Es importante que se tome conciencia del cambio de paradigma. Hay acciones que no pueden seguir haciéndose impunemente, y no cabe alegar que son o eran de común ocurrencia.
Publicado el 02.10.2014
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Ayer se presentó el 5° índice de transparencia empresarial en un ambiente abrumado por acusaciones, investigaciones y procesos sobre malas prácticas en el mundo privado que tocan también la esfera pública. En un país que se enorgullece de sus estándares de probidad, estos escándalos provocan desánimo e incluso indignación, nublando la visión objetiva de los hechos. El índice en referencia traía buenas noticias: en general, las empresas que se cotizan en bolsa y las empresas públicas han mejorado la transparencia con la que proporcionan información a sus accionistas, clientes, consumidores y al público en general. Pero el debate giró en torno a los casos de malas prácticas que copan la agenda.

El índice en referencia muestra que la cultura de la transparencia se ha ido abriendo paso en el mundo empresarial en concomitancia con la manifestación de una ciudadanía más exigente y más consciente de sus derechos frente a productos y servicios. Por otra parte, a nivel internacional crecen las exigencias respecto a estándares de mayor transparencia, probidad y sustentabilidad. La responsabilidad social ha pasado a formar parte del rubro de cada empresa. Hay un cambio cultural y legal en curso que lleva a las empresas a mejorar sus gobiernos corporativos y a poner en práctica políticas y procedimientos destinados a prevenir la corrupción. Lo importante es que haya una preocupación y evaluación permanente de estos planes y una capacitación constante del personal. Nada puede reemplazar la auto regulación.

Las compañías chilenas están dando pasos importantes hacia una mejor transparencia, pese a las malas prácticas que han salido a la luz en algunos sectores. Tenemos que sacar lecciones también de estas situaciones críticas. El objetivo es que más y más empresas pongan a disposición de los ciudadanos la información requerida, implementen programas de sustentabilidad y probidad e incorporen en su cultura estos valores. Así podrán, además, hacer frente a los desafíos de la globalización. Porque es un hecho que luego del atentado a las Torres Gemelas el 2001, han aumentado las leyes anticorrupción y la voluntad de llevarlas a la práctica. En Chile se dictó la ley sobre responsabilidad penal de las empresas para que el país pudiera ingresar a la Ocde y en EE.UU. hay una tendencia creciente a aplicar extraterritorialmente su legislación en esta materia, como lo demuestra el caso de la empresa francesa Total, donde un soborno pagado a una autoridad del gobierno de Irán fue investigado y sancionado en los EE.UU. porque pasó por ese país un correo electrónico comprometedor o alguna transferencia de fondos se hizo mediante la intervención de un banco norteamericano.

En este  contexto -y aprendiendo de lo ocurrido en otros países- es muy importante adelantarse a las crisis, prevenir los conflictos y actuar en consecuencia antes de que los escándalos corroan o debiliten las instituciones públicas o privadas. Puede ser que prácticas normalmente  aceptadas o toleradas, de la noche a la mañana sean objeto de reproche moral, político e incluso judicial. Así ocurrió en Italia con los hechos que dieron origen a la operación “Manos Limpias” llevada a cabo por la magistratura con apoyo de la prensa y que provocó el derrumbe de los partidos políticos de la época. Entre nosotros se advierten síntomas de un cambio importante de paradigma en materia de probidad: así ocurrió con el sistema de acreditación de las universidades, con el abuso de algunas formas de elusión tributaria, y ahora pareciera que sucede otro tanto con la forma de financiamiento de las campañas electorales y de la política en general.

Es importante que los diversos actores políticos y económicos tomen conciencia de este cambio de paradigma y ajusten su actuar a las nuevas exigencias. Hay acciones que no pueden seguir haciéndose impunemente, y no cabe alegar que son o eran de común ocurrencia. La nueva ley de lobby que pronto entrará en vigencia, da cuenta de estos cambios: la información sobre las materias tratadas en reuniones con autoridades estará a disposición de la gente, así como la justificación, destino y financiamiento de los viajes de las autoridades y los regalos que legalmente puedan recibir.

Frente a las malas prácticas, sólo cabe rechazarlas categóricamente, valorar que las instituciones de control han actuado con justicia pese al cambio de gobierno, y que a los afectados se les ha garantizado todos los derechos para reivindicar su actuar en las instancias judiciales. No ha habido entre nosotros una captura del Estado por parte de los poderes afectados. Ningún país está libre de los escándalos. Lo decisivo es la forma en la que se previenen o se reacciona ante ellos.

Tan importante como la denuncia de la corrupción, es la certeza de que ellas no caerán en saco roto. Pero del mismo modo, es importante no sobre reaccionar, legislar sobre caliente y magnificar los hechos. En otras ocasiones, Chile ha sabido lograr acuerdos transversales para eliminar las causas de las malas prácticas. Se actuó con seriedad. Ahora se debe hacer otro tanto, evitando caer en una suerte de espiral de los escándalos que nada bueno trae consigo. No hay que aumentar la desconfianza en las instituciones públicas y privadas. Por el contrario, hay que tomar pie de las virtudes cívicas para superar las crisis y abrir paso a un estadio de mayor probidad en el país.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO