Sin perjuicio de lo que decida la Corte en esta etapa, debieran considerarse seriamente todas las opciones futuras, incluyendo la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Chile.
Publicado el 11.09.2015
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Como para recordarnos que no sólo la política interna se ha judicializado, la Corte Internacional de Justicia anunció que el 24 de septiembre dará a conocer su decisión sobre las excepciones preliminares presentadas por Chile ante la demanda marítima boliviana. Esto reabre el debate sobre la gestión de gobierno en Política Exterior, sector que hasta ahora había logrado esquivar el examen crítico de la opinión pública. Todo cambió, ante los ojos ciudadanos, cuando apareció la demanda peruana en La Haya seguida, años más tarde, del insólito fallo de la CIJ. Más tarde vendría la demanda boliviana y entre una y otra etapa de estos procesos, aparecen situaciones que no dejan de tener impacto, como el famoso caso del Embajador Contreras, quien culpó a los empresarios de cometer atentados terroristas, personaje que recobra actualidad al conocerse que Contreras, tras dejar su cargo en Montevideo, pasó a desempeñarse como asesor, con oficina muy cerca del Canciller. Situaciones tan diferentes entre sí tienen como factor común no sólo el poner a prueba nuestra capacidad de asombro, sino también el preguntarnos cómo se decide sobre el rumbo de la acción internacional chilena.

Volviendo al tema central, deseamos a nuestros representantes ante la Corte la mejor de las suertes el día 24, por el bien de Chile. No cabe otra actitud ante la amenaza que significa la demanda boliviana. Pero el apoyo ciudadano ante la coyuntura no puede entenderse como una reacción automática y a todo evento sin análisis objetivo sobre la conducción de la política exterior. Y los indicios entregados por la autoridad sobre este inminente fallo, lejos de transmitir confianza, provocan más inquietud sobre la probable decisión del tribunal, que a estas alturas ya debe haberse tomado. Analicemos la situación en lo meramente formal: Llama la atención que el Canciller no estará presente cuando se anuncie el fallo, lo que contrasta con su invariable presencia en las instancias anteriores del proceso. Asimismo, deja en el aire su propio y más reciente mensaje público al gobierno boliviano: “Nos vemos en La Haya”… pero ahora pareciera tener asuntos más importantes que atender, lejos de La Haya. No es exagerado que se interprete esto como un conveniente “desembarque” del Canciller, tomando distancia de esta etapa particular del caso, que se presentaría desfavorable para nuestros intereses. Tampoco se puede desdeñar el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores (al igual que todos quienes le antecedieron en el cargo en los últimos 25 años), es el mejor evaluado del gabinete. No necesitamos elaborar más respecto de la importancia que algunas personas asignan a estas mediciones de popularidad y como pueden variar si se asocia a la persona con una mala noticia.

Luego, el ministro declara tener tranquilidad y confianza en el fallo, pues “Chile lo ha hecho todo”… afirmación que algunos califican como una mezcla entre autocomplacencia y vaguedad, pues aceptando incluso que efectivamente “se ha hecho todo”, queda la duda si acaso ese “todo”, además, se hizo bien. Entramos entonces en un terreno complicado, por lo que se conoce de la calidad de gestión de este gobierno. Finalmente, el ministro declara que el día 24, la Corte no comunicará “ninguna decisión territorial”, algo bastante obvio, pues se sabe que fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Chile. Pero lo que falle la Corte tendrá el efecto inmediato de conocer si el caso de Bolivia contra Chile continuará su curso o no, y ese caso se refiere fundamentalmente a soberanía territorial. Estos indicios no debieran minar nuestro optimismo respecto del resultado final del proceso, pero en nada restablecen la confianza perdida en la Corte de La Haya, debido al fallo emitido en el caso peruano contra Chile.

Sea cual fuere la decisión de la Corte en esta instancia, la experiencia acumulada en estos años debiera servirnos para iniciar una amplia convocatoria genuinamente transversal, con el objetivo de fijar una efectiva Política exterior de Estado en lo vecinal, de carácter consensuado y permanente. Se requiere abordar, con visión de largo plazo, los fundamentos, criterios y objetivos de la relación vecinal en su conjunto, con la mirada puesta en el largo plazo.

Sin perjuicio de lo que decida la Corte en esta etapa, debieran considerarse seriamente todas las opciones futuras, incluyendo la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Chile. Entre otras razones, porque aún en la eventualidad de que los jueces decidieran decretar su propia irrelevancia (lo cual aparece como poco probable), nuestros vecinos bolivianos no demorarán en presentar un nuevo caso contra Chile y luego otro más. Considerando los plazos requeridos, la denuncia no evitaría la presentación de otro caso en el curso de un año, pero pondría un punto final hacia el futuro. Con frecuencia se levantan argumentos contrarios a la denuncia del pacto, basados en consideraciones políticamente correctas, pero insuficientes, como el de advertir sobre “el peligro” de quedar sin un mecanismo de solución de controversias, como si el Pacto de Bogotá fuese el único instrumento que nos permite el Derecho Internacional para resolver diferendos. Por mencionar sólo un parámetro de comparación de uso corriente, cabría preguntarse: ¿cuántos y cuáles países de la OCDE se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? ¿Son considerados parias de la comunidad internacional aquellos Estados que no se someten a los dictámenes de la CIJ?

Los desafíos que enfrentamos en lo regional y mundial y la experiencia de los últimos años obligan a tomar en serio, sin arrogancia y con sentido de urgencia, la conveniencia de un debate transversal de los asuntos concernientes a la formulación de la política exterior en lo vecinal. La atribución del Ejecutivo de conducir la Política Exterior no puede entenderse como el monopolio del proceso de formulación de los objetivos nacionales permanentes, que trascienden a los contenidos de un programa de gobierno.

Quienes conocen del manejo de los asuntos vecinales y la carga histórica que conllevan, saben que cada error que se comete, cada cabo suelto que se deja y cada palabra de más o de menos que se incluya o se omita en un documento, se transforma en una bomba de tiempo que terminará detonando una crisis. Otra razón poderosa para sacar el tema de un círculo hermético y transformarlo en una política compartida, para hacer de lo vecinal un proyecto de futuro, en vez de una fuente de recriminaciones sobre los errores del pasado.

 

Jorge Canelas Ugalde, ex Cónsul General de Chile en Bolivia y ex embajador.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO