Cuando una de las partes, aprovechando su capacidad de infligir un grave daño a la otra, obtiene mucho más de lo razonable, claramente se está equivocando el camino y dando una muy mala señal al país.
Publicado el 28.09.2015
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Para analizar lo ocurrido en la  negociación colectiva del Banco Estado con su sindicato, que afilia casi al 100% de sus trabajadores y que arrojó como coletazos, entre otros, la remoción  de su Presidente Ejecutivo luego de solo tres meses de haber sido designado para el cargo, es importante hacer algunas precisiones.

Primero, lo que allí ocurrió se enmarca dentro de las reglas normales de un proceso de negociación colectiva. Segundo, no tiene nada de malo el que  empleador y trabajadores acuerden compartir una porción de las utilidades. Es más, ojalá en todas las empresas se compartan las utilidades en función del esfuerzo, compromiso, riesgo asumido y aporte de cada uno de los integrantes de ella, donde los trabajadores no solo se limiten a pedir más, sino que, como debe ser en toda negociación seria, hagan una oferta a la empresa que implique agregar valor y que esto se traduzca en una mejora que justifique lo que están solicitando a cambio. Por supuesto, todo esto sin afectar la capacidad de la empresa de seguir siendo competitiva, cumplir sus objetivos, crecer y ser una fuente importante de empleo.

En este escenario, los cuestionamientos surgen cuando se conoce que la razón que habrían tenido las autoridades del Banco Estado para decidir otorgar un bono de cierre de negociación por $4 millones, más un bono de extensión del plazo de negociación por $1.8 millones -por negociación a 27 meses, o sea, solo por tres meses más que el plazo mínimo- más un bono de compromiso por aniversario de $500.000, todo lo que equivaldría -según información entregada- al 91% de las utilidades que el banco obtuvo el primer semestre de este año y al 40% de la última capitalización recibida por éste en el 2014, no habría sido otra que evitar una huelga que paralizaría totalmente la empresa afectando a miles de chilenos, especialmente personas  de menores recursos a los que no les resulta fácil acceder a servicios en la banca privada. En ningún momento se ha sabido que los trabajadores se habrían comprometido con aportar mayor valor agregado a través de su trabajo. Si a este hecho agregamos que la capitalización mencionada fue en el marco de la Agenda de Gobierno para la Productividad, Innovación y Crecimiento y que los fondos autorizados serían usados por el banco para   expandir sus créditos a las PYMES y aumentar el financiamiento de créditos hipotecarios y de vivienda, resulta absolutamente inaceptable que el 40% de esos fondos ahora tenga que destinarse a pagar los bonos antes mencionados.

Cuando una de las partes, aprovechando su capacidad de infligir  un grave daño a la otra, obtiene mucho más de lo razonable, claramente se está equivocando el camino y dando una muy mala señal al país. Si esto sucede en una empresa privada, la pone en  riesgo de no poder reinvertir, crecer, ser más competitiva, afectando finalmente su capacidad de subsistir, pudiendo llevarla  incluso a la quiebra, con todas las consecuencias negativas que ello tiene. Lamentablemente, el proyecto de reforma laboral que actualmente se tramita en el Senado parece apuntar precisamente a que en las empresas ocurra lo mismo que acaba de suceder en el Banco Estado. Esto es, que ante la amenaza de no poder seguir trabajando, los empleadores terminen accediendo  a todo lo que demanda el sindicato sin importar las consecuencias.

Fortalece esta impresión el ver cómo los defensores de la huelga sin reemplazo insisten en señalar que el objetivo final es que ésta paralice ojalá totalmente a la empresa y, como dicen algunos más extrovertidos, le haga daño de verdad. Sin embargo, para lo que sí ha servido lo sucedido en el Banco Estado es para ratificar  que  lo que los empresarios chilenos y extranjeros, así como todos los críticos de la huelga sin reemplazo, han manifestado en lo referente al grave daño que una reforma como la planteada puede hacerle al país, al entregarle un poder monopólico e incontrarrestable a las cúpulas sindicales, coartando el derecho de trabajadores no sindicalizados a negociar colectivamente, es verdad. Quedando claro que sus planteamientos no son producto de una ideologización del mundo empresarial, como han pretendido acusarlo algunos parlamentarios de ultra izquierda para tratar de descalificar sus aprehensiones, sino sencillamente una legítima preocupación por el bien del país.

Ojala que las señales negativas que hemos visto en estos días hagan recapacitar a autoridades y parlamentarios de la Nueva Mayoría. Todavía están a tiempo de corregir los errores del actual proyecto. Por el bien de Chile, deben entender que en el mundo moderno lo que hay que fomentar es la cooperación entre las partes al interior de la empresa, y no la confrontación para satisfacer a determinadas ideologías o grupos minoritarios de interés, por mucha presión que puedan ejercer.

 

Huberto Berg M., Director Berg Consultores S.A.

 

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO/ AGENCIAUNO