Se optó por aumentar el número de parlamentarios sin saber cómo financiarlos ni preguntarse si eran necesarios. Y a la hora de asignarlos a cada distrito, se tuvo más en consideración la calculadora electoral que la representación de los chilenos. Así las cosas, será muy difícil recuperar la confianza de los ciudadanos.
Publicado el 29.06.2016
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La Biblioteca del Congreso Nacional acaba de informar que el aumento en el número de diputados (de 120 a 155) y de senadores (de 38 a 50) significará un gasto extra de a lo menos 15 mil millones de pesos al año, solo en remuneraciones y asignaciones directas. Todo esto sin considerar las nuevas instalaciones y las compras necesarias para recibir como corresponde a los 47 nuevos parlamentarios.
El incremento en el número de diputados y senadores y el aumento en el gasto público que esto significa no solamente es innecesario, sino que es una muestra del atolondramiento legislativo y de la desconexión con el Chile real que han llegado a ser rasgos definitorios del gobierno de Bachelet.
Fue tal la precipitación con la que la actual administración impuso su reforma electoral que no se detuvo a escuchar razones y prefirió esconder en mentiras el obvio gasto adicional de su reforma.
La primera es que era imposible que el informe financiero del proyecto de ley tuviera razón cuando afirmaba que ésta “no irrogaba un mayor gasto fiscal en lo que respecta a la composición del parlamento” o las palabras del propio ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando señalaba que la reforma no significaba un mayor gasto y que se debían redistribuir recursos internos del Congreso Nacional.
Una segunda razón, es lo innecesario del aumento de diputados y senadores y el gasto extra que inexorablemente lleva aparejado. Cada nuevo diputado costará al año 296 millones de pesos y se deberán destinar 375 millones anuales para mantener a cada nuevo senador. Tal cantidad de gasto es -en el contexto actual del país- una verdadera frivolidad, que desprestigiará aún más las instituciones políticas.
Esa frivolidad radica en que pese al progreso social y económico extraordinario que ha tenido nuestro país en los últimos 40 años, siguen existiendo 34 mil familias que viven en campamentos (la gran mayoría sin agua potable ni alcantarillado y la mitad sin acceso formal a electricidad). Al mismo tiempo, un 7,8% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y de esos, un 2,5% se encuentran en la indigencia.
En suma, hay chilenos que se han quedado fuera del progreso y nada hace prever que el aumento en el número de parlamentarios contribuya a mejorar su calidad de vida o a dotarlos de más oportunidades.

Por último, se desaprovechó una gran oportunidad para alcanzar un sistema electoral justo y no a la medida del gobernante de turno o de mayorías ciertamente circunstanciales.
Podrían haberse discutido los criterios que inspiran los sistemas electorales. Definir si la Cámara de Diputados tendrá un criterio proporcional a la población y si el Senado será representativo de las regiones o también de la población, en cuyo caso pierden fuerza los argumentos a favor de nuestro modelo bicameral, el que solo se podría justificar por el período senatorial y su renovación por parcialidades como contrapeso a las mayorías del momento y a los vaivenes políticos.
Por desgracia, el sistema electoral hoy solo es proporcional a los intereses del actual Gobierno. Es difícil encontrar un criterio razonable cuando la XI región del país, con poco más de cien mil habitantes, cuenta con tres diputados y la IV Región, con siete veces su población, cuenta solo con 7 diputados. Del mismo modo, Magallanes cuenta con tres diputados, al igual que la Primera Región, pero tiene la mitad de la población. El tema de fondo es que, si el criterio será la proporcionalidad para la Cámara de Diputados, debe aplicarse la misma regla para todas las regiones.
En el caso del Senado, la reforma también optó por un sistema proporcional a la población (aunque moderado). Así las cosas, hay regiones que llegan a tener hasta cinco senadores mientras otras solo tienen dos. Sin ir más lejos, Santiago, con siete veces la población del Maule, cuenta con el mismo número de senadores. Perfectamente se podría haber aplicado un criterio territorial, que asigne a todas las regiones exactamente el mismo número de senadores.
Una de las democracias más antiguas del mundo, la de Estados Unidos, asigna a cada estado un número variable de representantes en base a su población y un número fijo de dos senadores siguiendo un criterio territorial. Así las cosas, un estado pequeño como Vermont con poco más de 600.000 habitantes cuenta con un solo “diputado” y con dos senadores. Con lo que se obtiene un sistema representativo de la población en la Cámara de Representantes y uno representativo de los estados en el Senado, en un importante ejemplo de “pesos y contrapesos” al interior del propio Poder Legislativo.
Esta habría sido una interesante discusión para nuestro país, pero que, por desgracia, no tuvo lugar. Simplemente se optó a priori por aumentar el número de parlamentarios, sin saber cómo financiarlos ni preguntarse si es que eran necesarios, y a la hora de asignarlos a cada distrito se tuvo más en consideración la calculadora electoral que la representación de los chilenos. Así las cosas, será muy difícil recuperar la confianza de los ciudadanos.
La reforma parlamentaria se suma a otras negativas para el país: la tributaria y la educacional, por mencionar un par. Habrá que redoblar los esfuerzos para devolver a Chile a la senda de la responsabilidad fiscal, el desarrollo económico y el progreso social.

Julio Isamit

Coordinador General Republicanos

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