En un contexto de innovación a partir de la información, Chile puede no sólo subirse a esta ola modernizadora estatal basada en evidencia (big data), sino también ser un actor relevante y pionero a nivel global en el empleo de grandes volúmenes de datos de la administración pública, para transformarlo en un activo social.
Publicado el 20.03.2018
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Con el inicio del segundo mandato del Presidente Piñera se abre la oportunidad para una gran modernización del Estado chileno, en un contexto de profundas restricciones fiscales, mejoras en la deliberación ciudadana para el diseño de políticas públicas, introducción de una reforma profunda al empleo estatal (hoy ineficiente) y mejoras a los mecanismos de evaluación, control y transparencia en la gestión gubernamental. Esta revolución tendrá un fuerte apoyo con el uso de Big Data estatal y pública, lo que aportará predicciones útiles y fiables a la nueva administración.

Así se vislumbra que ocurra en la Segegob y, en particular, con el trabajo que desempeñará Jorge Selume, recién nombrado como director de la Secretaría de Comunicaciones de Gobierno por el Presidente. Selume mapeará proactivamente la opinión pública para adelantar propuestas a las urgencias sociales que estén en marcha.

La Administración Pública debe manejar y producir una gran cantidad de información de interés y valor específico para la sociedad. Sirve a las instituciones como herramienta para una mejor toma de decisiones y para la adopción de medidas que se traduzcan en beneficios para toda la sociedad. Y también proporciona a los privados información relevante para mejorar la toma decisiones, fundadas en evidencia.

El potencial de la big data pública es enorme y el ciudadano es un agente central como productor de información. Su explotación, por parte del Estado y la sociedad misma, nos hará transitar desde una sociedad de la información (realidad circunscrita a Internet o a las TIC) hacia una sociedad del conocimiento: con información como bien público, donde la comunicación será un proceso participativo e interactivo y el conocimiento una construcción social compartida, y donde las tecnologías serán un soporte para todo ello, sin que se conviertan en un fin en sí mismo.

 

El caso Singapur

El estudio comparado muestra a Singapur como un ejemplo a seguir en modernización del Estado fundada en evidencia, a partir de la explotación de la data pública y privada, cuidando celosamente la propiedad de la información y el derecho a la privacidad de las personas.

Singapur explota su data reuniendo a diferentes stakeholders y ejecutando bien los planes, en un marco de reputación de confianza y fiabilidad. Su plan de Nación Inteligente comprometió al gobierno a poner más datos a disposición del público y a lograr que el sector privado también desempeñe un papel importante en ello.

Chan Chun Sing, miembro del Comité de Economía Futura (CFE), considera a los datos como un valioso recurso económico que permite a Singapur superar sus limitaciones intrínsecas a la tierra, el capital humano y los recursos naturales. Sus empresas de telecomunicaciones tienen más datos que ninguna otra (por ejemplo, hay 1,5 veces más celulares que habitantes). Los perfiles de usuarios —desde desplazamiento de patrones hasta sus búsquedas en línea— permiten a las empresas de telecomunicaciones suministrar una gran cantidad de datos de clientes anónimos a compañías y agencias de gobierno. Las empresas utilizan los datos para tomar grandes decisiones comerciales, como dónde establecer nuevos puntos de venta o qué tipo de productos y servicios ofrecer, y para quién. Mientras que las agencias gubernamentales aprovechan la información para mejorar las políticas y programas, como también sus servicios e infraestructura.

Las salvaguardas en las leyes de protección de datos personales, por su parte, eliminan el uso de información confidencial, protegiendo el derecho a la privacidad de las personas. La propiedad y la privacidad de los datos son consideraciones clave cuando se trata de cuestiones legales y reglamentarias relacionadas con la big data. Algunos datos son de propiedad exclusiva y están protegidos contra la copia por parte de terceros, sin el consentimiento del propietario. En Singapur, algunos datos son personales y están protegidos por leyes de privacidad como la PDPA (Ley de Protección de Datos Personales), que rige la recopilación, uso, divulgación y cuidado de la información personal. Las organizaciones pueden usar esos datos, pero sólo si se los ha anonimizado y se han eliminado los identificadores personales de los clientes.

En materia de data de navegación en internet, la empresa Zendesk, por ejemplo, sabe lo que sus clientes dicen o hacen, rastrea su navegación por los sitios web y monitora sus conversaciones de chat para ver cuán descontentos están. En Singapur tiene 800 clientes corporativos que abarcan industrias como la educación, el comercio minorista, las telecomunicaciones y el sector inmobiliario. Las empresas analizan los datos para rastrear la capacidad de respuesta, si están haciendo un buen trabajo respondiendo a sus clientes, o qué tan satisfechos están ellos con los servicios que reciben.

Los consumidores se benefician directamente en ciertos sectores, como la salud. Fullerton Healthcare detecta geo-referenciadamente —vía millones de transacciones médicas en hospitales públicos— el aumento de enfermedades crónicas (diabetes). En el sector público, los científicos de la Agencia de Tecnología del Gobierno (GovTech) utilizan datos para resolver una variedad de problemas en estrecha colaboración con tres organizaciones gubernamentales: el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, el Ministerio de Recursos Humanos y SPRING Singapur (el equivalente a CORFO en Chile).

Intervienen en áreas como salud, transporte, política social y cumplimiento de metas para impulsar la toma de decisiones basada en evidencia en el sector público. Además, las agencias gubernamentales reciben millones de correos electrónicos de ciudadanos con información sobre sus “preocupaciones”. El análisis de texto da sentido a los comentarios y proporciona información sobre asuntos clave que interesan a la población.

En este contexto de innovación a partir de la información, Chile puede no sólo subirse a esta ola modernizadora estatal basada en evidencia (big data), sino también ser un actor relevante y pionero a nivel global en el empleo de grandes volúmenes de datos de la administración pública, para transformarlo en un activo social.

Adicionalmente a los esfuerzos que realizará la Dirección de Comunicaciones de la Segegob, el Estado chileno acaba de adquirir una nueva herramienta de consulta abierta y pública para big data llamada DATACHILE (www.datachile.io). La plataforma fue lanzada en enero pasado y es financiada con recursos públicos de Corfo y de privados (como Antofagasta Minerals, entre otros). Esta herramienta fue desarrollada por César Hidalgo, director del Collective Learning Group del MIT Media Lab y profesor asociado del MIT, quien se ha enfocado en comprender cómo aprenden los equipos, las organizaciones, las ciudades y las naciones, y en desarrollar herramientas de software para facilitar dicho aprendizaje.

DATACHILE posee una modalidad única a nivel global en este tipo de herramientas, cual es la participación ciudadana en políticas públicas, planes y acciones estatales, con lo cual el Estado podría tener feedback online sobre lo que pretende implementar o lo que gestione durante su administración, y así fiscalizar la ejecución de los diversos programas gubernamentales.

 

Janio Thomas, empresario, ex académico UDP