Actualmente existe una evidente tensión e incertidumbre en el sistema escolar que deriva, en parte importante, de los cambios que esta ley incorporó. Los colegios están preocupados de cumplir con nuevas exigencias de dudosa necesidad, alejando su atención de aquello que efectivamente sus alumnos necesitan, lo que va en directo perjuicio de las familias que optaron por esos proyectos.
Publicado el 25.09.2017
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Un grupo de senadores del oficialismo presentó la semana pasada un proyecto de ley para postergar por un año el plazo otorgado a los sostenedores de colegios particulares subvencionados para convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro. El plazo, impuesto en la llamada Ley de Inclusión, vence el 31 de diciembre de 2017; sin embargo, hasta la fecha, sólo 726 colegios han hecho el traspaso, lo que equivale a un 12,4% del total de los establecimientos educacionales subvencionados del país. Esta realidad, que ciertamente había sido anticipada con insistencia y escasa acogida, profundiza la incertidumbre. Esto fue lo que finalmente impulsó a los parlamentarios a tomar esta acción.

Durante la tramitación de esta ley, promulgada en 2015, fueron muchos sectores los que —tras un riguroso análisis del proyecto— hicieron ver que se trataba de una política deficiente y con dudosos impactos positivos en cuanto a calidad, inclusión y otros objetivos a los que supuestamente apuntaba. El sector particular subvencionado fue insistente e incluso la opinión pública no confiaba plenamente en los beneficios de esta política (según la encuesta Cadem, al momento de aprobarse esta ley tenía más rechazo que apoyo ciudadano). A lo anterior se sumaba una preocupación adicional relativa a las dificultades que se preveían en su implementación, tanto en lo burocrático como fundamentalmente en la forma en que el trabajo diario de los establecimientos educacionales se vería alterado.

Actualmente existe una evidente tensión e incertidumbre en el sistema escolar que deriva, en parte importante, de los cambios que esta ley incorporó. Los colegios están preocupados de cumplir con nuevas exigencias de dudosa necesidad —como obligarlos a ser dueños de los inmuebles donde funcionan, en circunstancias que podrían perfectamente arrendarlos—, alejando su atención de aquello que efectivamente sus alumnos necesitan, lo que va en directo perjuicio de las familias que optaron por esos proyectos. Pero como dijimos, el escenario fue previsto y los problemas de la ley conocidos antes de que se implementara. Quienes tramitaron el proyecto —por razones que parecen tener un origen más bien ideológico— no fueron capaces de acoger adecuadamente las críticas.

Con independencia de cuáles hayan sido los verdaderos motivos, la iniciativa de los parlamentarios de presentar la prórroga es una señal positiva para el sistema escolar y ha sido valorada transversalmente. Sin embargo, es importante corregir de raíz las falencias que esta ley conlleva y no quedarse solamente en los plazos. Recordemos que ya pasó por un proceso de modificaciones anterior, y el hecho de que se tengan que volver a realizar cambios en tan poco tiempo da cuenta de que éste no fue adecuado.

Las falencias de la llamada Ley de Inclusión están bien identificadas y dicen relación con fuertes restricciones a la autonomía de los colegios, limitaciones a la diversidad de proyectos educativos y dificultades para que los padres aporten de mejor forma a la educación de sus hijos. Es de esperar que las autoridades aprovechen la oportunidad de corregir la esencia de esta política y así avanzar en beneficio de los estudiantes y sus familias, a través del diseño de mecanismos efectivos que permitan contar con un sistema educacional equitativo y de calidad.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/