No sabemos quiénes están cometiendo estos atentados ni con qué propósito.
Publicado el 10.09.2014
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Lo más intrigante de la seguidilla de bombazos es que no sabemos nada. No conocemos quiénes son los responsables ni menos sus motivos. Los analistas y periodistas especulan, a veces en forma muy irresponsable, sobre el vínculo entre el robo a bancos, los incendios en la Araucanía, los encapuchados y la colocación de bombas. Sesudos comentarios se realizan sobre la “ideología” del anarquismo, pero la conclusión al día de hoy es muy simple: no sabemos quiénes están cometiendo estos atentados ni con qué propósito. No sabemos si los distintos hechos de violencia se vinculan entre sí o son mera coincidencia. No distinguimos entre la naturaleza de los hechos, porque parece evidente que  enfrentamos diferentes tipos de violencia (social, política, ideológica, anti-sistema).

Todas son elucubraciones basadas en hipótesis que hasta el día de hoy no tienen fundamento. ¿Se trata de anarquistas que desean desestabilizar el sistema? ¿Se trata de ex ultraizquierdistas reorganizados? ¿O son ex miembros del aparato de seguridad de la dictadura infiltrados en esos grupos anarquistas? ¿Cuál es su motivo? Hasta el día de hoy no sabemos nada y eso es quizás lo más preocupante.

A nivel político, este atentado sirvió para alterar la agenda política y colocar a la seguridad en la cúspide de las preocupaciones. Para algunos actores de la derecha se convirtió en una suprema oportunidad para criticar al gobierno —y al ministro Peñailillo en particular— respecto de su actuar en materia de seguridad. En próximos días observaremos la intensificación del debate sobre la Ley Antiterrorista, el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y los recursos destinados a prevenir este tipo de hechos. No había pasado una hora del atentado y ya los actores políticos habían enmarcado el debate en torno a tener “mano dura” o “mano blanda” para enfrentar esta situación.

Pero sabemos que la politización y polarización del debate no rinde frutos si lo que se quiere es detener la escalada de atentados del último tiempo. No contribuiremos a las políticas públicas a partir de incendiarias declaraciones buscando culpar a autoridades (de este u otro gobierno) por hechos sobre los que conocemos casi nada.

Lo que correspondería sería que las fuerzas políticas se tomaran en serio el desafío de la seguridad, estableciendo parámetros mínimos para enfrentar el problema. ¿Qué se debe hacer? Primero, correspondería que los actores políticos establecieran una mesa de trabajo plural e inclusiva para consensuar un paquete de políticas asociadas a la prevención de la violencia en el país. Se requiere de una señal política de consenso para avanzar en un esfuerzo que requiere recursos, cambios legales e institucionales de relevancia.

Segundo, se necesita potenciar la institucionalidad y revisar las atribuciones del sistema nacional de Inteligencia, promoviendo una cooperación efectiva entre los servicios de inteligencia, delimitando marcos de acción y ámbitos de relacionamiento. Sabemos que la ANI no está cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. El 12 de octubre de 2012, los senadores Horvath, Cantero y Gómez presentaban en el Senado una moción donde realizaban este mismo diagnóstico. Sostenían en la fundamentación de su proyecto que “la sucesión de eventos ocurridos desde la entrada en vigencia de la referida ley (que creó la ANI en el 2001), dan cuenta de magros resultados obtenidos frente a la reacción estatal ante diversas amenazas (…), dan cuenta de puntos débiles que deben ser corregidos”. Se necesita revisar atribuciones, competencias, coordinación, recursos y control interno y externo del sistema de inteligencia nacional. Sabemos las debilidades del sistema y es hora de realizar los cambios.

En tiempos de miedo, la tentación es entregar atribuciones amplias a las instituciones de seguridad, pero estas mismas políticas pueden tener efectos muy negativos para el funcionamiento del estado de derecho democrático. Por lo mismo, la discusión del fortalecimiento de los servicios de inteligencia debe hacerse ponderando bien las decisiones políticas e institucionales que se tomarán.

Tercero, se requiere con urgencia redestinar recursos para avalar las transformaciones institucionales que son importantes de materializar. No bastará con llenar de policías el metro a fin de provocar una falsa sensación de seguridad. Se necesita una serie de acciones sostenidas en el tiempo que prevengan este tipo de hechos, que anticipen la acción de grupos anti-sistema y que eduquen a la población. La experiencia de algunos países que han enfrentado estos dilemas podría ser muy útil para ponernos al día en materia de prevención de este tipo de violencia. En tiempos de miedo e incertidumbre, la prudencia es quizás la mejor consejera. Polarizar el debate muy probablemente nos conducirá hacia el camino de establecer mediocres políticas públicas para obtener resultados de corto plazo. Y es precisamente aquello lo que tenemos que evitar.

 

Claudios Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política Universidad Diego Portales

 

FOTO: FELIPE FREDES FERNANDEZ/AGENCIAUNO