Si dos partidos como la DC y el PC sostienen posiciones tan distantes en asuntos que son los fundamentos del sistema político, como la democracia y los derechos humanos, ¿se puede esperar que conduzcan conjuntamente los destinos del país como Gobierno y que lo hagan de una forma eficiente, razonable y productiva, en beneficio del bien común?
Publicado el 24.02.2017
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“Chile aprecia que los derechos de las personas, en cuanto atributo inalienable de todo ser humano, sean observados en toda circunstancia, tiempo y lugar. De allí nuestra adhesión a los instrumentos y mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, los cuales deben ser complementarios a los sistemas nacionales y ejercerse cuando los recursos locales no existan o, existiendo, no sean eficaces.” (Tomado de “Principios de la Política Exterior Chilena, Ministerio de Relaciones Exteriores”).

 

La más reciente prueba del carácter dictatorial de la dinastía comunista de Cuba, que prohibió el ingreso de la ex ministra Mariana Aylwin y otras personalidades a la isla, no sólo produjo un incidente diplomático (cuyos efectos se disiparán, probablemente, dentro de muy poco tiempo), sino que dejó de manifiesto diferencias insalvables en la coalición chilena de Gobierno. Simultáneamente, puso en entredicho las bases sobre las cuales se pretende construir la proyección de la Nueva Mayoría.

Si dos partidos sostienen posiciones tan distantes en asuntos que son los fundamentos del sistema político, como la democracia y los derechos humanos, ¿se puede esperar que conduzcan conjuntamente los destinos del país como Gobierno y que lo hagan de una forma eficiente, razonable y productiva, en beneficio del bien común? Si nos atenemos a lo que representa cada uno de ellos, en términos ideológicos, de sus principios y de su trayectoria, la respuesta sería definitivamente que no, como ocurre en el resto del mundo, donde sus respectivos equivalentes ideológicos son excluyentes entre sí y conforman coaliciones opuestas, a diferencia de lo que sucede en Chile.

A juzgar por las declaraciones del senador Jorge Pizarro, el hecho de que ambos partidos difieran tan radicalmente en definiciones conceptuales de lo que cada uno entiende por democracia, dictadura y derechos humanos, pareciera no tener importancia. Después de sostener que “en Cuba no hay libertad de expresión, ni respeto al derecho de las personas, se reprime a quienes piensan distinto y no hay democracia”, el destacado dirigente DC constata que “los comunistas chilenos no creen ni valoran la democracia ni el respeto al derecho de las personas”.

Pero ante la pregunta de cómo se convive con un partido como el PC en la misma coalición, Pizarro sostiene: “Si hay acuerdo en las cosas que en Chile son importante para los chilenos, es posible (la convivencia con el PC). En otras cosas tenemos diferencias profundas, una de ellas es ésta”. De las palabras del senador se colige que para los chilenos ni la democracia ni los derechos humanos son importantes, lo que nos hace preguntarnos en qué se basa para afirmar aquello. Y ciertamente, sería bueno saber cuáles son los asuntos realmente importantes, ya que esos principios fundamentales no lo son. Cierto es que hay opiniones divergentes al interior de la Democracia Cristiana respecto de este asunto medular.

El debate en torno a la dictadura cubana y sus actos de represión e intolerancia abre una inmejorable oportunidad para el análisis y la reflexión sobre los valores y los principios en la política, en general, y la política exterior en particular. Partamos por los principios en las propuestas ideológicas y programáticas de los actores en disputa.

