En el proyecto de desmunicipalización se habla de autonomía y descentralización, pero la realidad es que apunta a volver a la administración centralizada que tan poco éxito tuvo en Chile.
Publicado el 15.08.2016
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El hecho que la educación estatal es cada vez menos atractiva para las familias es innegable, cuestión que se ve confirmada por la baja sostenida de la matrícula en las escuelas municipales que ha pasado de un 50% en 2005 a un 36,4% en 2015. En cuanto esta preferencia de los padres por el sistema particular subvencionado es el reflejo de la libertad de elección que se les reconoce y que debiese siempre promoverse, no hay razones para diseñar políticas que busquen revertirla a la fuerza. Pero sí preocupa que existiendo establecimientos educacionales del Estado, éstos no sean una opción válida para las familias y, por ende, se hace necesario tomar medidas.

En ese contexto es que hoy se discute en el Senado el proyecto de ley sobre nueva educación pública, cuyo principal propósito es traspasar la gestión de los colegios estatales desde los municipios a nuevos servicios que se crean con ese fin, con la esperanza que dicho cambio mejorará la calidad de la educación que en esos establecimientos se imparte. Uno de los aspectos más interesantes del debate en torno a esta iniciativa dice relación con el carácter centralizador o descentralizador de la propuesta que, en la esencia, consiste en crear 68 Servicios Locales de Educación que, al alero de una Dirección de Educación Pública de carácter nacional, asumirán la labor que hoy realizan los 345 municipios.

No obstante que la gestión de algunos municipios permite poner un manto de duda respecto de la conveniencia que sean ellos los responsables de la educación pública, existe un amplio consenso sobre lo positivo de descentralizar la educación. Los principales argumentos dicen relación con el hecho que las instituciones locales perciben de mejor manera las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, implementan un uso más efectivo de los recursos y se proponen metas y objetivos adecuados a sus necesidades, todo lo que permite potenciar la rendición de cuentas hacia la comunidad. Tal es el consenso sobre este punto que, haciéndose eco de las bondades de la autonomía a nivel local, el propio proyecto de ley pone especial énfasis en el carácter descentralizado de los nuevos servicios que se crean.

El problema es que la descentralización y la autonomía tienen en el proyecto de ley un carácter meramente nominal. El verdadero control de los establecimientos lo tendrá la Dirección de Educación Pública, un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc) cuyo jefe será nombrado por el Presidente de la República. Entre otras funciones, le corresponderá coordinar a los Servicios Locales; velar porque éstos provean una educación de calidad en todo el territorio nacional considerando las políticas, planes y programas elaborados por el Mineduc, y proponer la estrategia nacional de educación pública. En esa línea, deberá nombrar y remover a los encargados de dirigir los servicios locales, así como fijarles metas mediante convenios de desempeño que difícilmente considerarán la realidad específica de cada localidad.

Todo esto me lleva a recordar un chiste que contaba mi abuela. Es el del niño que con candidez pregunta a su madre si acaso las peras tienen ojos y que obviamente obtiene un no por respuesta. Luego pregunta si tienen patas, a lo que recibe otra negativa; termina el interrogatorio preguntando si las peras saltan y obtiene un definitivo no por respuesta. “Mamá, entonces me comí un sapo”, dice el niño. Con el proyecto de desmunicipalización ocurre exactamente lo mismo: se habla de autonomía y descentralización, pero la realidad es que apunta a volver a la administración centralizada que tan poco éxito tuvo en Chile. Es de esperar que los senadores no se coman este sapo.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO