Si los ciudadanos no confían en la empresa privada como motor de desarrollo, es mucho más fácil que estén dispuestos a seguir modelos populistas y fracasados que les prometen que si el Estado se hace cargo de todo, sus vidas mejorarán considerablemente. Es en este punto donde el sector empresarial juega un rol insustituible.
Publicado el 24.01.2018
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Es un hecho que estos últimos cuatro años han sido difíciles para los empresarios. Desde que asumió el actual gobierno surgieron voces anunciando la aplicación de una verdadera retroexcavadora para borrar el modelo de economía social de mercado —que tanto éxito y estabilidad le ha dado a Chile en las últimas  décadas— para cambiarlo por uno donde el Estado asumía un rol preponderante y el sector privado uno absolutamente secundario. Sector que día a día fue cuestionado y criticado. Cuestionamiento al que se sumó la opinión pública al descubrirse una serie de conductas absolutamente reprochables de algunos empresarios, alejadas de  la ética en los negocios y, en algunos casos, claramente ilegales.

Todo esto llevó a que la confianza del ciudadano en las empresas cayera drásticamente, siendo eso muy bien aprovechado por los sectores más de izquierda de la Nueva Mayoría, quienes lo usaron como una “prueba” de que la empresa privada abusaba de los ciudadanos y, por tanto, era indispensable cambiar  el modelo de desarrollo que ha seguido Chile por uno de carácter estatista, donde el Estado y quienes lo dirigen deciden lo que es bueno para las personas. Es así como las reformas propuestas, y en algunos casos implementadas, por la Presidenta Bachelet y su coalición estuvieron dirigidas a limitar cada vez más el ámbito donde el ciudadano puede tomar sus propias decisiones. Esto se vio en el campo de las relaciones laborales, de la educación y de la salud, entre otros. Afortunadamente para Chile, la reciente elección presidencial les dio a los chilenos la oportunidad de expresarse libremente y de rechazar categóricamente el modelo de sociedad que propuso la coalición gobernante.

Con la llegada del nuevo gobierno del Presidente Piñera, el mundo empresarial puede legítimamente aspirar a que se terminen por parte de la autoridad las descalificaciones permanentes a su rol, a que se reestablezca la certeza jurídica a las disposiciones que rigen los distintos ámbitos del quehacer privado y a que las nuevas normas y políticas que se dicten sean el resultado de un análisis responsable, serio, con criterios técnicos, bien pensadas y adecuadamente implementadas, y no sólo fruto del voluntarismo ideológico.

Sin embargo, el sector empresarial cometería un grave error si pensara que con esto está garantizado el modelo de sociedad donde los privados juegan un rol fundamental en el progreso y desarrollo del país. En la última Encuesta Nacional Bicentenario 2017, realizada por la Universidad Católica y GfK  Adimark, las empresas alcanzan sólo un 5% de respuestas positivas en la pregunta sobre cuánto confían los encuestados en ocho diferentes instituciones. Más abajo están el gobierno (4%) y los parlamentarios y los partidos políticos, con sólo un 1% en cada caso. En 2011, ante esa misma pregunta, la respuesta positiva para las empresas alcanzaba un 16%.

Para que el modelo de sociedad que rige en Chile siga siendo el que respeta y estimula la iniciativa privada y donde los ciudadanos son libres para tomar las decisiones que mejor satisfagan sus necesidades —teniendo como límite el bien común y el respeto a los demás—, es fundamental que  la ciudadanía confíe en la empresa privada y la considere un actor relevante  para su bienestar y progreso. Si los ciudadanos no confían en ella como motor de desarrollo, es mucho más fácil que estén dispuestos a seguir modelos populistas y fracasados que les prometen que si el Estado se hace cargo de todo, sus vidas mejorarán considerablemente. Es en este punto donde el sector empresarial juega un rol insustituible.

Por lo tanto, a las empresas les corresponde tomar las acciones necesarias para que la actual mala valoración que de ellas tiene la ciudadanía cambie drásticamente. Eso sí, deben tener muy claro que de nada sirven todas las reuniones ampliadas y seminarios que puedan tener y todos los acuerdos sobre la necesidad de cambiar y fomentar las buenas prácticas empresariales —que luego se comunican profusamente—, mientras no se tomen acciones concretas que eliminen de una vez por todas las malas prácticas que lamentablemente realizan algunas empresas y que afectan diariamente a usuarios, consumidores y trabajadores. Ejemplos sobran: mala calidad de servicio, plazos que no se cumplen, productos y servicios que no entregan lo prometido, ofertas telefónicas engañosas, condiciones contractuales que luego se desconocen, silencio ante los reclamos de los clientes, no pago de horas extraordinarias a los trabajadores, no respeto de los descansos, etc.

Al ciudadano no le interesan las declaraciones ni los discursos; le interesan los hechos que le demuestran que es respetado y valorado. Cuidar el modelo económico no es sólo responsabilidad del gobierno, sino también —y en mayor medida— de uno de sus principales actores: los empresarios.

 

Huberto Berg, abogado UC, master en Relaciones Industriales y Laborales del Instituto Tecnológico de Nueva York

 

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO