Los recursos aportados por todos los chilenos deben ser destinados a aquellos compatriotas que más lo necesitan, en apoyo de sus legítimas aspiraciones y de las opciones educativas por las que opten.
Publicado el 30.09.2015
Comparte:

Hoy miércoles se espera que la Presidenta Bachelet anuncie por cadena nacional el proyecto de Ley de Presupuesto 2016. Esto constituye un importante hito político que nos permitirá apreciar si las palabras de reajuste y los anuncios de “apretarse el cinturón” tienen un correlato en los hechos.

Una partida presupuestaria que será especialmente interesante de revisar será la de educación, considerando que el Mineduc ya anunció –en su octavo o… noveno mensaje distinto y contradictorio sobre el tema- que la glosa presupuestaria tendrá una mirada “novedosa” y que se optará por un camino “intermedio” entre aportes basales y becas.  Más allá de la novedad con la que las autoridades de gobierno pretenden sorprender a los chilenos, hay pocas cosas claras respecto a la educación superior, una de ellas es que no habrá gratuidad.

La discusión sobre el sistema de educación superior y su financiamiento debe tener en consideración a lo menos cuatro ejes claves: libertad, calidad, acceso e igualdad.

Libertad para que los estudiantes chilenos puedan estudiar en el lugar que quieran, para poder escoger por sí mismos alguno de los proyectos educativos en el marco de un sistema diverso y plural, y donde estos proyectos tengan la debida autonomía para desarrollar su propio programa de acuerdo a lo que estimen conveniente para su institución.

En ese sentido constituye una especial alerta el interés estatista de querer definir el modo como se gobernará una universidad, la que por su propia esencia constituye un cuerpo vivo y autónomo, dado por la especial relación entre maestros y discípulos. Su autonomía debe ser custodiada porque es un requisito imprescindible para el cumplimiento de la misión universitaria, la que, en palabras de Ortega y Gasset, está constituida por el acrecentamiento del conocimiento a través de la investigación, su transmisión a través de la docencia y el desarrollo de la sociedad, a través de la extensión.

La discusión sobre estos temas no debe perder de vista la calidad. En ese sentido, es valioso que 14 universidades se encuentren dentro de las 100 mejores de América Latina según el ranking QS 2015. Entre ellas hay estatales, tradicionales no estatales y privadas, demostrando que la calidad se encuentra repartida en la diversidad de nuestro sistema educativo y que las personas pueden elegir entre uno y otro con libertad.

En cuanto al acceso a la educación superior, la sociedad debe preocuparse de que ningún joven con mérito académico se quede fuera de mayores oportunidades educativas por falta de recursos. De ahí la injusticia de querer financiar los estudios universitarios a los jóvenes provenientes de las familias más ricas del país. Los recursos escasos del Estado deben focalizarse en las personas que lo necesiten y no en aquellos que pueden asistir a la universidad por sus propios medios. Dado el mal momento económico que vive el país, la gratuidad es ya una ilusión. Sin embargo, sigue habiendo voces que exigen una educación gratuita para todos, pobres y ricos.

Cualquiera que conozca la realidad de los jóvenes más vulnerables del país sabrá que sus problemas no se limitan al pago de la mensualidad, sino que también a los gastos asociados a ella –especialmente para aquellos que deben dejar sus ciudades y sus familias- y que configura un alto costo de oportunidad para miles de jóvenes chilenos, en algo que sin duda influye en las cifras de deserción de estudios en los grupos más vulnerables del país.

En ese sentido, sería más sensato un plan de apoyo integral a estos jóvenes, que incluya el financiamiento de su educación pero también un aumento en su beca JUNAEB, una carga mensual en su pase escolar o incluso un aporte de libre disposición para él y su familia. Cualquier peso bien gastado en los más pobres es mil veces más justo que el gasto en personas que no lo necesitan para terminar sus estudios, esta opción por los más pobres es muestra de una sociedad justa y solidaria.

Por último, es necesario un mismo trato a personas que se encuentren en la misma situación. La propuesta del gobierno lleva al absurdo de que hijos de una misma familia, con idéntica situación económica, sean tratados de manera desigual solo por el lugar en que decidan estudiar, apoyando a uno y no a otros. En esta circunstancia, en que las personas deben ser tratadas por igual, el gobierno prefiere nuevamente un criterio arbitrario.

Los recursos aportados por todos los chilenos deben ser destinados a aquellos compatriotas que más lo necesitan, en apoyo de sus legítimas aspiraciones y de las opciones educativas por las que opten. No forman parte de una “billetera personal” de los gobernantes de turno que puedan gastar con total irresponsabilidad y lo que es peor, de forma tan injusta.

 

Julio Isamit.

 
FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO

Ingresa tu correo para recibir la columna de Julio Isamit