Este objetivo político, llamado gratuidad, será, sin duda alguna, una de las iniciativas que costarán más caras a nuestro sistema universitario.
Publicado el 17.07.2016
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A Milton Friedman se le suele asociar con un aforismo anglosajón que, como el mismo reconocía, no es suyo: “no hay almuerzo gratis”.  Pero el destacado economista lo citaba con frecuencia para significar el interés que hay detrás de las acciones humanas.  En el mundo de los bienes y servicios nada es gratis, esta es una verdad evidente de la economía que, como otras, los socialistas no logran aceptar.

Por ello, en su afán de construir ese mundo utópico de la igualdad, quieren asegurar a todas las personas un conjunto de bienes a los que se pueda acceder sin pagarlos, de manera que no existan discriminaciones en el acceso, ni en la calidad del bien recibido, en función de la capacidad económica de las personas.

A eso le llaman con el atractivo nombre de “derechos sociales”; esto es, por arte meramente dialéctico, pretenden asignarle a una serie de bienes y prestaciones económicas la cualidad de derechos universales y conferirles un estatuto que comparte sus elementos esenciales con los verdaderos derechos, esos que nos permiten exigirle a un tercero específico la prestación de lo debido o una abstención, de manera que, en este segundo caso, no se impida alguna libertad individual jurídicamente amparada.

En esta lógica es que el programa de campaña de la presidenta Bachelet comprometió un sistema general de gratuidad universitaria, de forma tal que todos los estudiantes puedan acceder a la universidad sin pagar ellos el costo de la carrera que cursan.  ¿Quién pagará entonces? Moya; o sea, el programa nos anunciaba que el Estado, mediante los recursos que se obtienen de la recaudación fiscal, destinaría los fondos suficientes para solventar este “derecho”.

A estas alturas es obvio, salvo para la izquierda que está a la izquierda de la izquierda, que, en buen chileno, la plata no alcanza. Y, de hecho, menos alcanza para financiar todos los “derechos sociales”.  Es decir, no alcanza para financiar este sin descuidar un conjunto de otras prestaciones sociales indispensables, por ejemplo, en materia de educación pre escolar, salud, seguridad, tercera edad, y un largo etcétera.

Por eso es que la prometida gratuidad puede ser cualquier cosa, menos gratis.  Tiene precio, es muy alto y se paga de diversas formas.  Analicemos brevemente algunos de los “precios” de la gratuidad.

Los economistas, esos tipos insoportables para cualquier socialista que se respete, nos enseñan que existe algo que se llama el costo alternativo del dinero.  En esencia el concepto es bastante simple y cualquier jefa(e) de hogar lo conoce muy bien: si usted gasta cien pesos en pan, no puede gastar esos mismos cien pesos en mantequilla. De manera que si usted tiene únicamente esos cien pesos, tendrá que decidir si come pan solo o compra 50 pesos en pan y 50 en mantequilla.

Entonces, el primer precio de la llamada gratuidad lo pagarán aquellos que, siendo pobres, tienen una necesidad social urgente que el Estado no podrá resolver adecuadamente, porque le está pagando la universidad a gente que no lo necesita.

Agreguemos que, el solo hecho de establecer este derecho como prioridad genera una injusticia atroz: se posterga a los más débiles, a los que no tienen capacidad de hacer marchas ni tomas.  Es un hecho indiscutido que la necesidad educacional más urgente está en el nivel de los niños más pequeños.  Descubrimos, entonces, que la llamada gratuidad es un derecho que se paga con injusticia.

Pero como el dinero realmente está muy lejos de alcanzar, entonces el Estado, para poder hacer como si cumpliera la promesa socialista, se ve obligado a hacer dos cosas en el sistema: fijar los aranceles y determinar la matrícula.  Vale decir, obligatoriamente se meterá al corazón de cada proyecto universitario, estableciendo cuáles carreras se impartirán, cuánto durarán, cuántos alumnos podrán estudiarla.  En todo caso, esto es visto como un gran avance por cualquier socialista convencido, que no quiere “taxistas ilustrados”, los prefiere ignorantes.

De manera que el segundo precio es la autonomía universitaria.  Salvo para los ricos, obviamente que, en este mundo globalizado, podrán enviar a sus hijos a estudiar a algún país desarrollado o podrán pagar los aranceles de unas poquísimas universidades chilenas que se excluirán de la gratuidad.

Hay un tercer precio evidente, la producción del conocimiento está ocurriendo a una velocidad nunca antes conocida en la historia de la humanidad.  A eso se agrega que en el mundo globalizado y de internet, ese conocimiento además de producirse con una rapidez enorme, circula también de una manera prácticamente instantánea.

Nadie discute que esto está cambiando la manera en que se enseña y cambiará más en el futuro.  Las universidades de estructura napoleónica, al estilo del siglo XIX y que básicamente es lo que todavía conocemos, dejarán de existir en pocas décadas.  La flexibilidad, los estudios a distancia, la portabilidad de las materias aprobadas, el inglés como el idioma universal del conocimiento, etc. Ese es el mundo que viene.  Ese es el mundo del que nuestras universidades se van a quedar abajo, con un sistema de financiamiento anacrónico, que les pondrá una camisa de fuerza.

Por eso es que este objetivo político, llamado gratuidad, será, sin duda alguna, una de las iniciativas que costarán más caras a nuestro sistema universitario.  Lo peor es que la Nueva Mayoría tiene votos en el Congreso para sacar adelante esta iniciativa, con todos los agregados que la creatividad de sus Diputados y Senadores puedan aportarle.

Es de esperar que los parlamentarios de oposición se comporten como tales y lo enfrenten con convicción política, lo rechacen en el fondo, señalando sin eufemismos que se trata de una iniciativa injusta, inviable y anacrónica.

Milton Friedman habría dicho: “No hay almuerzo gratis. Ni universidad tampoco”.

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

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