Los partidarios de una cultura de la vida nos oponemos a la aplicación de la pena de muerte tanto por razones de fondo como por buenos argumentos prácticos.
Publicado el 07.02.2018
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Los últimos acontecimientos han puesto en el centro de la discusión pública la reincorporación de la pena de muerte en nuestra legislación para delitos cometidos por civiles. El dramático caso de Sophia, una niña de casi dos años que fue abusada y asesinada, presuntamente por su propio padre, ha generado una gran indignación entre los chilenos, la que se ve acrecentada por el escandaloso conflicto entre Carabineros y la Fiscalía, dos de las principales instituciones persecutoras del país. Esto genera una sensación de impunidad en el ambiente frente a delitos de alta connotación pública, como el terrorismo en la Araucanía y el temor a que casos como el de Sophia queden en el olvido.

El malestar ciudadano, la indignación y la repulsa frente a crímenes abominables -como el que conocimos- resultan entendibles y es importante responder con celeridad y justicia. Sin embargo, los parlamentarios deben evitar caer en un populismo legislativo, con leyes contradictorias, poco reflexionadas y mal ejecutadas. Un buen ejemplo de esto es la Ley Emilia, que con el afán de castigar más duramente las muertes producidas por conductores en estado de ebriedad, dejó con una sanción menor al homicidio simple, con lo que hubo que aumentar su pena. Esto generó que el hurto con resultado de muerte tuviera un castigo más liviano, con lo que, si alguien quería matar a otro, le convenía también robarle para evitar la condena del homicidio. Esto obligó al legislador a endurecer también este tipo de sanción en un encadenamiento que, a lo menos, es poco pulcro y desdice de un trabajo legislativo serio y bien hecho.

Los partidarios de una cultura de la vida nos oponemos a la aplicación de la pena de muerte tanto por razones de fondo como por buenos argumentos prácticos.

En primer lugar, la vida es el principal derecho de todo ser humano y sus limitaciones deben ser revisadas con especial cuidado. A lo largo de la historia los hombres se vieron en la necesidad de proteger sus derechos a través de declaraciones escritas. Así, la Carta Magna en Inglaterra limita la intervención ilegítima del poder real; la Declaración de Independencia de los Estados Unidos consagra que todos los hombres hemos sido creados iguales y que entre nuestros derechos inalienables se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En Chile, la Constitución Política de la República consagra de modo expreso la protección del derecho a la vida.

Tanto es así que, al momento de debatir sobre el aborto, se hizo expreso ante el Congreso Nacional que su legalización en caso del delito de violación dejaba expuesta a la mujer ante un trauma de por vida, al violador ante una pena de cárcel, y sometía al niño a una pena de muerte inmerecida. Absurdo e injusto.

Por otro lado, no es claro que la incorporación de la pena de muerte disminuya la realización de delitos violentos. Por ejemplo, en EEUU, uno de los casi 40 países que aún la consagran como castigo, los estados que la aplican no evidencian menos “delitos de sangre” que los que no la aplican. Además, sus condenas muestran un evidente sesgo racial. Una persona negra tiene entre tres y cuatro veces más posibilidades de enfrentarse a la pena capital que una blanca acusada de un delito similar. En nuestro país podríamos tener un sesgo social, en que las personas pobres –por tener una peor defensa, por ejemplo– podrían encontrarse expuestas a este castigo con mayor frecuencia.

Otro argumento práctico que desaconseja la incorporación de esta sanción es la evidente posibilidad de error judicial, que en el caso de la pena de muerte resulta irreparable en la persona del injustamente condenado y, por cierto, en su familia y entorno social.

Por último, es difícil creer que, en sociedades modernas del siglo XXI la pena de muerte sea la única forma en que la comunidad pueda defenderse adecuadamente de un agresor injusto. En esta línea, Juan Pablo II en Evangelium Vitae, reconociendo la legitimidad de la pena capital en cuanto remedio del mal causado, la desaconsejaba precisamente por “las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse”.

En la discusión que está comenzando en Chile sobre la pena de muerte es necesario poner los principios favorables a la vida por delante, y también los argumentos sólidos que sustentan nuestra posición.

 

Julio Isamit, coordinador político Republicanos

 

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

 

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