Si contrastamos las declaraciones del senador Pizarro con las de otros camaradas de su partido, constatamos una divergencia notoria: el primer vicepresidente de la DC, diputado Matías Walker, sostuvo que “formar una coalición requiere un alto grado de lealtad y de coincidencias sobre los principios democráticos y libertarios básicos del Estado de Derecho y del Derecho Internacional”. El secretario general, Gonzalo Duarte, habló de “una diferencia insalvable” con el PC. Al existir opiniones tan encontradas, lo mejor es remitirse a las fuentes primigenias de la ideología democratacristiana. Por ejemplo, su Declaración de Principios, que data de 1957, cuyo texto condena explícitamente al totalitarismo comunista, señala como primer punto que “el Partido Demócrata Cristiano tiene por misión realizar una verdadera democracia”, es decir, la noción de democracia está en el fundamento inicial del partido. Luego, en su segundo punto, señala: “El Partido Demócrata Cristiano proclama como fundamentales los derechos de la persona humana”, para después elaborar sobre estos derechos, anteriores al Estado. En su tercer acápite, la declaración de principios señala que la DC “sostiene las normas de la democracia basadas en la justicia y aplicadas por legítima autoridad, por cuanto permiten una forma de gobierno que respete los derechos humanos, la convivencia positiva entre hombres de ideas discrepantes”, etc.

Es decir, la noción de democracia y el concepto de derechos humanos están entre los principios básicos sobre los cuales se fundó la DC. Las divergencias que existan con sus aliados comunistas respecto de esos asuntos, entonces, no son de importancia menor ni de una prioridad marginal, como sugieren las declaraciones de Pizarro. Esto quedó explícitamente definido en documentos posteriores, como el titulado “Identidad Doctrinaria y Política del PDC”, publicado en 1993, en el cual se estipula que “la noción de derechos humanos, consustancial a los procesos democráticos, sirve para definir a los amigos y adversarios en el quehacer político”. Más adelante agrega “el PDC busca sus aliados entre quienes, teniendo coincidencias programáticas, mejor garanticen el respeto esencial por el derecho de las personas”.

Dejemos ese asunto para el debate interno en la DC, para abocarnos a los efectos del agravio a Mariana Aylwin en nuestras relaciones con Cuba.

Nuevamente, nos encontramos con un asunto de principios. Nadie duda que la promoción de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos a nivel global son principios fundamentales de la acción exterior de Chile. Así se contempla en los textos oficiales y así se declara reiteradamente. No podría ser de otra manera, si convenimos en que valoramos dichos principios como parte fundamental de la acción política, tanto interna como externa. Pero siempre llega el momento en que se debe contrastar lo meramente declarativo con la práctica cotidiana. Y la realidad nos indica que no hemos tenido una política clara, constante y determinada para ejercer acciones concretas en favor de la democracia y los derechos humanos en nuestras relaciones internacionales.

Las relaciones con Venezuela y Cuba son ejemplos de ello. En este incidente con Cuba, el llamado a informar del embajador de Chile en la isla es un gesto simbólico, pero de escasa relevancia, por cuanto la experiencia indica que no pasará mucho tiempo antes de que se resuelva su regreso a La Habana, sin que medie cambio alguno en la actitud de la dictadura caribeña en relación con los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en ese país.

El sesgo político de la Cancillería, que desmiente lo de la “Política de Estado” en materia internacional, se confirmó hace apenas una semana cuando confirmó en su cargo a otro representante chileno designado por cuoteo político, el militante comunista que ejerce actualmente como embajador de Chile en Vietnam. La decisión se adoptó pese a que el enviado participó como militante en el encuentro internacional de partidos comunistas y obreros que tuvo lugar en Hanoi en octubre pasado, oportunidad en la cual nuestro representante pronunció un encendido discurso que, entre otras cosas, llamaba a “la lucha de clases y el combate contra el capitalismo neoliberal liderado por Estados Unidos”. Su actuación, contraria a instrucciones expresas y permanentes de nuestra “Política Exterior de Estado”, fue avalada al confirmarlo en su cargo. La razón: la influencia del PC en el Gobierno y en la política exterior.

El escaso compromiso del actual Gobierno con la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, se demuestra en múltiples ejemplos. Basta recordar que sigue sin resolverse la situación del ciudadano chileno Braulio Jatar, detenido arbitrariamente por reportear manifestaciones opositoras al régimen chavista en Venezuela. Tampoco se ha plasmado acción concreta alguna de la diplomacia chilena respecto del atropello sistemático de los derechos fundamentales en ese país por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. La importancia de los valores y principios en materia de política exterior está siendo, lamentablemente, sometida a un deterioro progresivo.

 

Jorge Canelas, cientista político, director de CEPERI

 

 

FOTO: DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO.