Con esta ley se moderniza el Estado, ya que los funcionarios serán elegidos por su mérito y no exclusivamente por su militancia política, mejorando la gestión.
Publicado el 12.10.2016
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La Presidenta de la República promulgó la ley que perfecciona el sistema de Alta Dirección Pública. Este sistema, creado el año 2003, ha dado un filtro de mérito a la designación de los cargos de Jefes Superiores de Servicios Públicos y segundo nivel jerárquico de dichos servicios, que se designaban a dedo por los gobiernos de turno. Así, se ha contribuido a la profesionalización de la gestión pública, ya que las personas que acceden a dichos cargos deben ser profesionales calificados, y su designación no debe ceñirse a componentes meramente políticos.

Sin embargo, el año 2010 el diseño original evidenció una serie de falencias, en especial aquellas relacionadas con la mantención de funcionarios que fueron designados en los gobiernos precedentes, a quienes se les pidió la renuncia. Esta situación se exacerbó aún más el año 2014, con el retorno de la izquierda al poder. Lamentablemente, esto ha privado de continuidad a muchas políticas públicas que requieren de eficiencia y eficacia más que semejanza política. Ejemplo de lo anterior ha sido el Servicio Nacional de Aduanas, el cual en 15 años ha tenido nueve rotaciones, lo que en promedio significa que los jefes de servicio han durado 1 año y tres meses. ¿Qué política pública puede hacer una persona en tan poco tiempo a cargo de un servicio?

A la luz de los antecedentes, el sistema de ADP, en sus 13 años de vigencia, ha cumplido el objetivo de seleccionar profesionales que tengan los méritos para ejercer los más altos cargos públicos, pero se ha fallado en el tiempo que dichas personas se mantienen en el cargo. Dicha situación genera una serie de costos muy altos, tanto al interior del servicio como para los usuarios.

Esta ley viene en solucionar parte importante de las falencias del sistema, en línea con lo ya propuesto en iniciativas legislativas que nunca vieron la luz y las recomendaciones hechas por la Comisión Engel. Se destacan las nuevas atribuciones del Servicio Civil, que avanzan en la profesionalización de la gestión de personas en el Estado; el reforzamiento del rol del Consejo de Alta Dirección Pública como garante del sistema; las mejoras al mecanismo de gestión de candidatos; y la incorporación de nuevos cargos al sistema.

Pero, por sobre todo, se destaca la supresión de los Provisionales y Transitorios, que actualmente son utilizados por los gobiernos para burlar el sistema. Se obligará, ante la petición de renuncia del jefe de servicio, a que asuma su subrogante legal. Hoy existen pocos incentivos a postular cuando alguien está ocupando el cargo en dicha calidad, esto porque solo un 30 % de quienes lo ocupan en dicha condición no son ratificados, ya sea porque no concursan o bien porque no logran pasar el filtro de mérito establecido por el sistema. Con razón, existe la percepción de que el sistema lo que hace es ratificar nombramientos de la autoridad gobernante. Ahora se avanza en el fomento del mérito como principal factor al momento de decidir quién ganará el concurso. Se encarece la posibilidad de pedir desvinculaciones, lo que, indefectiblemente, lleva a todos los candidatos a concursar en igualdad de condiciones a cada cargo.

La otra innovación relevante es la posibilidad que se le otorga al Presidente de la República para nombrar en forma directa y por el plazo de su respectivo período presidencial, hasta un máximo de 12 jefes superiores de servicio. Se trata de una solución sumamente pragmática, pero que busca sincerar lo que hoy sucede. Chile ha optado por un sistema mixto, en el cual para el nombramiento se entremezclan tanto consideraciones técnicas como políticas. Aun así, es esperable que para el futuro este beneficio se pueda limitar.

En definitiva, con esta ley se moderniza el Estado, ya que los funcionarios serán elegidos por su mérito y no exclusivamente por su militancia política, mejorando la gestión. Sólo se echa de menos que el proceso modernizador se hubiese hecho extensivo a las municipalidades, las cuales son foco importante de designaciones meramente políticas, perjudicando la gestión de una institución que debe manejar una gran cantidad de recursos públicos.

 

Diego Vicuña, asesor legislativo Fundación Jaime Guzmán.

 

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESOCBAR/AGENCIAUNO.