Como si las constituciones mágicamente fueran a cambiar la cultura de los países —o hicieran que los gobiernos se pusieran anticiparan los peores escenarios al autorizar intervenciones al lecho de un río—, la nueva constitución puede tener buenas justificaciones, pero no va a hacernos más responsables como sociedad ni va a asegurarse que los gobiernos anticipen todas las contingencias razonables antes de darle luz verde a los privados para que actúen inescrupulosamente.
Publicado el 19.04.2016
Comparte:

Ya que, para sus defensores, la nueva constitución es la solución para todos los problemas que enfrenta Chile hoy, no faltará el que diga que una nueva constitución terminará también con las inundaciones, como las que sufrió Santiago este fin de semana.

La lógica que relaciona las inundaciones a la constitución no es del todo descabellada. Los que promueven una nueva constitución argumentan que en Chile tenemos un problema de distribución desigual de poderes. No hay mejor evidencia de eso que cuando se compara el poder que ejercen el sector privado y el Estado en la economía. La limitada capacidad regulatoria del Estado permite que los privados abusen de los consumidores y actúen con negligencia. Una nueva constitución permitiría, de acuerdo a esta lógica, redistribuir el poder y, por lo tanto, evitar que se produzcan situaciones como el masivo corte de agua o la inundación de Providencia producto de la intervención sobre el lecho del río Mapocho que había hecho una empresa que construía obras viales.

Pero un análisis un poco más profundo indica que si bien hay problemas de balance de poder, ni el Estado usó todas las herramientas a su alcance para evitar estos desastres no naturales ni los empresarios constituyen un grupo homogéneo con intereses compartidos.

Aunque el gobierno y las empresas responsables de las obras en el Mapocho —Costanera Norte y Sacyr— se culpan mutuamente por la responsabilidad de la inundación, lo cierto es que hay evidencia suficiente para concluir que ambos lados incumplieron sus obligaciones éticas —y tal vez incluso legales— en la forma en que se prepararon para el temporal que se avecinaba. Algo similar se puede decir sobre el masivo corte de agua que sufrió Santiago y que tiene al gobierno criticando a Aguas Andinas (si bien en ese caso el daño fue menos cuantioso, pero afectó a muchas más personas que la salida del Mapocho).

Por un lado, el gobierno se refugia en la supuesta advertencia que realizó a la empresa días antes del temporal. Pero la advertencia tampoco preveía lo inminente de una subida del río que produciría millonarios daños. Si el gobierno hubiera anticipado lo que iba a pasar —o hubiera sido capaz de ser más previsivo que las empresas que habían intervenido el río—, entonces lo lógico hubiera sido tomar medidas preventivas para evitar los cuantiosos daños que se produjeron. Pero igual que cuando no fue capaz de anticipar el tsunami que se venía después del terremoto de 2010, el gobierno fue indolente para actuar en las horas previas a que se produjera la subida del río. Una vez más, el gobierno de Bachelet llegó tarde.

La justicia tendrá la última palabra sobre las responsabilidades penales de las empresas involucradas —aunque el juicio de la opinión pública es severo y categórico contra Sacyr y Costanera Norte—. Pero el gobierno también comparte responsabilidad. Ya sea porque sabía lo que se venía y no hizo lo suficiente para evitarlo o porque, al igual que las empresas, nunca fue capaz de estimar todas las posibles contingencias al momento de decidir intervenir el lecho del río.

Por otro lado, la subida del río confirma que los empresarios no son un grupo homogéneo que actúa en forma coordinada. Los intereses de las empresas constructoras, que quieren abaratar costos, no están alineados con los intereses de las empresas del retail, que quieren evitar inundaciones. Las probables acciones legales que tomen los afectados por la salida del río contra los responsables —ya sea el Estado o las empresas que están interviniendo el lecho del Mapocho— demostrarán que el empresariado es mucho más heterogéneo que lo que pintan las caricaturas simplistas que lo acusan de ser un poder fáctico que actúa coordinadamente.

Como todos quieren llevar agua para su molino —especialmente cuando se sale el río—, el gobierno ha salido a decir que la nueva ley de financiamiento de campañas terminará con el aporte de las empresas a la política. Pero la evidencia demuestra que el dinero empresarial sigue fluyendo a través de fundaciones, think tanks y empresas de consultoría relacionadas a políticos. Engañosamente, el gobierno pretende hacer creer a la población que se ha cortado el cordón umbilical que une los diversos intereses empresariales con la actividad política.

El argumento del gobierno desnuda la ingenua creencia que los intereses se acaban solo por pasar una ley que los prohíba. Pero esa misma creencia es la que alimenta la demanda por una nueva constitución. Como si las constituciones mágicamente fueran a cambiar la cultura de los países —o hicieran que los gobiernos se pusieran anticiparan los peores escenarios al autorizar intervenciones al lecho de un río—, la nueva constitución puede tener buenas justificaciones, pero no va a hacernos más responsables como sociedad ni va a asegurarse que los gobiernos anticipen todas las contingencias razonables antes de darle luz verde a los privados para que actúen inescrupulosamente.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.

Ingresa tu correo para recibir la columna de Patricio Navia