Los problemas financieros que hoy enfrentan las universidades con gratuidad no existían antes de esa política. Lo que se les ofrece con la nueva fórmula de cálculo de los aranceles es una solución parcial a un problema que las mismas autoridades generaron. En consecuencia, llama la atención la conformidad de los rectores.
Publicado el 03.07.2017
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La semana pasada, el Ministerio de Educación dio a conocer una nueva fórmula para el cálculo de los aranceles regulados de las instituciones de educación superior que adhirieron a la gratuidad.  Lo anterior, como una forma de enfrentar las críticas que esa política ha recibido y, especialmente, para intentar disminuir el déficit financiero que provoca en las universidades. Recordemos que, según información entregada por el propio ministerio, el déficit en un año para todo el sistema universitario fue de $20.924 millones, afectando en mayor o menor medida a 15 de las 30 universidades que se incorporaron a la gratuidad. Esta pérdida impacta directamente en la calidad de los proyectos educativos y es una consecuencia del diseño de la política de gratuidad, que se basa en la fijación de precios para las instituciones.

Según ha trascendido, el nuevo cálculo de los aranceles regulados implicaría un aporte extra para las universidades que va desde un 3% a un 12% adicional, lo que habría llevado al Consejo de Rectores a manifestarse favorablemente ante el cambio informado. Pero el apoyo que los rectores brindaron a la medida anunciada contrasta con las críticas que han formulado a la gratuidad y con el hecho evidente de que éstas no han sido abordadas correctamente.

El alcance de la reforma educacional que se discute obliga a mantener la mirada en el largo plazo, centrándose en que los aspectos esenciales del sistema se aborden adecuadamente. En ese sentido, el eje del debate ha estado en cómo la política de gratuidad afecta la justa distribución de los recursos fiscales, la autonomía de las universidades, la diversidad de proyectos educativos y la calidad del sistema, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta satisfactoria.

La situación financiera debilitada en la que se encuentran algunas universidades es precisamente consecuencia del hecho de que, por decisión propia, adhirieron a la política de gratuidad sin medir sus consecuencias. Así, la urgencia de los rectores por mejorar la situación financiera de sus instituciones no debe nublarles la vista, cuidándose de amparar medidas oficiales que por menos malas no son mejores. No olvidemos que el cambio en la fórmula de cálculo de los aranceles sólo amortigua una situación que sigue siendo negativa para las instituciones y que, en la medida que la gratuidad avance, empeorará.

Los problemas financieros que hoy enfrentan las universidades con gratuidad no existían antes de esa política. Lo que se les ofrece con la nueva fórmula de cálculo de los aranceles es una solución parcial a un problema que las mismas autoridades generaron. En consecuencia, llama la atención la conformidad de los rectores que, en términos simples, se alegran con recibir pan hoy, sabiendo que mañana volverán a pasar hambre.

El principal problema está en la fijación de precios y la dependencia estatal a la que estará sujeto el desarrollo futuro de las instituciones de educación superior, cuestión que no se arregla con una fórmula de cálculo nueva que disminuya el déficit existente. No se trata, entonces, de dar con la mejor forma de fijar los aranceles por el Estado, sino de defender con fuerza el hecho de que son las propias universidades las que deben tener la autonomía para definir sus proyectos y los recursos que necesitan para llevarlos a cabo.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO