Detrás de los niños institucionalizados en el Sename se esconde una situación aún más dramática y compleja que su propia vulnerabilidad, y en la que es necesario adentrarse si realmente deseamos abordar este problema con seriedad: la precariedad en la que viven importantes sectores de la población.
Publicado el 08.11.2016
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La crisis del Sename excede completamente al Sename mismo. Decir esto no significa negar la indudable responsabilidad de esta repartición, pero quedarnos en apuntar con el dedo al sistema estatal sin preguntarnos por el fondo del asunto probablemente nos dejará en el mismo lugar donde empezamos. En efecto, detrás de los niños institucionalizados en el Sename se esconde una situación aún más dramática y compleja que su propia vulnerabilidad. Dicha situación, en la que es necesario adentrarse si realmente deseamos abordar este problema con seriedad, guarda relación con la precariedad en la que viven importantes sectores de la población.

Se trata de una realidad anterior a la llegada de esos niños a las dependencias del Estado y sus organizaciones colaboradoras, consistente en las desoladoras condiciones de privación en que se encuentran las miles de familias que deben ser separadas de sus hijos. Si se observa el perfil de los niños bajo protección del Sename y sus familias, se encuentra un círculo de marginalidad que se reproduce constantemente, sin perspectivas de un mejor porvenir.

Acá no existe ninguna exageración. La mayor parte de esas familias se encuentra en situación de pobreza. Aunque este factor, en teoría, no constituye por sí mismo un motivo para separar a los niños de su familia de origen e ingresarlos a una residencia del Sename, sí opera como fuente de otros problemas que influyen directamente en su institucionalización. Los dispersos e incompletos datos disponibles —lo que, por cierto, es una prueba más de nuestra indiferencia respecto a este tema— muestran contextos familiares en los que se concentran múltiples desventajas: alto consumo de drogas, alcoholismo, escaso nivel educacional, desempleo, abandono, resquebrajamiento familiar, ausencia paterna, falta de redes de protección, violencia física y emocional, abuso sexual, antecedentes delictuales y experiencia carcelaria.

Estos problemas se reproducen en los niños a quienes la sociedad no ha podido sacar del círculo de marginalidad, y de hecho lo perpetúa a través de un sistema que, en lugar de protegerlos y cuidarlos, ha vulnerado grave y sistemáticamente sus derechos. En este sentido, no constituye ninguna sorpresa que, por ejemplo, un 47% de la población penal haya registrado ingreso al sistema de protección del Sename, según la Fundación San Carlos de Maipo; o que un 25% de las personas en situación de indigencia haya vivido en un centro residencial en su infancia. Este tipo de conductas anómicas —es decir, que suponen una desviación o ruptura de las normas sociales por la incapacidad de la estructura social de proveer a esos sujetos de los medios necesarios para seguirlas— se explican en gran parte por los contextos de vulnerabilidad en los que se encuentran estas personas, que se reproducen y perpetúan intergeneracionalmente.

En consecuencia, no se trata de un problema aislado que afecte exclusivamente a los niños bajo protección del Sename y a sus familias, lo que de por sí exige una reparación de justicia. Su condición de exclusión tiene, además, efectos negativos para la sociedad entera, por las situaciones de desintegración que de ahí se derivan (aumento de la delincuencia, niveles de drogadicción, costos económicos de las políticas asistenciales, etc.), que afectan en mayor o menor medida al bienestar de los demás ciudadanos.

A pesar de esto, la infancia no ha sido prioridad en Chile, y de hecho puede decirse que ha sido invisibilizada socialmente. Un examen de nuestra discusión y acción política revela que ella suele estar centrada en asuntos relevantes principalmente para las élites y círculos minoritarios afines a ellas. Mientras que en Chile amplios grupos de la población, y en particular miles de niños, no cuentan con acceso a niveles básicos de cuidado, vínculos personales, salud, residencia, educación y justicia, el debate aparece enfocado en la maximización de aspiraciones de ciertos grupos con mayor capacidad de presión; aspiraciones que, siendo legítimas, terminan postergando las demandas de quienes más ayuda y apoyo requieren.

 

Catalina Siles, Investigadora Instituto de Estudios de la Sociedad

 

 

Foto: MARCELO SEGURA/AGENCIAUNO