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Publicado el 18 de octubre, 2017

Papelón educacional

En corto y en simple, el gobierno pretende actuar contra la obligación legal que él mismo asumió y privar a más de 2,7 millones de estudiantes de un aumento total de 80 mil millones de pesos para sus colegios.
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Para los que se habían entusiasmado con esto del “legado” de la Nueva Mayoría –es entendible que, si ninguno de los candidatos de la izquierda supera los 20 puntos, el paupérrimo 32% de aprobación del gobierno les parezca la tierra prometida–, la tramitación a tropezones de la Ley de Presupuesto ha sido otro inoportuno balde de agua fría.

Es como si hacia el final de su período, la Presidenta Bachelet quisiera recordarnos, para que no quede sombra de olvido, cuán malo, improvisador y desafortunado fue su segundo gobierno. Hasta ahora, la Ley de Presupuesto ha tenido “un poco de todo” de lo que fueron estos ya casi cuatro años de la Nueva Mayoría: la falta de conducción presidencial; la desprolijidad; con ministros que dicen, se desdicen y contradicen por los medios, actuando con una determinada cerrazón ideológica y por los costados. En tanto, la vieja guardia de la Concertación esconde la cabeza, con mirada de vergüenza ajena, como suplicando que caiga el telón y así poder salir del escenario.

Ahora bien, de todos los fiascos de este “condensado final” de Nueva Mayoría, uno de los más graves es lo que ocurrió con la asignación de recursos para la subvención escolar. Durante la tramitación de la reforma que puso fin al copago, al lucro y a la selección en los colegios particulares subvencionados, el gobierno se comprometió a aumentar progresivamente la subvención escolar, entre otras cosas, para paliar la pérdida de recursos que generaría la prohibición del copago. Ya no serían los padres ni los colegios, sino el Estado el que controlaría la caja, asignando los recursos. Dicha compensación quedó establecida en la ley respectiva, e implicaba un aumento de 0,45 U.S.E para el año 2018. Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, en una nota al pie –la definición de “letra chica”–, señala que dicho aumento quedará congelado en el realizado el año anterior, de 0,35 U.S.E.

En corto y en simple, el gobierno pretende actuar contra la obligación legal que él mismo asumió y privar a más de 2,7 millones de estudiantes de un aumento total de 80 mil millones de pesos para sus colegios. Como adelantamos, se trata de un papelón que condensa lo que ha sido el gobierno de la Nueva Mayoría.

El problema tiene, a lo menos, tres dimensiones que es necesario destacar.

La primera es la más obvia, pero no por eso debemos dejar de recordarla. Se trata de 80 mil millones de pesos que pierde el sistema educacional. Esto se traduce en menos contrataciones, menos facilidades para mejorar la infraestructura, menos posibilidades para capacitación de los profesores, menor apoyo psicopedagógico, etc. Decimos que el sistema “perderá” estos recursos porque, en la práctica, es dinero que muchos de los colegios ya obtenían del copago y que el Estado, literalmente, les “expropió”. El gobierno prohibió el copago y, como una compensación parcial, comprometió este aumento de la subvención. Ahora dejó a esos colegios sin pan ni pedazo. Sin copago y sin aumento de subvención. El Estado es el que asigna los recursos (o deja de hacerlo), ya no son los padres ni los colegios.

Directamente relacionado con lo anterior, la segunda dimensión importante del “congelamiento” de la subvención es que muestra lo absurdo que fue privar al sistema educacional de los recursos que aportaban las familias. Resulta que hoy el gobierno se estrella frente a la realidad de la restricción presupuestaria. Sin embargo, esa realidad siempre estuvo ahí y muchos lo advertimos: en un área tan importante como la educación era evidente que, más que restar esfuerzos prohibiendo el aporte de las familias, había que sumar recursos para abrir más oportunidades a los estudiantes. Si el gobierno hubiera decidido sumar los recursos en vez de restarlos, hoy los profesores podrían obtener fondos adicionales y la educación técnica podría mejorar considerablemente; pero pesó más la ideología estatista y ya vemos los resultados.

Finalmente, relacionado a su vez con las dos anteriores, hay una tercera idea sobre la partida educacional del presupuesto 2018. Lo ocurrido prueba, una vez más, que el financiamiento educacional no puede ser monopolizado por el Estado. Mientras más diversas sean las fuentes de recursos no sólo será más fácil reunir los fondos necesarios para un sistema educacional de excelencia, sino que, tan importante como eso, menos probable será que las comunidades educativas y los estudiantes queden a merced de las decisiones del gobierno de turno. Es inaceptable que la educación y los recursos asociados estén al arbitrio de un burócrata o de un gobierno mediocre.

Un sistema de financiamiento mixto, tripartito, donde aporten las familias en la medida de sus posibilidades, el Estado, priorizando siempre a quienes más lo necesitan, y con participación de la sociedad civil, con incentivos tributarios al efecto, no sólo nos permitiría allegar más recursos a nuestros colegios, sino que prevendría papelones como el que dio este gobierno con la “letra chica” de la Ley de Presupuesto.

 

Julio Isamit, coordinador político de Republicanos

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

 

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