Tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben trabajar en el perfeccionamiento de esta nueva Ley de Migración y su adecuada implementación, que si bien busca entregar beneficios a los inmigrantes, olvida o enfatiza muy precariamente sus deberes, como lo son la integración cultural, educacional y laboral, así como también el manejo del idioma y el cumplimiento de las leyes nacionales.
Publicado el 28.08.2017
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El proyecto del Gobierno referente a una nueva Ley de Migración fue largamente discutido, y la semana pasada finalmente logró superar las discrepancias y ser enviado por la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso para su primer trámite. La normativa precedente, la Ley de Extranjería vigente desde 1975, hacía necesaria una modificación ya que, desde los años noventa, Chile ha registrado un incremento constante en el flujo inmigratorio, que ha superado con creces las expectativas.

Con la reciente iniciativa se busca que los extranjeros tengan más reconocimiento de sus derechos, como la salud, educación y el trabajo; habrá nuevas categorías de permisos; se creará un Comité de Política Migratoria y se establecerá un Registro Nacional de Extranjeros. Uno de los puntos que destacan en la nueva normativa es la creación de la categoría de “visitante”, la que permitirá a los extranjeros conseguir trabajo en un plazo determinado, siempre que lo declaren al ingresar al país.

Desde el 2001, Chile es considerado como uno de los principales destinos para emigrar a nivel regional. Según cifras del último estudio, realizado en 2015 por Amnistía Internacional, “desde 1980 hasta el presente, el número de inmigrantes en Chile se quintuplicó, superando hoy la cifra de 441.000 personas (en situación regular), lo que representa un 2,7% de la población total nacional”. Según estimaciones del Departamento de Extranjería, los inmigrantes son principalmente de origen latinoamericano: Perú, Argentina y Bolivia, seguidos por Ecuador, Colombia, Brasil, República Dominicana y Haití. En esa línea, los resultados preliminares del Censo 2017, permitieron al Gobierno estimar que la población de inmigrantes alcanzará este año las 600 mil personas. A esta cifra se añade la llegada de una gran cantidad de venezolanos, quienes huyen de una aguda crisis económica, humanitaria, social y política en su país.

Teniendo en cuenta este fenómeno migratorio, es necesario precisar que tanto en el ámbito político como social se enfrentan dos posturas. Por un lado, los partidarios de la apertura de fronteras, y por otro, los defensores de la legitimidad de regular y limitar las fronteras estatales. El principal argumento de los primeros dice relación con la existencia de normas y valores vinculantes que van más allá de la nacionalidad, y que tienen estricta relación con los derechos humanos. Se esgrime como argumento que el Estado tiene un deber moral en la estructura solidaria mundial de acoger a quienes lo necesitan. En la contraparte se encuentran quienes están a favor de leyes más restrictivas y fronteras más herméticas, aludiendo a argumentos consignados en la encuesta CEP en junio de 2017: el 40% de los chilenos cree que los migrantes les quitan posibilidades de trabajo y un 41% los asocia a la comisión de delitos.

Al respecto, parece necesario desmitificar algunos de estos puntos. Según un informe de desempleo realizado por el INE a fines de 2016, el total de personas que trabajan en Chile son 8.141.241, y de ellas sólo el 2% corresponde a empleados extranjeros. La mayoría de estos, un 34,5%, se desempeña en trabajos no calificados, que usualmente son rechazados por los chilenos. En términos de delincuencia, según datos de la citada encuesta, sólo el 1,8% del total de imputados del año previo correspondió a extranjeros, mientras que el 98,2% restante eran chilenos.

Ahora bien, con afán de contrapesar la balanza, se debe reconocer que un mercado global de trabajo sin fronteras nacionales tampoco es la solución, ya que acabaría con la autodeterminación colectiva. Un mercado global sin restricciones es incompatible con las políticas públicas y normas sociales de países desarrollados ya que, “sin fronteras”, los países pobres serían aún más pobres, en vista de que su mano de obra cualificada se “fugaría” a las regiones más prósperas. Con ello la sociedad sería menos solidaria.

En virtud de lo anterior, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben trabajar en el perfeccionamiento de esta nueva Ley de Migración y su adecuada implementación, que si bien busca entregar beneficios a los inmigrantes, olvida o enfatiza muy precariamente sus deberes, como lo son la integración cultural, educacional y laboral, así como también el manejo del idioma y el cumplimiento de las leyes nacionales. Respecto de este último punto, el proyecto de ley prohíbe el ingreso a quienes hayan cometido delitos como narcotráfico, terrorismo, violaciones u homicidios. Pero, ¿qué sucederá con quienes infringen las leyes en territorio nacional? ¿Debemos como sociedad promover la reclusión carcelaria de un extranjero o deben ser enviados a sus países de origen?

Producto de la creciente inmigración, el mapa social y político de Chile cambia y seguirá cambiando. Así, resulta imperativa la implementación de esta ley en su versión mejorada, así como también necesitamos educación cívica respecto al tema, y por supuesto, políticas públicas que permitan la integración responsable y consciente de estos nuevos chilenos. Que el objetivo sea sacar provecho de sus cualidades, entender y aprender de las diferencias; en definitiva, comportarnos a la altura de la globalización y el desarrollo que pregonamos como sociedad.

 

Natalia Farías G., investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO