Las víctimas del conflicto deben subirle el precio a su apoyo político y no estar dispuestas a ser instrumentos pasivos de las agendas mediáticas de nadie.
Publicado el 23.01.2016
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Hacia fines del gobierno anterior, recuerda Héctor Urban, un helicóptero aterrizó de improviso una mañana en un predio de su familia en Ercilla, a la fecha blanco de casi 200 ataques violentos de grupos mapuches que reivindicaban “derechos ancestrales” sobre esas tierras. A bordo de la aeronave iba el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que bajó para saludar a los carabineros que custodiaban el campo y reemprendió el vuelo pocos minutos después. Urban no alcanzó a darle la bienvenida.

“Ni me avisaron, ni me pidieron autorización, ni nada -comentaría posteriormente el agricultor-. Exactamente igual que los mapuches, él entró y no pidió permiso. Supongo que fue para marcar presencia y decir que era el único ministro del Interior, en no sé cuántos millones de gobiernos, que había logrado instalarse en ‘La Romana’ y comprobar que estaba todo tranquilo”.

Cito la anécdota a propósito de la visita a la IX Región del ex Presidente Sebastián Piñera por estos días -también en modalidad relámpago-, que siguió en pocas semanas al controvertido debut de la actual Mandataria en la zona. Tal como el intempestivo aterrizaje de Chadwick, las recientes visitas de Michelle Bachelet y de su antecesor al epicentro de la violencia de connotación indígena fueron operaciones comunicacionales con sentido táctico, no ejemplos de la visión de Estado que este asunto pide a gritos.

Prueba de ello es que las respectivas críticas de la oposición y el oficialismo se centraron en las “externalidades” de ambas visitas y no en su (supuesto) objetivo medular, que debiera ser ponerle coto a una conflictividad que ha ido recrudeciendo bajo gobiernos de distinto signo.

Así, incluso los partidarios de Bachelet la censuraron por el carácter furtivo de su muy postergado primer viaje a La Araucanía, que terminó generándole una crisis política tan grave como innecesaria. En cambio, poco se dijo de lo verdaderamente significativo:

1) Que para explicar los centenares de ataques violentos contra personas, vehículos y predios que han asolado a la región, la gobernante recurrió una vez más al falaz argumento de las mafias que roban madera, sin entregar evidencia y ante la anuencia pasiva de la prensa y otros actores;

2) Que para enfrentar un conflicto de larga data que ella misma, contradiciéndose, atribuye a una “deuda histórica” y a “un conjunto de desigualdades grandes”, Bachelet se contentó con anunciar “una mesa de trabajo de la región de amplia participación, donde se puedan desarrollar propuestas específicas”.

¿Es aceptable, a estas alturas, que un gobierno proponga crear una “mesa de trabajo” para abordar el problema? ¿Significa que en todos estos años Chile no ha definido una estrategia de largo plazo para enfrentar lo que el propio titular de Interior llama “delitos contra la seguridad del Estado”?

El viaje de Piñera también fue criticado por la forma y no por el fondo. Mientras que algunos (sus posibles rivales en la próxima elección) lo emplazaron a admitir que la reunión con empresarios y víctimas fue el acto de campaña de un aspirante a La Moneda en 2017, otros (los parlamentarios de la zona) le reclamaron no haberlos prevenido de la fugaz visita, privándolos de una oportunidad de salir en la foto.

Al igual que con la poco creíble mesa de trabajo sugerida por Bachelet, no parece razonable que quien la precedió durante cuatro años se limite a declarar que “hoy día La Araucanía está viviendo problemas muy graves” y que busca formarse “una impresión con mis propios ojos y con mis propios oídos”. No, sobre todo, cuando bajo su administración, contrariando las expectativas de los votantes de su sector, el clima de violencia empeoró en vez de mejorar, al amparo de una política gubernamental errática y en ocasiones alejada de los principios de su coalición.

Los políticos y las autoridades deberían convencerse de que las maniobras comunicacionales que evitan los temas de fondo en La Araucanía ya no son políticamente rentables. Pero para ello es preciso que la opinión pública eleve sus estándares de exigencia y sea consecuente a la hora de contrastar el discurso con las acciones y los resultados.

En especial los directamente golpeados por el conflicto, porque han sufrido en carne propia el fracaso de sucesivos gobiernos en desterrar la violencia y la frustración de ver muchas promesas incumplidas, deben subirle el precio a su apoyo político y no estar dispuestos a ser instrumentos pasivos de las agendas mediáticas de nadie, como ha sido la desafortunada tendencia. Justamente porque durante años han visto cómo las incontables visitas a la región han sido, en general, mucho ruido y pocas nueces -incluso francos engaños-, los actores sociales de La Araucanía no pueden seguirlas acogiendo pacientemente sin exigir nada a cambio y sin cobrar las facturas políticas que correspondan.

El próximo político o autoridad que visite la región para hablar sobre la violencia rural debe entender que, de ahora en adelante, sus habitantes le cobrarán la palabra. Basta de giras para la foto y frases para el olvido que cada vez se asemejan más a una tomadura de pelo.

 

Marcel Oppliger, periodista y autor de “Los chilenos olvidados: Hablan las víctimas del conflicto en La Araucanía”.