no generan utilidades superiores al 5% de sus ventas— tengan que reducir personal, pese a que son estas empresas las que generan el 80% del empleo asalariado. De modo que, aunque sea paulatino el incremento, generará alzas en el desempleo.

Lo sorprendente es que a partir de un problema objetivo —que los ciudadanos están obteniendo bajas pensiones— hayamos llegado a la conclusión de que la solución es eliminar a las administradoras y volver al sistema de reparto, que está quebrado en todas partes del mundo, como sabemos.

Un dato sobre el cual se afirma esta post verdad es que, efectivamente, un sistema de reparto podría generar incrementos de corto plazo en las pensiones actuales, porque gran parte del ahorro para el futuro se usaría para aumentar las jubilaciones hoy. Esto tentaría a los Gobiernos de turno a utilizar dichos fondos para otros fines, por lo que cuando les llegue el momento de jubilar a nuestros hijos y nietos, se encontrarán con un tremendo pasivo como herencia del egoísmo y la ambición de sus padres y abuelos.

¿Es eso lo que queremos?

 

Lilian Ross, ingeniera comercial y MBA Universidad Católica

 

 

FOTO: JOEL ESTAY / AGENCIAUNO