Si la izquierda chilena, agrupada en la Concertación, pudo gobernar con alguna sensatez durante 20 años (1990-2010), fue precisamente porque la condición electoral le fue adversa, viéndose obligada a transigir sus más fervientes deseos. Pero lo hizo a contrapelo, intentando una y mil veces eliminar las vallas constitucionales que la forzaban a buscar acuerdos con el adversario. Chile progresó, es cierto, pero no por voluntad de quienes gobernaban, sino a pesar de ellos.
Publicado el 11.03.2017
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Economistas, sociólogos y políticos de izquierda suponen que emprender, producir y generar riqueza son instintos naturales que el ser humano continuará desarrollando contra viento y marea, sin importar las condiciones y trabas que imponga el burócrata de turno. También suponen que la democracia faculta a las mayorías para decidir sobre cualquier asunto, bastando para ello la ventaja obtenida en la más reciente elección. Se dedicaron, entonces, a diseñar modelos hegemónicos de sociedad donde el protagonista no es el individuo libre y creador, sino el gobernante del momento.

Frente al descalabro social, político y económico de su “modelo”, los mandamases socialistas optaron por matizar sus propuestas, incluso posponerlas, hasta que la coyuntura electoral les fuera favorable. Así ocurrió en nuestro país. Si la izquierda chilena, agrupada en la Concertación, pudo gobernar con alguna sensatez durante 20 años (1990-2010), fue precisamente porque esa condición -la electoral- le fue adversa, viéndose obligada a transigir sus más fervientes deseos. Pero lo hizo a contrapelo, intentando una y mil veces eliminar las vallas constitucionales que la forzaban a buscar acuerdos con el adversario. Chile progresó, es cierto, pero no por voluntad de quienes gobernaban, sino a pesar de ellos.

Finalmente, en las elecciones parlamentarias de 2013, con la incorporación del Partido Comunista, la izquierda obtuvo los quórum necesarios para aprobar las reformas más emblemáticas de su “modelo”. Emergía triunfante la verdadera identidad socialista, la de siempre, por algunos años camuflada, pero nunca resignada. Como advierte el ex ministro de Frei Montalva, William Thayer, la Presidenta Bachelet no se contenta con liderar un gobierno socialista: procura hacer de Chile un “Estado Socialista”. Le ha ido bastante mal, pero su fracaso -uno más en el deplorable prontuario socialista- no logra atenuar las ínfulas continuistas de quienes aspiran a sucederla. Guillier, Lagos y demás precandidatos de izquierda, dentro y fuera de la coalición gobernante, anuncian una revisión de las reformas estructurales, no para repensar el “modelo”, sino para profundizarlo.

En una sociedad libre las relaciones humanas son esencialmente voluntarias. Las personas se relacionan entre sí a través de la negociación, la persuasión y el acuerdo, descartando la fuerza o los apremios ilegítimos impuestos por ley. Disentir no es un problema: lo importante es despejar la vía para pensar, crear, producir y comerciar libremente. Es la diferencia fundamental entre autonomía y dependencia, entre capitalismo y socialismo, entre libertad individual y “modelos” tolerantes con un Estado invasivo y opresor. El verdadero emprendedor no necesita al burócrata. Más aún, lo considera un estorbo, un obstáculo al ejercicio del derecho que le asiste para progresar y ser feliz, reconociendo iguales derechos a los demás. Y cuando el ambiente no le es grato, paraliza su faena o la reinicia en otra parte.

¿Por qué hay economistas y políticos autodenominados “liberales” que consienten, e incluso fomentan la expansión del Estado, arrebatando poder a las personas? Sobran excusas, pero todas ellas convergen en el majadero, irreflexivo y presuntuoso “vox populi, vox Dei”, muletilla recurrente de tiranos, demagogos y populistas.

El descrédito de los políticos aguijonea la abulia y desconfianza en la actividad política, con secuelas que dañan gravemente los cimientos de una sociedad libre. Una porción significativa del deterioro responde a conductas reprochables de personas que ostentan cargos públicos, y a prácticas nocivas de algunas empresas e instituciones públicas y privadas que deben ser corregidas y sancionadas. Pero el menoscabo de la actividad política tiene como causa principalísima el gobernante que guía sus actos bajo la presión de votos presentes o futuros, manifestaciones callejeras, estudios de opinión o tendencias, referentes tan escurridizos y volátiles como él mismo. Tal gobernante puede anexar algunos dígitos de popularidad momentánea, pero al sacar cuentas -“crueles cuentas”, parafraseando al ex Presidente Aylwin-, los presuntos beneficiados advertirán con desolación que han sido engañados, precisamente, por quienes pregonaban ser sus más fervientes custodios. Este es el examen que deberá rendir en noviembre próximo el abanderado de la izquierda.

El péndulo puede oscilar entonces hacia cotas de mayor cordura, trance que los pueblos necesitan recorrer cada cierto tiempo para vigorizarse. Y en este constante rebobinar cobra vigencia un principio rector en todo país civilizado, cualquiera sea la tendencia política de quienes lo gobiernen: nadie está moralmente facultado para complacer a mayorías o minorías inmolando los derechos fundamentales y al individuo.

 

Alfonso Ríos Larraín

 

 

FOTO: VICTOR PEREZ/AGENCIAUNO