Los avances que ha tenido nuestro sistema escolar no pueden disociarse de las características esenciales del mismo.
Publicado el 09.09.2014
Comparte:

Los resultados de la última encuesta Adimark muestran que el rechazo a la reforma educacional es mayor a su nivel de aprobación, confirmando una tendencia que se aprecia desde los últimos meses.  Lo curioso es que, conociendo los efectos que tendría el proyecto de ley en trámite que pone fin al lucro, a la selección y al financiamiento compartido, algunos se sorprendan de la pérdida de apoyo ciudadano a esa iniciativa e insistan en promover cambios estructurales que implican alto costo, cuyo impacto en calidad es dudoso y que tensionan de forma innecesaria a sostenedores, apoderados y alumnos.

Si lo que se pretende es mejorar nuestro sistema educacional, es fundamental que las políticas que para ello se diseñen reconozcan los avances que sistemáticamente Chile ha tenido en la materia, así como las razones que los han hecho posible. Nos hemos acostumbrado al hecho de que la cobertura en educación escolar no sea una preocupación y nos enfrentamos a desafíos mucho más complejos, como disminuir la segmentación socioeconómica y asegurar los aprendizajes de todos los niños y jóvenes que asisten a la educación parvularia, básica y media. Se trata de cuestiones urgentes que el país ha abordado con la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y que deben seguir trabajándose, siempre en el contexto de que se trata de problemas de segunda generación que muchos países quisieran llegar a tener. Como referencia, mientas un 90 % de la población joven (entre 25 y 34 años) ha completado en Chile la enseñanza media, en México y Brasil sólo lo hace un 45% y 55% respectivamente; asimismo, Chile tiene los mejores resultados en aprendizaje de Latinoamérica y es uno de los tres países del mundo que ha mejorado de manera más acelerada.

Los avances que ha tenido nuestro sistema escolar no pueden disociarse de las características esenciales del mismo y que hoy están en juego con las reformas en trámite. La diversidad de proyectos educativos, la autonomía para llevarlos a cabo y la libertad para escoger entre ellos son aspectos fundamentales que le permite a los padres ejercer el derecho a la educación y cumplir de la mejor forma posible con el deber de educar a sus hijos. Se trata también de una aplicación concreta de los mismos principios que sostienen una sociedad libre y, por ende, es deber del Estado resguardarlos.

Prohibir el lucro en educación es una medida que restringe la diversidad de proyectos y, por ende, limita el derecho a la educación que se quiere potenciar. Nada permite suponer que contaremos con mejores sostenedores prohibiendo el retiro de utilidades desde los establecimientos educacionales que, además, cuentan con el apoyo de un número importante de familias que han optado por ellos. Quienes señalan que no es correcto que se lucre con recursos del Estado en educación, olvidan que lo importante es que los fondos públicos cumplan el propósito al cual están destinados, objetivo que, paradójicamente, se cumple mejor entre sostenedores particulares que entre un número importante de municipios que tienen a su cargo la educación estatal.

Si lo que se quiere es hacer más inclusivo el sistema educacional, terminar con el copago puede conducir en la dirección contraria. Hoy, el financiamiento compartido permite que en un mismo establecimiento convivan familias que aportan recursos con otras que asisten gratuitamente gracias a la Subvención Escolar Preferencial o a la obligación de becar al 15% de alumnos más vulnerables. Es una política de inclusión que debe potenciarse y complementarse con un mayor aporte estatal para las familias que todavía ven en el copago una barrera para ingresar a proyectos subvencionados de su preferencia.

Por último, no se debe confundir la discriminación arbitraria con la posibilidad de que un colegio tenga un sello determinado que lo haga atractivo para determinadas familias y la necesidad de incorporar en los procesos de selección la exigencia de comprometerse con esos proyectos o, en el caso de establecimientos artísticos o de alta exigencia académica, que los alumnos tengan las características básicas que les permitan adecuarse a éste.

La participación de los particulares ha sido relevante para el desarrollo de nuestro sistema educacional y la preferencia que las familias han tenido por ese sector no puede dejar de considerarse al momento de proponer reformas. Esta semana comienza la discusión en particular del proyecto de ley en cuestión y, por ende, es la oportunidad para corregir el rumbo y perfeccionarlo en el sentido que la mayoría de los chilenos espera: incorporando mecanismos que permitan atraer a los mejores sostenedores para que abran, organicen y mantengan establecimientos educacionales; permitiendo a las familias aportar sistemática y directamente a la educación de sus hijos con sus propios recursos, supliendo el Estado ese aporte respecto de quienes no pueden hacerlo; y evitando toda clase de discriminación arbitraria en la selección de los alumnos, sin que ello signifique homogeneizar la oferta educacional, restándole fuerza a las características propias de cada proyecto educativo.

 

FOTO: RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO