Si se quiere revertir la alta abstención, promover la ciudadanía y sobre todo resolver la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas, entonces los partidos, los políticos y también los ciudadanos deberían comenzar a usar la persuasión, no apelar al recurso de la fuerza.
Publicado el 05.07.2015
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En la última encuesta Cadem del 22 de junio, la imagen de los partidos políticos en general no es buena. Los ciudadanos no tienen una buena percepción de las organizaciones políticas. Nada de raro considerando la serie de escándalos relacionados con el financiamiento de campañas, legisladores bajo sospecha y la actitud displicente de las élites de los partidos ante tales hechos.

Los partidos políticos son importantes en una democracia, son un pilar de la misma, pues permiten visualizar posiciones y cosmovisiones de manera más clara, favoreciendo el debate político pacífico. Sin embargo, para que aquello se cumpla, los partidos deben estar constantemente fortaleciendo su valoración frente a la ciudadanía. Deben legitimarse. Sin embargo, nuestros políticos y autoridades en general parecen creer que la legitimidad se impone por ley.

El proyecto para restablecer el voto obligatorio, propuesto el jueves 2 de julio por el senador RN Francisco Chahuán, apoyado por senadores como Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI), denota esa absoluta falta de claridad o, peor aún, cinismo. Desvergüenza, porque el argumento para restablecer la obligatoriedad es “ir avanzando en una cultura no solamente de los derechos, sino también de los deberes, y hoy quiero hacer un mea culpa: debemos asumir que claramente fue un error haber impulsado el voto voluntario”. Tras este argumento queda claro que los representantes políticos, de manera transversal, no asumen ninguna clase de responsabilidad en cuanto al alto nivel de abstención electoral, que en la última municipal de 2012 alcanzó un 60% y en la presidencial un 53%. No sólo culpan a los ciudadanos, sino que algunos incluso se creen mayoría.

El problema de fondo es de principios. Erróneamente, y al igual que en otros ámbitos, creen que todo se resuelve aplicando la coacción sobre las decisiones de las personas. Al establecer la obligatoriedad del voto, plantean que el Estado disponga de la voluntad de las personas bajo la amenaza del uso de la fuerza, para ellos recuperar su legitimidad. Eso es antiliberal y antidemocrático. El error de fondo es separar la libertad de conciencia de la libertad política. Por eso, no es raro que de manera totalmente equívoca crean que la legitimidad -su legitimidad en este caso- se impone por ley.

Pero hay otro problema de principios. Como no consideran que el ejercicio de la libertad política depende de la libertad de acción del individuo, es decir, de disponer de tu voluntad sin riesgo de coacción de parte del poder político, tienen una visión reduccionista de la democracia. Qué mejor que obligar a votar, entonces. Pero eso conlleva un problema ético mayor, porque una dictadura podría obligar a sus disidentes a votar (encadenados) y así legitimarse, mientras a otros los deporta, los manda a campos de reeducación o los asesina. Pero eso no los hace libres políticamente ni hace de esa dictadura una democracia.

La libertad política implica expresar rechazo a un sistema electoral o político, no votando. Implica poder hacer libre uso de nuestra objeción de conciencia. No ir a votar también es una decisión soberana que debe ser respetada. Si se quiere revertir la alta abstención, promover la ciudadanía y sobre todo resolver la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas, entonces los partidos, los políticos y también los ciudadanos deberían comenzar a usar la persuasión, no apelar al recurso de la fuerza.

 

Jorge Gómez Arismendi, Director de Investigación y Estudios FPP.

 

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO