Tenemos la esperanza de que la ministra recoja la oportunidad de revisar esta reforma, impulsando medidas que sean coherentes con la diversidad, autonomía y libertad que caracteriza nuestro sistema educacional.
Publicado el 06.07.2015
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La nueva ministra de Educación asume en medio de un paro docente que ha perjudicado a más de 500 mil estudiantes de establecimientos municipales, quienes se han visto impedidos de asistir a sus colegios por más de 30 días. Es razonable y correcto que ante este escenario la nueva autoridad se haya fijado como principal prioridad lograr que los niños vuelvan a clase, en el entendido de que para ello no se tomen decisiones que puedan generar en el mediano y largo plazo efectos negativos. Un ejemplo de ello sería promover un proyecto de ley deficiente y que no cumpla con el objetivo de valorizar la profesión docente y de reconocer el buen desempeño, todo en el marco de la necesaria autonomía que los colegios requieren para su mejor desarrollo y gestión.

Sin embargo, la relevancia de este tema no puede hacer olvidar que el Ejecutivo se ha embarcado en reformas mucho más amplias y que no sólo atañen al mundo escolar, sino también al superior. En esta última área la nueva ministra no puede desentenderse de la urgente revisión que el Ministerio de Educación debe realizar de la reforma en el financiamiento estudiantil (gratuidad), la cual, según ha dicho el gobierno, comenzará su implementación en el corto plazo, a través de la ley de presupuestos que debe presentarse dentro de los próximos tres meses.

La idea de instaurar un modelo de gratuidad universal en educación superior, así como la transición hacia ella que se anunció el 21 de mayo pasado, ha generado fuertes críticas, gran incertidumbre y amplio consenso en que perseverar en implementar una política improvisada y mal diseñada generará más efectos negativos que positivos en el sistema.

Hasta ahora, lo que está promoviendo el gobierno implica, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Que el Estado fije los aranceles de las instituciones de educación superior, estableciendo por esa vía un techo a la calidad de esos planteles y terminando con la sana diversidad que caracteriza a nuestro sistema y que es reconocida internacionalmente.
  2. Fijar las vacantes para cada institución y carreras, perjudicando así a los jóvenes más vulnerables que verán restringidas sus posibilidades de ingreso.
  3. Eliminar el sistema de becas y créditos actualmente existente y disponible para todos los alumnos que escojan instituciones acreditadas.
  4. La obligación para las instituciones que deseen incorporarse a la gratuidad de firmar un convenio con el Estado, sometiéndose a exigencias impuestas desde el Ministerio de Educación, limitando así la autonomía que hoy se les reconoce. Considerando que ciertas instituciones optarán por no ingresar a la gratuidad (algunas ya lo han anunciado), los jóvenes vulnerables que deseen optar por ellas no podrán hacerlo al carecer de financiamiento y ayudas estatales, generando una segregación que se supone se quiere evitar.

Todo lo anterior, en el marco de una política regresiva que implica destinar inadecuadamente mayores recursos fiscales a las familias más ricas en vez de focalizar el gasto en quienes efectivamente necesitan del apoyo, lo que resulta incomprensible considerando la evidente restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno para implementar sus reformas.

En este contexto, tenemos la esperanza de que la ministra recoja la oportunidad de revisar esta reforma, impulsando medidas que sean coherentes con la diversidad, autonomía y libertad que caracteriza nuestro sistema educacional y se concentre en evaluar, discutir y diseñar los mejores instrumentos para alcanzar el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes vulnerables a la educación superior, reconociéndoles el derecho a elegir entre una amplia gama de proyectos, sin frenar el desarrollo de las instituciones.

 

Raúl Figueroa Salas, Director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO